Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ El pasado martes 11 de junio de 2024, la Ministra de Ambiente, acompañada de una enorme comitiva, que incluyó al presidente de la Agencia Nacional de Minería y al Director del Servicio Geológico Colombiano, hizo una visita relámpago de 4 horas al municipio de California, donde realizó una audiencia, para intentar convencer a la comunidad de Vetas, California y Suratá, de que respalden su intención de declarar el territorio minero de los tres municipios como reserva temporal.
Aunque la asistencia fue muy nutrida, pues llegaron cerca de 1.000 personas, la reunión no le salió bien a la ministra; no solo por la actitud arrogante, soberbia e impositiva de los funcionarios, sino porque la propuesta de formalización minera que llevaron como golosina, no cayó nada bien entre los acaldes, ni en la comunidad minera.
Evocando las facultades otorgadas con el cuestionado Decreto 044 de 2024, la Ministra de Ambiente llegó a plantear que pretende proferir una resolución para declarar como reserva temporal más de 70.000 hectáreas, que es el área que le queda a los municipios para su desarrollo después de restar las áreas de conservación ambiental, so pretexto de dar cumplimiento a una Sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, que la conmina a hacer el ordenamiento minero ambiental del país y argumentando que en esa zona se han titulado ya más de 19.000 hectáreas para minería, lo que a su juicio es inadmisible.
Para convencer a la comunidad, la ministra y el presidente de la Agencia Nacional de Minería propusieron excluir de esa restricción que acaba con el sector, 10 polígonos para destinarlos a la formalización minera, afirmando que mantendrán bajo reserva su ubicación “para evitar que mañana aparezcan invadidas”, y manifestándole airadamente a la comunidad que no van a permitir que “les metan gente de afuera”, “foráneos”.
Esta propuesta cayó muy mal entre la población, por cuanto desconoce por completo a los mineros formales, les quita sus derechos para otorgárselos a quienes han hecho ilegal la actividad, en una región esencialmente minera donde ha existido minería formal y vocación de formalización, y donde muchos mineros tradicionales ya fueron legalizados; una comunidad que ha puesto una enorme cuota de sacrificio en pro de la conservación ambiental, por cuanto ya cedió 40.000 hectáreas de su territorio para que fueran declaradas como parque natural regional y como parte del complejo de páramos Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, incluyendo las zonas de subpáramo y la franja de transición bosque páramo.
La gente le reclamó a la Ministra por defender sus ancestros foráneos y no los de sus compatriotas, y por su falta de pertenencia y consideración con un territorio que desciende de los indios Chitareros que eran mineros, que como pueblo tiene ancestralidad de más de 460 años, tradición, cultura e identidad alrededor de la minería; también le refutó su equivocación en el manejo de las cifras, que muestra un profundo desconocimiento de la actividad minera, por su evidente animadversión hacia la minería formal, es decir, aquella que tiene suscrito un contrato de concesión con el Estado, que es controlada por éste, y que paga impuestos y regalías; y también, por su absoluto desconocimiento del sector y por la falta de consideraciones de tipo social, económico y cultural en la valoración de esa iniciativa.
Protestó, igualmente, por la falta de imparcialidad de los funcionarios del gobierno que acompañaron la comitiva, que pasaron del activismo ambiental y antiminero a ser quienes toman las decisiones estatales frente al sector y alguno aseveró entre aplausos, que la minería está hoy en manos de los antimineros; terminaron aseverando, que no ven con buenos ojos la creación de la empresa Ecominerales.
Los reclamos de los participantes endurecieron el discurso del Gobierno y la reunión, finalmente, se les salió de las manos. Molesta, la comunidad abandonó el recinto y los funcionarios no tuvieron más alternativa que declarar el fracaso de la reunión, la imposibilidad de llegar a conclusiones y acuerdos, reconociendo que la población está en contra de su propuesta.
Los líderes comunitarios terminaron exigiéndole a la ministra respeto por las decisiones judiciales y el cumplimiento de la Sentencia T-361/17, pues no entienden por qué razón, sin terminar de agotar la instancia de concertación con las comunidades de los 40 municipios que tienen incidencia en el páramo y de definir la nueva delimitación del páramo de Santurbán, quieren ahora declarar el territorio no es páramo, donde sí se puede hacer minería, como reserva temporal.
Esta compleja e infructuosa reunión deja muchas lecciones para las partes, entre ellas la obligación para el gobierno de repensar la intención que tiene de imponer contra la voluntad de las personas un cambio en la forma de vida de la población, cuya actividad es legítima y lícita, imponiendo decisiones absolutas de conservación ambiental del territorio, cuando en él existen riquezas naturales que son legalmente aprovechables.
Después de esta reunión, el gobierno ha quedado forzado a estructurar propuestas razonables que respeten los derechos de los particulares y que demuestren un necesario equilibrio en los tres tópicos que componen el concepto de desarrollo sostenible, como son la conservación, el desarrollo económico y el desarrollo social de los territorios.
Es evidente la pérdida de credibilidad del Gobierno en las comunidades, ante la falta de seriedad y compromiso en el cumplimiento de los plazos impuestos para expedir la nueva delimitación del páramo, por la Corte Constitucional y el Tribunal de Santander y así cerrar la brecha de la incertidumbre jurídica en que se encuentra esta región, que ha tenido graves efectos negativos para la provincia.
Hay que entender que el reconocimiento del derecho fundamental a la participación ciudadana en materia ambiental, implica que las decisiones no se lleven prefabricadas al territorio, sino que se construya allí con quienes lo habitan y que los funcionarios se revistan de una infinita paciencia para escuchar, entender y ponderar la visión desde lo local, así como de respetar los usos, costumbres, derechos, intereses y la libre autodeterminación de los pueblos.
Una comunidad golpeada y dolida exige el uso de la razón y no admite el capricho o la arbitrariedad; la consolidación de acuerdos alrededor de propuestas que resulten razonables y aceptables para las partes y no la imposición abusiva del poder estatal.
El discurso antiminero ha caído en desprestigio, porque se nutre de un falso reclamo conservacionista que lo que pretende es inventar argumentos de tipo ambiental para quitarle los títulos mineros a quienes hoy los tienen, y de esta manera intentar librarse de indemnizar los perjuicios, argumentando que frente a la conservación ambiental no hay derechos adquiridos.
La gente ya entendió que detrás de esta nueva pretensión de declarar reservas temporales lo que hay es la ambición de quienes hoy están en el gobierno de estatizar la explotación de los yacimientos mineros, para tomar su control, disponer de ellos a su voluntad y entregárselos a aquellos grupos que promueven las nuevas formas de lucha, con quienes firmaron un pacto en campaña.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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