Por: Juvenal Bolívar Vega | En Colombia, la justicia electoral se enfrenta constantemente a dilemas que ponen a prueba su capacidad para garantizar el cumplimiento de la ley sin caer en excesos burocráticos. El caso del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, es un claro ejemplo de cómo los tecnicismos pueden convertirse en un obstáculo para la aplicación efectiva de la normativa sobre doble militancia.
El Tribunal Administrativo de Santander anuló en primera instancia la elección de Beltrán por considerar que había incurrido en doble militancia. Sin embargo, el Consejo de Estado, en su revisión del caso, ordenó la recolección de nuevas pruebas para subsanar posibles fallas procesales relacionadas con la acreditación de documentos clave. Este tipo de decisiones, aunque justificadas desde el punto de vista legal, generan una sensación de incertidumbre y prolongan innecesariamente la resolución de un asunto que afecta la gobernabilidad de la ciudad.
El problema radica en que, más allá de la legalidad del proceso, la ciudadanía percibe estas maniobras como estrategias dilatorias que favorecen a quienes buscan mantenerse en el poder a pesar de las irregularidades. La defensa de Beltrán ha argumentado que el fallo de primera instancia se basó en pruebas no decretadas en el expediente, lo que llevó al Consejo de Estado a solicitar documentos adicionales para evitar futuras nulidades. No obstante, esta medida, lejos de agilizar el proceso, ha generado un retraso que impide la aplicación inmediata de la sanción correspondiente.
La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto los tecnicismos judiciales deben prevalecer sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley? Si bien es cierto que el debido proceso es un pilar fundamental del sistema judicial, también lo es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando los procedimientos se extienden indefinidamente por cuestiones técnicas, el mensaje que se envía es que la justicia puede ser manipulada para favorecer intereses particulares.
El Consejo de Estado tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que la legalidad no debe ser sinónimo de dilación. La doble militancia es una falta grave que afecta la transparencia electoral y la legitimidad de los mandatarios. Si el fallo de primera instancia determinó que Beltrán incurrió en esta irregularidad, la justicia debe actuar con celeridad para garantizar que las normas se cumplan sin que los tecnicismos se conviertan en excusas para la inacción.
La democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con firmeza y claridad. En este caso, el Consejo de Estado tiene la oportunidad de reivindicar su papel como garante de la legalidad, pero también como defensor de la confianza ciudadana en el sistema electoral. La justicia no puede ser un laberinto de procedimientos interminables; debe ser una herramienta eficaz para garantizar que quienes violan la ley enfrenten las consecuencias de sus actos.
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*Comunicador Social, Candidato MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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Es un desafío para el Consejo de Estado No dejarse permear por el dinero o las influencias y fallar en derecho