Por: Yessica Molina Medina/ El viernes pasado nos despertamos con la noticia de que la Sala Plena de la Corte Constitucional había declarado inconstitucional el Acto Legislativo 01 de 2020. En otras palabras, la Corte había tumbado la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
Hace un par de meses, el país celebraba la aprobación de la Ley 2098 de 2021, cuyo fin era reglamentar la prisión perpetua para estos criminales, luego de años de luchas legislativas, como la que dio la fallecida congresista Gilma Jiménez (de hecho, esta ley también es conocida como Ley Gilma Jiménez). Su promulgación fue un logro histórico de la sociedad, cuyos menores han sido las principales víctimas de todos los flagelos que acosan a nuestro país.
Según cifras del ICBF, en 2019 más de 10.000 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual y la mayoría de sus victimarios fueron familiares o personas cercanas a la familia. Hay quienes hablan de cifras cercanas a las 100.000 menores víctimas de este atroz crimen.
Pero la Corte les dio la espalda a nuestros niños y prefirió proteger a los victimarios. Uno de sus argumentos para tumbar el acto legislativo es que este atenta contra la dignidad humana del victimario porque desconoce la posibilidad de que se resocialice, es decir, que deje de ser un violador. Así que los magistrados, sin vergüenza y sin ningún recato, han preferido proteger la “dignidad humana” de un violador por encima de la integridad y de la vida de nuestros niños, cuyos derechos, además, son prevalentes: están por encima de los derechos del adulto.
Qué difícil creer que los magistrados hayan tomado este camino falsamente garantista y que invoquen la Constitución a favor de los victimarios y en contra de las víctimas. Y que, además de todo esto, ignoren la evidencia científica que suficientemente ha demostrado que los violadores no se resocializan, que siempre son un peligro para la sociedad, para nuestros niños.
Estamos en manos de una dictadura judicial. Colombia, lentamente, se ha ido convirtiendo en una dictadura de magistrados, que terminan imponiendo normas y frenando avances según su real voluntad, cual reyezuelos. ¿Por qué invocan la Constitución para hablar de la dignidad de un delincuente, pero la desconocen a la hora de hablar del derecho prevalente de los niños? Y no hace falta ser un eminente constitucionalista. Basta con leer el contenido del artículo 44, que termina diciendo lo siguiente: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Los seis magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional el acto legislativo tendrán que explicarnos a los colombianos por qué miraron la Constitución tan amañadamente. Reitero: ¿por qué un derecho del victimario está por encima de la prevalencia que la misma Carta Magna les da a los derechos de los niños? Dudo, sinceramente, de que haya una respuesta medianamente aceptable.
Y no se trata esto de una derrota del Gobierno, como algunos sectores lo han pintado: si bien es cierto que el gran abanderado, y en buena hora, fue el Gobierno nacional y que hizo un grande esfuerzo político, los derrotados son nuestros niños, y, con ellos, la sociedad toda, que luego de dar un paso hacia adelante, dio dos hacia atrás.
…
*Master en comunicación estratégica, profesional Comunicadora Social- Periodista, asesora política y relacionamiento público y experta en marketing político.
Facebook: Yessica Molina
