Por: Carlos Monroy/ Desde la Constitución Política de 1991 se proclama en Colombia una Democracia Participativa, es decir aquella Democracia en donde las decisiones de poder las toma el pueblo no solo a través de los Representantes que ha elegido para tal fin sino también de manera directa; de tal suerte que resulte una mixtura entre Democracia Representativa y Democracia Directa, dejando atrás la estricta Democracia Representativa de la Constitución de 1886 donde solo el Congreso podía reformar la constitución y el pueblo era un simple espectador de los cambios sustanciales al ordenamiento jurídico colombiano, nace entonces por lo menos en el papel: La Participación Ciudadana y los diferentes mecanismos, instancias y formas para su materialización.
La Democracia Participativa hasta la fecha ha sido una promesa incumplida del Estado colombiano para con la Sociedad Civil, toda vez que el componente de Democracia Directa que podríamos ver esgrimido en buena parte del control social a lo público, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana, tales como el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa, el referendo y la revocatoria del mandato; ha sido casi nulo debido a la falta de una pedagogía y por ende cultura de participación ciudadana y de una reglamentación robusta que cree instrumentos y herramientas efectivas que faciliten la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, como parte de los fines esenciales del estado.
Paradójicamente quienes han activado y hecho uso efectivo de los mecanismos de participación ciudadana no son precisamente los ciudadanos o líderes sociales sino por el contrario los líderes políticos, si vemos rápidamente durante las dos últimas décadas tuvimos un Referendo el 25 de octubre del año 2003 promovido por el primer mandatario de la nación donde el pueblo aprobó 15 propuestas legislativas de las cuales tan solo 1 es acogida por alcanzar el umbral (6.673.050), pregunta que consistía en la llamada “muerte política” que prohíbe a las personas condenadas por delitos de corrupción candidatizarse a cargos públicos o recibir contratos del Estado. Posteriormente el 11 de agosto de 2008 el grupo político del entonces presidente entrega 5.000.000 de firmas a la Registraduría iniciando el trámite de otro referendo, esta vez para lograr la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, proceso que fue tumbado por la Corte Constitucional en su histórico fallo del 26 de febrero del año 2010 tras comprobar que hubo irregularidades en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de lo permitido.
El 02 de octubre del año 2016 el entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos convocó mediante un Plebiscito a la ciudadanía para que expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, consulta que no era obligatoria pero que el primer mandatario consideró importante realizar para dotar de legitimidad el proceso, lamentablemente de los 13.066.025 de ciudadanos que se manifestaron el 50,21% votó negativamente rechazando los acuerdos de paz, ante lo cual el Presidente Santos tras un diálogo exprés con los sectores de oposición, modificó el texto de los acuerdos y los sometió ya no a una refrendación popular sino más bien política ante el Congreso para iniciar la implementación de los mismos.
Desde que fue implementada la Revocatoria del Mandato como mecanismo de participación ciudadana en la constitución de 1991 se han convocado 56 elecciones sin prosperar ninguna de ellas debido a que la votación total no alcanza el umbral para que el resultado sea considerado válido, hasta el domingo 29 de julio del año en curso en el municipio de Tasco del Departamento de Boyacá, donde de los 1658 ciudadanos que acudieron a las urnas 1.609 decidieron revocar el mandato al alcalde Nelson Javier García Castellanos, quien había sido elegido en el año 2015 con el aval del partido Alianza Verde. En este caso si bien quien lideró la revocatoria fue el líder campesino Pedro Castañeda, en varios medios de comunicación se reflejan testimonios sobre la influencia de un grupo político en el que inclusive señalan hicieron parte el senador Ciro Ramírez y el diputado Guillermo “el mono Sánchez” del Centro Democrático. No obstante, el hecho fue aplaudido a nivel nacional por consolidarse como el primer proceso exitoso de revocatoria del mandato en todo el país.
Y el último mecanismo de participación ciudadana a destacar es la Consulta Popular Nacional Anticorrupción realizada el pasado domingo 26 de agosto, mecanismo activado por la entonces senadora Claudia López y al cual acudimos 11.674.951 ciudadanos para expresarnos en las urnas, aunque faltó el centavo para el peso al no alcanzarse el umbral de participación requerido (12.140.342), en reunión con los promotores de la iniciativa y representantes de los partidos políticos en el Congreso, el Presidente de la República Iván Duque decide respaldar con mensaje de urgencia los proyectos de ley que busquen implementar los 7 mandatos de la consulta.
Como corolario pues de esta breve mención de los principales y más recientes mecanismos de participación ciudadana activados en Colombia podemos señalar que no existe una cultura de participación ciudadana debido a la ausencia de una pedagogía con enfoque territorial sobre la materia, y que más allá de la discusión sobre la conveniencia de los asuntos que se tramitan a través de los mismos, son los líderes políticos y no los ciudadanos o líderes sociales los que están activando y haciendo uso efectivo de estos mecanismos como los mejores instrumentos de la Democracia Participativa que la constitución pone a disposición de la sociedad civil para tramitar sus demandas sociales.
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