Por: Leonardo Granados/ La sociedad barranqueña en el año 2019 observó en la contienda electoral de octubre que el alcalde de Barrancabermeja en campaña fue declarado por algunas organizaciones religiosas y políticas como el mandatario que representaría los principios y la moral cristiana, para lo cual muchos pastores locales salieron a respaldar dicho pronunciamiento, manifestando que era la persona que poseía los valores y creencias existentes en un buen cristiano, de modo que tenía el discernimiento para establecer lo que está bien o está mal. Evidentemente para vencer el mal con el bien. Mal que durante más de 30 años ha reinado en nuestra clase política y tiene en la crisis nuestra bella ciudad.
Pero lo que muchos imaginamos en nuestra experiencia política, es que, quienes estaban alrededor del alcalde local, no eran manos transparentes sino la politiquería tradicional, entre ellos el Partido Liberal que fue el Gobierno más nefasto y delincuente que ha tenido Barrancabermeja y a quien denuncié ante la Fiscalía y la Procuraduría, por lo cual, se encuentra inmerso en un mar de investigaciones. ¡Dijimos la historia se va a repetir! Y lo digo con tristeza.
Insisto, la crisis de Barrancabermeja ha sido desde hace 30 años, porque quienes ejercen el poder desde diferentes sectores, han actuado con doble moral, quienes hablan de transparencia, pero con base en la corrupción, se apropian del erario público para llegar en el extremo de ufanarse como líderes, cuando realmente con criterios de inmoralidad se enriquecen de forma ilícita, para aumentar la pobreza y el hambre, doblegando al pobre a la dependencia egoísta de las migajas de la corrupción…
El tiempo ayuda a descubrir todas las cosas: Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas, los planes más cínicos y las personas más falsas.
El alcalde local que no lleva sino cuatro meses en el poder, cometió un error en extremo, al contratar personas ausentes de moral social, quienes no actuaron con ética en cargos públicos, es decir, no son manos pulcras orientadas a garantizar la trasparencia en la contratación pública, es el caso del señor Orlando de Jesús Russo Díaz (Asesor actual del Gobierno) y Luis Gabriel Taboada Castro (Secretario de Educación actual), quienes tienen serios antecedentes y que están en curso en investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, como lo pruebo a continuación. Lo cierto es que esto lo conocía el alcalde local, fue advertido y sabía del mal, pero aun así los vinculó.
¿Qué sucedió, realmente?
Luís Gabriel Taboada, (exsecretario privado del alcalde Elkin Bueno en su segunda administración, 1998 a 2000), para la época de los hechos de la investigación penal, fungía como Representante Legal del Club Náutico San Silvestre, ante el impedimento del propio presidente del club José Romualdo Pertuz Crispín, quien estaba inhabilitado para contratar con el Estado, condenado por la justicia colombiana, al ser hallado culpable como el principal autor intelectual de la defraudación al erario del sonado caso conocido como ‘El Cartel del Condón’, (hechos sucedidos también en el segundo mandato de Bueno Altahona, primo del alcalde.
Por cuenta de esos lamentables hechos, el doctor Pertuz fue condenado por el delito de peculado por apropiación, permaneciendo seis años privado de la libertad y para la época inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación hasta enero 15 del año 2015 para contratar con el Estado colombiano.
Así las cosas, José Romualdo Pertuz no podía firmar directamente con el Inderba. Para el Contralor Municipal, Juan Carlos Stapper, en la investigación se determinaron hallazgos de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal, sobre la actuación del director del Inderba.
Stapper manifiesta que “advirtió irregularidades en el trámite de la solicitud del apoyo deportivo, inconsistencias frente a la representación legal del Club Náutico San Silvestre, presunto daño fiscal por indebida ejecución del apoyo económico y presuntas falsedades e irregularidades en los documentos entregados para la legalización del apoyo deportivo”, denuncias que ponen en serios aprietos al comunicador social, Orlando Russo Díaz, director del Instituto del Deporte en Barrancabermeja (actual asesor del alcalde).
