La industria sudafricana teme que la nueva tasa del carbono, que entró en vigor en junio, haga caer sus inversiones y provoque la destrucción de puestos de trabajo a pesar de que su monto es muy pequeño.
El gobierno de Sudáfrica, el 14º país del mundo que más contamina, según Greenpeace, se convirtió el 1 de junio en el primero de África en aplicar esta tasa.
Este impuesto, que ya aplica a países como Canadá, Colombia, Francia o Suecia, quiere limitar la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.
Las oenegés medioambientales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) destacaron «una primera etapa significativa», poco frecuente en los países emergentes, aunque lamentaron que el monto sea muy pequeño.
Las empresas tendrán que pagar 120 rands (unos 8 dólares) por tonelada de C02 emitida.
Pero teniendo en cuenta reducciones fiscales que pueden llegar hasta el 95%, el monto será de entre 6 y 48 rands (0,4 y 3 dólares).
Se trata de un monto muy alejado de los entre 40 y 80 dólares hasta 2020 recomendados para alcanzar los objetivos del acuerdo de París sobre el clima.
«La tasa de carbono es más bien pequeña pero muy importante simbólicamente», reconoce Ismail Momoniat, director general adjunto del Tesoro, que promete revisarla a partir de 2023.
Sin embargo la industria sudafricana advierte de la posibilidad de despidos y cierres de fábricas.
En las minas sudafricanas, un sector que ya está en crisis, se suprimirán 6.800 puestos de trabajo directos e indirectos, advierte la Cámara Nacional de Minas, una situación que podría empeorar a partir de 2023.
Por su parte la organización patronal Busa denuncia una tasa que «disuadirá las inversiones extranjeras y nacionales» en un contexto que ya es difícil, con «desempleo, pobreza y desigualdades».
En Sudáfrica al menos el 27% de la población activa está sin empleo, una tasa que supera el 50% entre los jóvenes.
