La justicia transicional en Colombia enfrenta críticas y polarización: la JEP avanza entre desconfianza política, falta de pedagogía y una sociedad sin cultura de perdón, revelando un país que exige justicia, pero teme la verdad. Justicia transicional en Colombia: un país que exige justicia, rechaza el perdón y teme la verdad.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ En Colombia, la justicia transicional nació como un mecanismo para cerrar de manera digna un conflicto armado de más de medio siglo. Su propósito parecía claro: sustituir la lógica de la guerra por la lógica de la verdad, la responsabilidad y la reparación. Pero muy pronto quedó atrapada en un torbellino político y cultural que amenaza con deslegitimarla. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es, tal vez, el ejemplo más visible de esta tensión: creada para juzgar lo que la justicia ordinaria nunca pudo —o nunca quiso— tocar, se convirtió en símbolo de división nacional. Sus críticos la acusan de ser blanda; sus defensores, de ser incomprendida. Pero el problema no es solo la JEP. El problema es un país que exige justicia sin reconocer los límites de un acuerdo de paz, que rechaza el perdón sin comprenderlo y que teme la verdad porque esta, inevitablemente, desnudas responsabilidades que van mucho más allá de la guerrilla.
El primer obstáculo de la justicia transicional en Colombia es que se intentó implementar sin un consenso político mínimo. A diferencia de otros países que transitaron hacia la paz después de derrotar a una de las partes —como ocurrió en El Salvador, Guatemala o Sudáfrica—, el modelo colombiano nació en medio de un empate moral y militar. Ninguno ganó la guerra, pero ambos querían ganar la narrativa. Y en ese conflicto simbólico, la justicia transicional fue concebida como un punto de llegada, pero terminó funcionando como un punto de partida. Cada gobierno, con su propia lectura del conflicto, trató de imponer una versión de la historia. Un día la JEP es política de Estado; al siguiente, es un obstáculo para la seguridad. Un día se le presenta como un triunfo de la civilidad; al siguiente, como un fraude a las víctimas. No hay institución que sobreviva indemne a esa oscilación permanente entre respaldo y sabotaje.
Las críticas a la JEP han sido constantes y desde todos los frentes. Para quienes se oponen al Acuerdo de Paz, la jurisdicción es un tribunal complaciente, diseñado para garantizar que los miembros de las FARC eviten la cárcel. Según esta narrativa, no hay justicia sin prisión tradicional, y todo lo que se aparte de ese modelo es impunidad. Pero esta visión pasa por alto un hecho central: en los conflictos internos, la justicia penal ordinaria casi nunca logra sanciones masivas. Ni Sudáfrica, ni Irlanda del Norte, ni Ruanda apostaron por encarcelar de por vida a miles de combatientes. La justicia transicional no sustituye a la justicia penal; la reconfigura para permitir la reintegración y evitar que la guerra se prolongue indefinidamente.
Sin embargo, la crítica opuesta también tiene fundamento. Hay víctimas que sienten que la JEP es lenta, excesivamente formalista y demasiado cautelosa para tocar a los responsables no armados: empresarios, políticos regionales y agentes del Estado que contribuyeron a la degradación del conflicto. Esta es la paradoja: la JEP recibe ataques simultáneos por ser demasiado dura y demasiado suave, por ser demasiado atrevida y demasiado tímida. Mientras tanto, avanza en la verdad judicial más profunda que el país haya visto, aunque esos logros no alcancen a contrarrestar la imagen pública erosionada.
En el fondo, la verdadera contrariedad no es jurídica sino política. Colombia carece de una intención política clara de asumir la justicia transicional como un proyecto de largo aliento. En lugar de construir un consenso mínimo sobre cómo cerrar la guerra, se volvió costumbre usar el tema para disputar votos. El perdón —una decisión política compleja, que requiere pedagogía, empatía y liderazgo— fue convertido en una palabra sospechosa, casi vergonzante. Y cuando el perdón queda fuera del debate público, la reconciliación se vuelve una aspiración inalcanzable.
La falta de voluntad política se combina con un obstáculo aún más profundo: la sociedad colombiana no ha desarrollado una cultura del perdón ni de la memoria. No porque el colombiano sea particularmente rencoroso, sino porque nunca ha tenido acceso a una comprensión integral del conflicto. Las escuelas no enseñan la historia de la guerra reciente; los libros de texto la mencionan de forma superficial, sin contexto, sin actores, sin responsabilidades. Una generación completa ha crecido con una idea vaga de lo ocurrido, formada más por rumores políticos que por un relato nacional de memoria.
Eso produce un efecto devastador: el dolor se vive como experiencia individual, no como trauma colectivo. Cada víctima siente que su historia no encaja en ninguna narrativa nacional. Y cuando el país no construye un duelo colectivo, el perdón colectivo también se vuelve imposible. No se perdona porque no se entiende del todo qué se está perdonando, ni a quién, ni por qué.
Este vacío es aprovechado por líderes políticos que encontraron en la indignación una fuente inagotable de apoyo electoral. El resentimiento opera como combustible eficaz, mientras que la reconciliación se percibe como concesión o debilidad. Así, se consolidó la idea de que cualquier gesto de perdón es traición, cualquier beneficio transicional es impunidad y cualquier intento de verdad es un ataque a “los buenos”. La política colombiana se acostumbró a polarizar alrededor del dolor, no a sanar a través de él.
En este contexto, la JEP carga con una expectativa imposible: ofrecer justicia plena en medio de una guerra inconclusa, satisfacer a víctimas con necesidades contradictorias, desmantelar discursos políticos tóxicos y reconstruir la confianza pública. Su mandato es ambicioso; su escenario, adverso. Y, aun así, es lo más cercano que Colombia ha tenido a un intento serio de desmontar la impunidad histórica.
El país exige justicia, pero suele pedir una justicia que ningún proceso de paz puede ofrecer sin poner en riesgo su propio propósito. Colombia exige perdón, pero se resiste a construirlo. Exige verdad, pero teme las consecuencias de conocerla por completo. Y exige cerrar el conflicto, pero no renuncia del todo a seguir peleándolo en la arena política.
La justicia transicional no está fracasando: está revelando las fracturas profundas de un país que aún no decide si quiere la paz o solo quiere ganar el relato de la guerra. La JEP no es un símbolo de impunidad, sino un espejo incómodo que nos enfrenta a la pregunta que llevamos décadas evitando: ¿estamos dispuestos a reconciliarnos de verdad, o seguimos atrapados en la necesidad de derrotar al enemigo, incluso después de que las armas callaron?
El tiempo dará su veredicto. Pero por ahora, Colombia sigue siendo una nación suspendida entre el deseo de justicia y el miedo al perdón, entre la necesidad de verdad y el temor a sus implicaciones. Una nación que quiere paz, pero aún no ha aprendido a desarmar el alma.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