Las irregularidades presentadas, según la Contraloría Municipal, se constituyen en un nuevo y penoso capítulo de corrupción en donde, inclusive, se denuncia “habrían falsificado firmas”, lo que configuraría el delito penal de falsedad en documento público, además de la adulteración de documentos y gastos en gasolina por 120 galones que fueron donados por el Club Miramar, pero facturados al contrato del Inderba. (Denuncia formulada por Yesid Blanco Calvete).
Documentos anexos
La pregunta es, si el alcalde conoce que estos dos funcionarios tienen serias investigaciones penales, ¿por qué los pone a administrar recursos públicos?, eso es tanto como darle una guardería a Garavito.
¿Qué pasa con la Contraloría Municipal, por cuanto la Dra. Oliva Olivella, en 4 años no hubo avances en este caso y sigue en espera de sanción o prescripción? Ese es el gran problema de los órganos de control a lo largo de la historia de Barrancabermeja, se observa un tape tape que preocupa, es la única ciudad que no realiza los comités de moralización regionales como estrategia anticorrupción donde deben articularse, la Procuraduría Provincial, la Fiscalía Regional, la Contraloría Municipal y la Defensoría Regional del Pueblo. A efectos de ser eficaces, como fue el espíritu del Estatuto Anticorrupción que creo los comités regionales de moralización. Ley 1474 de 2011, Art. 62 al 71. Aspecto que invito a dichas instituciones a tomar ese rumbo por el bien de la ciudad.
Cansados estamos los barranqueños de estar en escandalo en escándalo, en los medios nacionales de comunicación aparecemos como la ciudad más corrupta y no es para menos, sobrecostos en mercados en medio de la pandemia con el 38%, con lo cual se hubieran comprado más de 1.000 mercados de 160 mil pesos, es inaceptable y reprochable este tipo de acciones, pero este gobierno aplica la misma estrategia de Elkin Bueno, que ponen a firmar a inocentes para luego escudarse, expresando en medios de comunicación que a sus espaldas se firman los contratos, uno debe ser serio alcalde, usted es la máxima autoridad administrativa y un contrato no se firma sin su visto bueno, porque fue a usted a quien se eligió para administrar este Distrito.
La falta de planeación de la administración es evidente, mientras la Alcaldía de Barrancabermeja proyectó un contrato con sobrecostos de 5.000 mil mercados para una ciudad de 250 mil habitantes, el alcalde de Girón proyectó 20 mil mercados, con una población de 190 mil habitantes, está claro que Barrancabermeja tiene cerca de 70 mil hogares, por lo cual la primera fase de entrega de mercados debió proyectarse en 30 mil mercados, para no tener la crisis de hambre que hoy padece la ciudad, donde sus habitantes han salido a cerrar las vías de las calles para hacer sentir el hambre que están viviendo.
Pero no fue así, sencillamente porque se estaba pensando con codicia y no con sensibilidad social, después de 40 días, se han entregado con contratos un promedio de 15 mil mercados. Evidentemente la gente hoy ya no tiene nada, porque además fueron pequeños. Sin embargo, la empresa contratista Disandy con los sobrecostos si debe tener mercado para todo el año.
Pero como dice el dicho popular “si así fue el desayuno, ¿cómo será el almuerzo?” y esta semana salió un dato de muy mal gusto y es la firma en la modalidad de un convenio en contratación directa de la secretaria de educación en cabeza del señor Luis Gabriel Taboada, dicho convenio se firmó el 18 de marzo de 2020 por un valor de $728 millones, cuando ya estaban los niños en cuarentena con la empresa privada Transportes San Pablo SA, una sociedad anónima que no hace actos de beneficencia, sino que son una importante empresa privada que persigue un lucro económico. Lógico son régimen común.
