Por: Ruby Morales Sierra/ Nos adelantamos al mes de octubre del año 2020, para visibilizar lo que sería un acercamiento a la justicia-ficción perfecta, luego de más de 20 años de lucha contra el egoísmo y la incivilidad, en un caso de gran importancia para un sector históricamente abandonado del municipio de Floridablanca.
Este sería el resultado de no rendirse frente a las triquiñuelas legales, el dejar pasar de los funcionarios públicos; la ceguera y pesadez de los organismos de control; de los más de tres mil folios de respuestas incompletas, incongruentes y esquivas; la inoperancia administrativa y la presunta corruptela política y de particulares.
Pese a que la Administración está enterada, desde febrero de este año, al igual que la Personería, los invasores particulares están haciendo fiestas en las áreas públicas y zonas de reserva forestal de las áreas de cesión. Siguen construyendo viviendas rígidas, retando y maltratando a los vecinos, mientras las alertas comunales son archivadas, soslayadas y presas del marasmo de obstrucciones y desidia de las autoridades competentes.
El alcalde Moreno, ni fu ni fa. Y mucho tememos, pues es vox populi, que los sancochos que habrían sido degustados en la campaña política pasada y la publicidad descarada en las zonas invadidas, estaría cumpliendo su pacto de silencio, ignorando los reclamos comunales.
Por eso acudimos a la ficción esperada. En este inmediato futuro promisorio se estarían recogiendo los frutos de las múltiples denuncias, de la rabia contenida por la comunidad ante los desplantes y ofensas de los sucesivos gobiernos que engañaron y enredaron más el conflicto; se estaría reconociendo la razón y justicia frente a las solicitudes comunitarias para ser beneficiarios del derecho y disfrute de zonas verdes públicas y áreas de cesión que suman alrededor de tres hectáreas con zona de reserva forerestal pública, del sector conocido como Villa Campestre y conformada por los barrios Villa España, Villa Tarragona I y Villa Tarragona I, Villa Mallorca y circunvecinos de Floridablanca.
El esperado fallo podría ser del siguiente tenor, y que, ojalá impartiendo justicia, lo sea:
«El juzgado administrativo de Bucaramanga… en octubre de 2020, ante requerimiento de la comunidad por la Acción Popular 0335 de 2015, contra el Municipio de Floridablanca, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y particulares invasores, luego de cumplirse cinco años en curso de la presente demanda de Acción Popular y tras analizarse, probarse y estudiarse a fondo el conflicto gestado en la desidia administrativa, de los alcaldes, secretarios de despacho pertinentes, inspectores de policía involucrados y evidenciado el daño y perjuicio probado y ejercido contra la comunidad, durante más de 20 años, y en particular en el presente 2020, durante los meses de cuarentena por el Coronavirus, Covid-19, desde marzo pasado, los habitantes del sector no contaron ni han contado, ni tan siquiera con un metro cuadrado de zonas públicas para hacer ejercicio, tomar el sol, respirar oxígeno, descansar y ejercer el distanciamiento social con garantías de espacios públicos cercanos a su residencia, en un área no mayor a un kilómetro. Las afectaciones impidieron a la comunidad cumplir a satisfacción las normas de obligatorio cumplimiento impartidas por el Gobierno Nacional referentes al disfrute y disposición de espacios públicos comunales cerca al sitio de residencia.
Es de precisar que se han violado y vulnerado derechos humanos colectivos a la recreación y el deporte, al acceso a la cultura y convivencia comunitaria y el buen compartir, se les negó el espacio público para realizar reuniones comunitarias, cuando antes del coronavirus se podían hacer, y que toda una generación por más de 20 años tuvo que viajar a los sectores vecinos para conocer el prado y zonas verdes y tener el disfrute y poder acceder a un árbol de sombra; que los padres de familia han tenido que pagar más de $70.000 pesos por la hora de alquiler de una cancha de fútbol para sus hijos en el privatizado parque de la Salud, cerca de la Clínica Ardila Lulle; que se ha causado un daño ambiental importante en la zona de reserva forestal ubicada en la carrera 23 entre calles 147, 153 y Transversal El Bosque, que las viviendas allí construidas no cumplieron con los requisitos legales y se efectuaron en predio público y zona de reserva ambiental.
