La anulación de la restricción nocturna de motos en Bucaramanga no solo dejó un vacío jurídico; dejó en evidencia la debilidad con la que se diseñan las políticas de movilidad. Entre comparendos y decisiones mal estructuradas, quienes terminan pagando son la economía popular y la libertad ciudadana.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ La decisión del Tribunal Administrativo de Santander de tumbar nuevamente la restricción nocturna de motocicletas en Bucaramanga no fue un hecho aislado. Es la segunda ocasión en que esta medida es anulada por la justicia, lo que demuestra que no se trata de un simple error, sino de una falla reiterada en la estructuración jurídica.
Según lo anunciado por el director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en aproximadamente 15 o 20 días se iniciará un nuevo proceso de socialización para expedir otra resolución, corrigiendo las fallas señaladas por el juez. Es decir, la entidad reconoce que hubo errores formales en el acto administrativo.
Muchos de los veedores de movilidad han dicho que esta es la segunda vez que la justicia anula la restricción y anticipó nuevas demandas si se insiste en el mismo esquema. El debate ya no es solo técnico: se convirtió en un desgaste institucional que pudo haberse evitado con mayor rigor jurídico desde el inicio.
El director de Tránsito de Bucaramanga, afirmó que acatan la decisión judicial y que revisan con sus abogados la forma de restablecer la medida. Sin embargo, el hecho de que se vuelva a estructurar un acto que ya fue declarado inválido evidencia lentitud en la capacidad de ajuste y poca previsión en la planeación normativa.
Manrique defendió la restricción señalando que durante 2025 se registraron diez muertes menos en comparación con 2024. Según la entidad, la medida contribuyó a reducir la accidentalidad nocturna y a mejorar la seguridad vial, especialmente frente a conductores que combinan alcohol y motocicleta.
No obstante, los datos, aunque relevantes, no sustituyen la necesidad de construir políticas sólidas. Reducir muertes es un logro importante, pero una política pública no puede depender exclusivamente de un indicador sin blindaje jurídico. Si la norma se cae, el resultado pierde estabilidad.
El problema de fondo es que la movilidad en Bucaramanga no se resuelve únicamente con restricciones horarias. La ciudad enfrenta retos estructurales: informalidad en el transporte, débil cultura vial, congestión creciente y limitadas alternativas de movilidad sostenible. Frente a estos desafíos, la respuesta institucional luce limitada.
La reiteración de actos administrativos anulados proyecta una imagen de improvisación. Más que una estrategia integral de movilidad, parece una sucesión de decisiones correctivas. Y cuando la gestión se vuelve reactiva, la eficiencia se resiente.
Además, insistir en medidas que afectan directamente a motociclistas que dependen de su vehículo para trabajar implica impactos económicos que deben ser evaluados con mayor profundidad. La libertad de locomoción y la dinámica productiva no pueden quedar subordinadas a actos administrativos frágiles.
La discusión no es si debe haber control. El control es necesario. La discusión es si la Dirección de Tránsito está abordando los verdaderos problemas estructurales de la ciudad o si su gestión se ha concentrado en medidas visibles, pero jurídicamente débiles.
Una política eficiente requiere planeación técnica, análisis económico, respaldo jurídico sólido y participación ciudadana real. Cuando estos elementos fallan, lo que se produce no es orden, sino incertidumbre.
Bucaramanga necesita una autoridad de movilidad que no solo imponga restricciones, sino que diseñe soluciones sostenibles y bien estructuradas. Porque insistir en fórmulas que ya fueron anuladas no fortalece la seguridad vial; debilita la institucionalidad.
La discusión no puede quedarse en si la restricción vuelve o no vuelve el próximo mes. Ese es apenas el síntoma. El verdadero problema es que Bucaramanga sigue sin una política de movilidad integral, coherente y técnicamente sólida. Y ahí es donde los ciudadanos no pueden seguir en silencio.
No se trata de defender la imprudencia ni de desconocer la necesidad de control; se trata de exigir que las soluciones no sean superficiales. La ciudad necesita un sistema de transporte público fortalecido, incentivos para tecnologías menos contaminantes, educación vial constante y decisiones jurídicas bien construidas.
Si la ciudadanía no eleva el nivel del debate, las autoridades seguirán apostándole a medidas rápidas que lucen firmes, pero que terminan cayéndose.
Es hora de que gremios, trabajadores, universidades, veedurías y ciudadanos organizados exijan mesas técnicas reales, estudios públicos y rendición de cuentas con datos verificables.
La movilidad impacta la economía diaria, el empleo nocturno, la seguridad y hasta la salud ambiental.
No puede seguir reducida a retenes y operativos esporádicos que afectan principalmente al trabajador informal. Bucaramanga necesita presión ciudadana inteligente, argumentada y constante. Porque cuando la sociedad exige planeación y no improvisación, obliga a que la gestión pública deje de reaccionar y empiece, por fin, a gobernar con visión.
…
*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
Facebook: Luis Carlos Heredia
Celular: 3154197438
Twitter: @LUISKHeredia