Lo curioso del asunto es que disfrazan un convenio como si fuera una fundación, el cual da un aporte de $218 millones que en realidad y presuntamente se observa como una ficción de aportes para entregar a dedo un contrato millonario y violar el principio de selección objetiva en contratación estatal, en la medida que este tipo de contratos deben someterse a licitación pública donde hallan más oferentes y la mejor oferta sea la seleccionada.
¿Se evidencia en este convenio el pago de un compromiso político con la exconcejala Luz Ena Cortez por el apoyo a la campaña? Pues el contrato se firmó con la empresa de papá, por eso se hace imprescindible que la procuraduría, la fiscalía y la contraloría le hagan el seguimiento a este contrato, porque es posible que se tipifique la firma de un contrato sin el lleno de los requisitos legales como presunto punible, les hago esta pregunta: ¿Cuándo ve usted una empresa privada regalando plata señores, a efectos garantizar el transporte de los niños a su escuela y vivienda?
Esta es la forma en que se maquillan contratos bajo la figura de convenios para defraudar el erario público, típica conducta de corrupción en el país, de la cual Barrancabermeja no ha sido la excepción.
Por lo cual, y con los antecedentes del secretario de Educación, debe ponerse la lupa y exigir el aporte real en plata blanca del particular en este convenio, pues insisto, Transportes San Pablo no ejerce actos sociales como una fundación, ni tiene un fin común con el Municipio que justifique dicha modalidad. Lo cierto es que estos niños con hambre en casa debían haber destinado dichos recursos a mercados.
Lo triste de esta situación es que en medio de la pandemia, donde debían prevalecer los principios cristianos de la honestidad y la misericordia para ayudar a los más humildes y clase media afectada, se evidenciaron actos de corrupción, así prendió las alarmas el diputado Ferley Sierra por presuntos sobrecostos en el contrato suscrito por la alcaldía de Barrancabermeja con el sindicato Gestión Integral AT, representado legalmente por Sol Magaly Katherine Plata Pérez, para apoyar a atender la fase 3 de la pandemia del Covid-19 en el puerto petrolero, por valor de $1.547 millones, para ser ejecutado en dos meses.
Según el diputado Sierra los sobrecostos son hasta del 40% en el valor total del contrato. “Hicimos un comparativo con las contrataciones que se realizan en hospitales del departamento de Santander nivel III y encontramos que en este contrato la alcaldía de Barrancabermeja determina como costo unitario base del perfil apoyo a la gestión bachiller $1.800.000 y costo unitario prestacional $3.567.528.
Pues bien, revisando el Secop del Hospital Universitario de Santander, se pude evidenciar que los costos unitarios básico del mismo perfil de apoyo a la gestión bachiller solo devenga un salario base de $990 mil, siendo este un perfil con mayores requisitos tanto de experiencia como académicos”, explicó el diputado.
Lo que más vergüenza da, es que hay tres diputados en la duma de Santander y los veo con un silencio cómplice con el Alcalde en estos temas de sobrecostos, hay que exigirles a los diputados Emel Arnache, Camilo Torres y Nakor Rueda, que se pronuncien y acompañen al diputado Sierra con esa denuncia, porque en campaña dijeron que lucharían en contra de la corrupción, pero los veo callados con este tema, donde se repite la historia de Darío Echeverri, no podemos permitir que poseen como representantes del pueblo y ante estos actos de corrupción hay un silencio cómplice. Deben hacer valer esa credencial en el ejercicio de control político.
Por eso insisto, se hace más que preciso diferenciar la ‘verdad del poder’ del ‘poder de la verdad’, es momento señores pastores que apoyaron al gobierno, hacer reflexionar al alcalde local, debemos reivindicar lo bueno, los principios y valores. Lo malo no puede seguir reinando.
*Abogado.
Correo: ralegc@yahoo.com
Facebook: Leonardo Granados Cardenas
Twitter: @Leonard74621446
