Colombia debe suprimir gobernaciones y gobernadores, crear gobiernos regionales autónomos, dar a congresistas la representación territorial y redirigir el ahorro fiscal hacia la institucionalidad central en los territorios, fortaleciendo el verdadero poder local.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | Durante gran parte de su historia republicana, Colombia ha construido un modelo de Estado profundamente centralista. Aunque el país está conformado por una enorme diversidad geográfica, cultural, económica y social, las principales decisiones sobre inversión pública, infraestructura, educación, salud, desarrollo productivo y ordenamiento territorial continúan concentrándose en Bogotá. Esta realidad ha generado profundas brechas entre el centro y la periferia, limitando el potencial de regiones que, pese a aportar riqueza, biodiversidad, cultura y recursos estratégicos, siguen esperando oportunidades para decidir su propio destino.
La Constitución de 1991 prometió autonomía territorial. Sin embargo, más de tres décadas después, esa promesa se cumplió a medias, y en un punto concreto se estancó por completo: el departamento. Las gobernaciones, lejos de convertirse en el motor de la descentralización, terminaron siendo un nivel intermedio costoso, burocrático y frecuentemente capturado por lógicas clientelistas, que administra transferencias sin generar el desarrollo que debería producir. Colombia no necesita más capas de gobierno entre el ciudadano y el Estado; necesita menos capas, mejor conectadas y con recursos que realmente lleguen a los territorios.
Ha llegado el momento de proponer algo que hasta hace poco resultaba impensable: suprimir la figura del gobernador y desmontar las gobernaciones tal como existen hoy. No se trata de debilitar la presencia del Estado en las regiones, sino de reconocer que ese modelo, diseñado para un país distinto, ya no responde a las necesidades del siglo XXI. El departamento, como unidad político-administrativa intermedia con un ejecutivo elegido, duplica funciones que ya cumplen los municipios y el nivel nacional, multiplica la nómina pública y diluye la responsabilidad política: cuando algo falla, nadie sabe si la culpa es del alcalde, del gobernador o del ministerio.
La propuesta es clara: en lugar de gobernaciones, Colombia debe crear gobiernos regionales, entendidos como una institucionalidad técnica y administrativa —no política ni electoral en el sentido tradicional— encargada de coordinar proyectos supradepartamentales, infraestructura compartida y políticas públicas de largo plazo entre municipios de una misma región. Estos gobiernos regionales funcionarían como una dependencia técnica separada, sin el aparato burocrático, la nómina paralela ni la disputa electoral que hoy caracteriza a las gobernaciones.
¿Quién asumiría entonces la representación política de los territorios? Los representantes a la Cámara y los senadores de la República. Hoy, buena parte del Congreso legisla desde Bogotá sin pisar las regiones que dice representar, mientras los gobernadores concentran un poder político que compite con la propia bancada legislativa y termina, en muchos casos, sirviendo a intereses electorales de corto plazo. Si los congresistas asumen presencia real y permanente en los territorios —con oficinas, agendas de rendición de cuentas y responsabilidad directa sobre la ejecución de proyectos en sus circunscripciones— se cerraría ese vacío de representación sin necesidad de mantener un ejecutivo departamental completo. El Congreso dejaría de ser un cuerpo legislativo distante y se convertiría en el puente natural entre el territorio y la Nación.
El argumento fiscal es igual de contundente. Colombia destina cada año sumas significativas al sostenimiento de treinta y dos aparatos burocráticos departamentales: plantas de personal, secretarías, vehículos oficiales, campañas políticas indirectas y estructuras administrativas que se superponen con las de los municipios y con las del propio Gobierno nacional. Ese dinero, hoy disperso en treinta y dos ejecutivos regionales, debe reorientarse hacia la institucionalidad del gobierno central presente directamente en los territorios: oficinas técnicas sectoriales, agencias nacionales descentralizadas físicamente, y equipos de ejecución que respondan ante el Estado central pero trabajen desde la región, sin la intermediación política que hoy retrasa y encarece cada proyecto.
Esta reforma no busca recentralizar el poder en Bogotá, sino todo lo contrario: busca dar preponderancia real al gobierno local, es decir, al municipio, que es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y el que mejor conoce sus necesidades cotidianas. Al eliminar el nivel departamental, los municipios dejarían de estar subordinados a una gobernación que muchas veces filtra, retiene o condiciona políticamente los recursos que les corresponden. Los alcaldes negociarían directamente con la institucionalidad central presente en el territorio y con los congresistas de su región, en un esquema más corto, más transparente y más fácil de fiscalizar por la ciudadanía.
Los críticos dirán que esta propuesta debilita la autonomía territorial o que facilita el centralismo. Ocurre exactamente lo contrario: el centralismo actual no se combate multiplicando gobiernos intermedios que terminan replicando la lógica de Bogotá a escala departamental, sino acercando la ejecución real del Estado al municipio y garantizando que quienes legislan también respondan políticamente ante el territorio. La autonomía no depende de cuántos niveles de gobierno existan, sino de qué tan cerca está el poder de decisión de la gente que sufre o se beneficia de esa decisión.
Colombia ha ensayado durante tres décadas una descentralización a medias, que multiplicó cargos, gastos y niveles de intermediación sin resolver las brechas estructurales entre el centro y la periferia. Es momento de ensayar algo distinto: menos gobernaciones y más gobiernos regionales técnicos; menos gobernadores y más congresistas presentes; menos burocracia departamental y más institucionalidad central trabajando desde el territorio; y, sobre todo, municipios fortalecidos, con recursos y autonomía suficientes para liderar su propio desarrollo. Esa es la verdadera descentralización que Colombia necesita: no la que multiplica gobiernos, sino la que acerca el poder a quien realmente lo necesita.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
