Por: Paola Guarín/ Poco o nada es la importancia frente a sucesos nefastos que generan significativas afectaciones ambientales, tales como el atentado a Caño Limón – Coveñas registrado en últimos días, perpetrado por las milicias del ELN arrojando como resultado más de 117 kilómetros del Río Catatumbo afectados sin que a la fecha su exista 100% de remediación.
Como resultado de la nefasta mancha de pasivo ambiental en el cuerpo hídrico se encuentran más de 5.000 personas afectadas, cuya fuente de aguas en zona rural de Teorama (Aguas abajo del incidente) especialmente en los corregimientos de San Pablo y Gabarra.
Pese al gran esfuerzo puesto en marcha por Ecopetrol disponiendo más de 120 personas en cuatro puntos de control donde se realizan labores de bioremediación con 108 barreras para contener el crudo, en ultimas los más afectados de tal acto ruin y perverso son nuestra fauna y floja, cuya habitad no es su destino por opción sino por instinto de conservación y preservación.
Admito que las disidencias, según su modus operandi, recurran a actos poco ortodoxos para presionar al Poder Ejecutivo, siendo estas prácticas nefastas para nuestros recursos naturales y de los lugareños de la zona afectada, cuyos crimines sistemáticos contra el medio ambiente se extienden por más de 20 años.
Los retos de Ecopetrol, frente a los enormes pasivos ambientales en la última década, dejan en deuda enorme a nuestros recursos naturales especialmente en las cuencas hídricas – único suministro de agua en la zona de Caño Limón – Coveñas y mientras el ejecutivo si bien tiene buenas intenciones el proyectos que buscan equilibrar el desarrollo sostenible, como es el proyecto de ley para la creación del fondo de compensación ambiental para mitigar daños por explotación minera, el cual aún no es una realidad.
Mientras los conflictos internacionales se vuelven cada vez más inminentes y representan una prioridad en todos los medios de comunicación -conflicto con Venezuela- no es menos cierto que la seguridad de nuestro país debe ser un tema de agenda nacional prioritaria para el poder ejecutivo y en especial si se tratan de nuestro recursos no renovables y la insurgencia que en este caso, no representan el sentir y del pueblo colombiano.
A este paso, de forma inversa, no queda otro camino que acudir a los organismos internacionales, pues atentar contra el agua, la fauna y la flora de forma sistemática, también son crímenes ambientales que van en contravía de nuestro ordenamiento constitucional.
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