Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ Las creciente escalada del conflicto que enfrenta a la insurgencia con las fuerzas regulares, asociada a la inhumana degradación resultante de las distintas manifestaciones de violencia, la generalizada anarquizarían e inseguridad de la vida social, nos obliga a todos los colombiano a reflexionar sobre la forma de resolver el nivel de conflicto existente, el imaginario colectivo desea la construcción de una sociedad productiva, en crecimiento constante, con instituciones fuertes y con una situación de orden público que controle el Estado.
No tengo duda que las motivaciones del presidente Gustavo Petro al asumir el compromiso de la Paz Total, se dirigen en ese sentido, empero no han faltado los tropiezos y las exigencias a veces absurdas de quienes están al margen de la ley, apoyados por fuerzas oscuras, el ELN y las disidencias de la Farc, como actores principales, con su tradicional radicalismo, los grupos paramilitares y la crimialidad organizada, no han permito crear el ambiente propicio para llegar al tan anhelado deseo de cosechar una paz duradera.
Lo anterior no quiere decir que, podamos despreciar los avances logrados, debemos remar todos en la misma dirección porque éste propósito no es de un gobierno es de todos los colombianos.
Los obstáculos vienen de todas partes, los tradicionales y agazapados enemigos de la paz, los mercaderes de la guerra, los agentes de autoritarismo, la extrema derecha que todavía sueña con la derrota militar de la insurgencia, como si nunca hubiera tenido el mando para hacerlo y la idea equivocada y errónea de quienes creen que en nuestro país hay verdadera justicia, no solo desde lo social, sino del aparato de justicia propiamente dicho.
Por ello, se hace necesario que se construyan consensos en torno a los valores fundantes del concepto de justicia, y además modernizar el sistema judicial para hacerlo operante, eficaz y suficiente en la evacuación de las demandas de justicia para todos; no se desconocen los esfuerzos que se han hecho para mejorarla, pero son insuficientes.
Sin justicia, no puede haber paz sin paz no hay vida, sin vida se acaba todo, cuando se acabe todo ya no existiremos y ¿si no existimos como reclamamos? ahora es cuando debemos exigir justicia y gritar como lo hace el hambre, el odio y el deseo, lo anterior bajo el entendimiento de que la paz no es solamente la firma de un acuerdo o armisticio o la simple cesación de los fuegos de las armas.
Imagino la paz en un escenario en el que sea dable el ejercicio real de los derechos fundamentales de los colombianos; con sus propios conflictos entre los ciudadanos y grupos; que contenga a la sociedad en su diversidad, sin exclusiones ni marginamientos.
La paz como unanimismo, como armonía absoluta, donde no exista el disenso ni la diferencia ni la confrontación, no solo no es posible, ni deseable “palabra que si”.
Se trata no de suprimir el conflicto sino de reconocerlo, de permitir su expresión y desarrollo para una superación racional e inteligente del mismo. Lo que es forzoso erradicar es el actual modelo de polarización en el que las diferencias y las contradicciones las resolvemos por medio de actitudes bárbaras y antidemocráticas de acallar al adversario, sometiéndolo físicamente, desprestigiándolo a través de los novedosos medios de comunicación e incluso aniquilándolo físicamente, matándolo.
Lo anterior me permite percibir, que no contamos ni con unas nociones compartidas del ideal de justicia, ni con un sistema o aparato judicial que mediante procedimientos claros y confiables responda a las demandas que se hacen.
En relación con lo primero, los valores de lo justo frente al conflicto que no superamos y las tremendas diferencias sociales y económicas que nos separan, es lo injusto, determinando que cada ciudadano en particular o cada grupo social tenga su propia concepción.
Para quienes se consideran líderes sociales, la noción de justicia pasa por la redistribución de bienes y oportunidades. Para quiénes aún defienden a ultranza el libre mercado, lo justo es todo aquello que reconozca las potencialidades del individuo y reafirme su derecho a poseer todo lo que pueda acaparar.
Del clientelismo que pervirtió la democracia surgen expresiones como los barones electorales que se proclaman “Líderes de la Justicia Social”, y combatientes por la redención de los pobres, de esa manipulación de las necesidades sociales, solo quedan los irritantes privilegios, que se han procurado con su demagogia, mientras aquellos que se decía redimir siguen cada vez más pobres y con menos oportunidades.
Si seguimos considerando que justo es lo que conviene a cada cual, como la acumulación de riqueza, aunque se acumule la pobreza, quien razona es un rico; su visión de justicia es acorde a su situación en la sociedad. Dejando de lado el aforismo según el cual el que tenga para vivir decorosamente, debe considerarse rico.
Si lo hace un emergente, por ese camino la idea de justicia llegó a extremos de privatización de todo, hasta del propio estado con un para estado, la justicia, parcelada en favor de los de turno y de los propios intereses de los dueños del poder.
La relativización del concepto de lo justo nos lleva a una ausencia de mínimos consensos sobre los principios de justicia, lo que resulta contrario al ideal de sociedad ordenada y pacífica. Para los políticos de turno, los códigos que contienen las leyes son letra mojada, porque no respetan las leyes ni a quien las imparte.
El éxito de los procesos políticos en busca de una paz duradera, está condicionado a que los colombianos logremos entendimientos sobre la justicia como valor, al menos una aproximación a los principios mínimos que garanticen a los ciudadanos su calidad de seres dignos autónomos, libres y titulares de derechos fundamentales inalienables e imprescriptibles, con posibilidades reales de acceder equitativamente a los bienes y servicios creados por su esfuerzo.
Es necesario entender, que los principios mínimos de justicia sobre los cuales debemos ponernos de acuerdo, deben garantizar a cada ciudadano en particular o cada grupo social, la solución a sus demandas de justicia, con procedimientos agiles, claros, neutrales, imparciales y expeditos para su resolución la falta de efectividad en la administración de justicia es otro obstáculo para la paz, la rama judicial no responde ni a las expectativas ni a las necesidad de la sociedad colombiana. Ello será tema de reflexión en otra columna.
Ninguna sociedad puede subsistir y prologarse al margen de un aparato institucional de justicia, sin un sistema que se ocupe de la resolución de los conflictos que surgen entre particulares y el Estado, sin quien atienda satisfactoriamente la persecución del delito y el castigo a los responsables.
¿Se puede expoliar el delito?
La revisión al sistema de justicia es un imponderable para lograr la convivencia pacífica, la consolidación de la democracia y la real vigencia de los derechos humanos.
De tal manera, que la paz requiere justicia social y un verdadero aparato de justicia que responsa a las demandas sociales.
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*Exrepresentante a la Cámara por Santander.
