La Procuraduría General de la Nación dejó claro que desde el año pasado adelantó un proceso de allanamiento y registró una base del Ejército Nacional por orden de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, debido a otra investigación que adelantaba la funcionaria desde su despacho.
En la diligencia se recopiló información digital que en este momento es estudiada por el ente de control. Además, se comprobaron algunas anomalías que dejaban ver las supuestas interceptaciones a magistrados, políticos y periodistas.
Por ser una orden de la Corte, el caso está en manos de la misma, aunque la Procuraduría aseguró que continúa avanzando en el proceso de análisis de información.
