La bancada del Centro Democrático en Cámara de Representantes dejó en evidencia una fractura en su interior por posiciones encontradas sobre la consulta anticorrupción y la ley que se debatió en plenaria que amplía la jurisdicción en el Meta de la corporación autónoma de la Macarena (Cormacarena).
El vocero del Centro Democrático en la Cámara, Christian Garcés, afirmó que existe división porque los representantes no se han puesto de acuerdo en apoyar en bancada la consulta anticorrupción que será votada este 26 de agosto.
«Hay posiciones diferentes al interior del partido en Cámara, no sé si nos vamos a poner de acuerdo de aquí al día de la votación, pero lo importantes es que cumplimos nuestro compromiso de campaña de que van a haber las garantías para el día de la votación» indicó Garcés.
El vocero de la bancada anunció que existen preguntas en la consulta anticorrupción que para algunos miembros del Centro Democrático, van a generar problemas en la Corte Constitucional; otros opinan que todos los congresistas deberían impedirse en discutir el punto uno que trata sobre la rebaja de salarios para altos funcionarios del Estado, «yo espero que en los medios de comunicación haya un debate muy juicioso en el punto uno de los salarios de los congresistas», indicó.
Otro de los hechos que mostró una posible fractura en el Partido se presentó en la plenaria de la Cámara de Representantes durante el debate del proyecto de ley sobre la jurisdicción de Cormacarena en el Meta; la Representante de ese departamento por el Centro Democrático, Jenifer Arias pidió la palabra para anunciar que la aprobación del proyecto de ley debe aplazarse, mientras se da una consulta previa a las comunidades sobre tema.
Esto no cayó bien dentro de la bancada, luego se agruparon en una esquina de recinto del Elíptico para discutir la situación. En dicha reunión se notaba la molestia de varios representantes con la congresista del Meta.
Luego el representante Álvaro Hernán Prada pidió la palabra y anunció que el Centro Democrático solicita que sea aprobado el proyecto de ley que quedó aplazado desde la legislatura pasada, sin que se diera la consulta a las comunidades.