Teniendo en cuenta que la comunidad ha sido burlada, maltratada, las generaciones presentes no pudieron ser criadas en el ejemplo del cumplimiento de la ley y la importancia de las instituciones, que hay razones suficientes para que ya pocos se dejen engañar por sus gobernantes locales; que teniendo en cuenta que los líderes comunales han sido menospreciados por las instituciones gubernamentales.
En virtud de que el trato fraternal, la civilidad y el respeto de los derechos adquiridos debe prevalecer para la convivencia armónica, se actúa para restablecer los derechos comunitarios por lo cual se procede y
Resuelve:
Artículo 1: Declarar probada todas las pretensiones de la demanda de Acción Popular y por lo tanto ordenar al municipio de Floridablanca y los demandados, proceder a la restitución de los predios y recuperación para uso comunitario y público de las Áreas de Cesión descritas, con el fin de emprender a la mayor brevedad posible y en un término no mayor a seis meses calendario, a la entrega de las construcciones de los equipamientos comunales a que tienen derecho los contribuyentes del sector, así como la implementación del Parque Ecológico Hormigueros, en la zona de reserva forestal, sin que se produzca daño ambiental adicional por contratos turbios, ni exceso de cemento, construcción y/o adecuación por parte de la autoridad ambiental demandada en esta Acción Popular y como parte de la compensación ambiental por la construcción de la Transversal El Bosque la cual origina en el sector contaminación por el flujo automotor y ruidos indeseados.
Artículo 2. Ordenar al Municipio de Floridablanca asignar el 40% del impuesto predial recibido cada año y en el sucesivo futuro, hasta el año 2040, obtenidos de los impuestos pagados por los residentes del sector y definidos como usuarios directos de las Áreas de Cesión Tipo A en comento, de forma obligatoria; dichos montos serán destinados al mantenimiento, mejoramiento, expansión y cuidado de las áreas de cesión Tipo A ubicadas en la carrera 22 entre calles 150B y según delimitación aclarada y probada en el presente fallo y a la aplicación de políticas públicas de recreación, deporte, cultura y convivencia.
Parágrafo: Se aclara que las áreas de cesión de este sector fueron entregadas para uso legítimo de los residentes de los barrios Villa Tarragona, Villa España, Villa Mallorca y circunvecinos, como parte del equipamiento comunal estipulado en sus escrituras públicas de compra de sus predios, 30 años atrás (1990), a la empresa Mundial de Construcciones.
Artículo 3: Se ordena a la empresa privada Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A., la construcción de los equipamientos comunales solicitamos en la acción popular presente, luego de acordarse previamente con la comunidad y la Administración, más veedurías ciudadanas, los espacios necesarios para el disfrute y refuerzo de salubridad tras las medidas asumidas por nuevo orden mundial para el control del Coronavirus, y también en justicia y como parte de los daños y perjuicios ocasionados por la invasión del colegio oficial, que a efecto se deben ejecutar e invertir como compensación por la invasión del área de cesión de unos 900 metros cuadrados de espacio público, en predio del colegio oficial Madre del Buen Consejo sede D, donde se encuentra el tanque Santa Bárbara construido en la cancha del pública comunitaria mediante un acuerdo interinstitucional cuestionado e irregular, al filo de la media noche del día de inocentes, un 28 de diciembre del año 2011. Se habría comprobado que el uso de la superficie del tanque por parte de los alumnos y comunidad ha sido escaso y esquivado por la empresa invasora.
Parágrafo: Para estipular el monto económico que debe invertir la empresa ocupante se ha tenido en cuenta el valor comercial del predio invadido, según avalúo oficial ya ordenado por este despacho, el cual en ningún caso podrá ser inferior al valor comercial del metro cuadrado del sector; al anterior monto se le ordena agregar un valor del 50% del mismo, correspondiente al pago de los daños colectivos sociales ejercidos sobre los vecinos del sector, el cual no tiene precio, pero se le intenta resarcir. Con estos valores se construirá el equipamiento comunal del sector… Se ordena a partir de la fecha el pago de un arriendo del predio, a costos comerciales para los terrenos del sector, el cual se destinará para el servicio de mantenimiento de las áreas públicas ya estipuladas…»
Los siguientes artículos pueden ser redactados por cualquiera de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga que han seguido este relato. Si conoce una situación similar y se comprenda cuáles han sido y siguen siendo los retos de esta comunidad de Floridablanca para buscar justicia. Justicia rogada de ficción.
Justicia ahora no solo ciega, también embozada por el coronavirus, y aunque también coja, esperamos que pronto llegue.
*Periodista.
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