Por: Graciliana Moreno Echavarría/ La semana pasada la ciudadanía, a través de amplios colectivos sociales llevó a cabo la denominada ‘Velaton’ por la vida, en señal de repudio a la oleada de crímenes y agresiones contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, situaciones que ponen en entredicho nuestra democracia. Pero así mismo representan una clara violación a tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que ha suscrito el Estado colombiano y del cual es compromisario.
Para señalar solo algunos, tenemos de un lado la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA – 1948), en la cual se afirma que “todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica” y de otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) afirma que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
No obstante y en muchos casos pese a las advertencias y las denuncias de parte de las personas líderes y defensoras, estas han resultado frágiles ante el poder oscuro de la criminalidad organizada y el Estado se muestra incapaz de prevenir, proteger a las víctimas y de sancionar a los responsables.
Esta fue la situación que vivieron Luis Cuartos Barrios, en Atlántico; Santa Felicinda Santamaría, en Chocó; Margarita Estupiñán, en Nariño y Ana María Cortés, en Antioquia, quienes resultaron víctimas fatales de los crímenes perpetrados en la primera semana de este mes. Con estos se completan más de 50 personas líderes asesinadas en lo que va corrido del año 2018.
Según la Defensoría del Pueblo, van 311 homicidios desde enero de 2016 al 30 de junio de 2018, número que no coincide con el que tiene la Fiscalía General de la Nación, que indica que en la misma fecha se registraron 181 casos. Y aunque aún no hay una coordinación entre las distintas entidades y organizaciones a la hora de presentar cifras exactas, la única verdad es que los están matando y que en este mes en especial se arreció contra las mujeres.
De acuerdo con el Informe sobre DDHH en Colombia (ver anexo) las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos han involucrado 276 asesinatos y 164 atentados contra personas LGBTI, indígenas, afrodescendientes y mujeres. En este escenario, hay riesgos desproporcionados sobre las mujeres, como ya ha reconocido la Corte Constitucional. Y una evidencia de esto son los incrementos de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como contra mujeres trans.
El desenlace es sombrío y pese a los importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Farc y el diálogo con el ELN, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos fundamentales que permanecen en la impunidad, con lo cual se dificulta la construcción de paz en el país y se pone en entredicho la democracia.
Ante esta situación han sido anunciadas recientemente algunas medidas por parte del Gobierno Nacional entre ellas la de agregar a los Municipios de Corinto (Cauca), Cáceres y El Bagre (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) y Tame (Arauca), dentro de esquemas colectivos de seguridad.
La puesta en marcha del Plan Urgente de Intervención, en las zonas más afectadas por estos hechos, que son, además de los ya señalados, Norte de Santander, Risaralda, Nariño y Córdoba. Así como el ‘Plan Horus’ del Ejército, que consiste en intensificar la presencia territorial en las antiguas zonas de conflicto, el cual tendrá como ingrediente adicional, el de priorizar el componente de seguridad a líderes y lideresas sociales.
Además del fortalecimiento de recursos para la Unidad Nacional de Protección (UNP) para ampliar los esquemas individuales y la medida irá de la mano de la creación de una ventanilla única de denuncia, liderada por el Ministerio del Interior, para recibir información oportuna sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Todo esto en medio de un período de cambio de mando y la llegada de un nuevo Gobierno, del cual se espera “no haga trizas los acuerdos de paz” y por el contrario sea garante del Pacto de Rechazo a la violencia contra líderes sociales, que suscribió.
Defender a quienes defienden los derechos humanos, es una tarea que debe comprometer no solo a los gobiernos, sino a hombres y mujeres de toda la sociedad, puesto que de otro modo la democracia estará en vilo. Especial interés en la defensa de las mujeres que realizan un liderazgo social, comunitario y el fortalecimiento del tejido institucional y social, toda vez que están íntimamente ligados a los compromisos con la igualdad de mujeres y hombres como un bien de la humanidad.
Por ello y desde una concepción efectivamente democrática de los derechos humanos, adquieren especial atención la participación ciudadana y las políticas sociales, así como la movilización política y judicial, todos estos elementos claves para conjurar el regreso hacia tiempos aciagos de violencia en espiral y desafíos para seguir avanzando hacia la construcción de la paz sostenible.
Es claro que mientras las democracias formales pueden tener muy poca relación con el ejercicio de los derechos humanos, las democracias sustanciales requieren forzosamente un apego a los derechos humanos, no sólo a los civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
Anexo: El informe sobre DDHH en Colombia, fue entregado al delegado de la ONU en abril de 2018 y preparado por 24 organizaciones con el aporte de 500 organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos del país. Todas ellas encargadas de hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2008 y 2013 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal, el mecanismo con el que cada 5 años examina la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.
Twitter: @graciliana61