Los Equipos Básicos de Salud EBS fueron concebidos como una estrategia transformadora para llevar atención preventiva a las comunidades más vulnerables. Preocupantemente, en municipios como Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga, la falta de resultados verificables y transparencia pone en duda su implementación real.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ El Gobierno nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, quiso implementar una transformación profunda del sistema de salud, centrada en un nuevo enfoque de atención preventiva y comunitaria, bajo el nombre de Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. En el centro de esta apuesta se encuentran los llamados Equipos Básicos de Salud (EBS), un componente clave destinado a llevar atención básica desde los centros urbanos hacia las diferentes comunidades del territorio nacional, con especial énfasis en la prevención, la educación sanitaria y la atención primaria temprana.
En el papel, la iniciativa prometía un impacto social positivo sobre las comunidades: profesionales y técnicos de la salud desplazándose directamente a hogares, barrios y veredas para detectar enfermedades de manera temprana, educar sobre prácticas de autocuidado y servir como primer punto de contacto con el sistema de salud. Teóricamente, este enfoque podría aliviar, a mediano plazo, la actual saturación hospitalaria, reducir desplazamientos innecesarios, disminuir los costos a largo plazo y, sobre todo, salvar vidas.
Sin embargo, en la práctica, la realidad de la implementación de esta política pública de salud en territorios con necesidades reales de atención, como el área metropolitana de Bucaramanga y, en particular, el municipio de Piedecuesta, resulta desalentadora. La radiografía de esta política refleja una deficiente ejecución que enciende las alarmas y permite cuestionar incluso la posible existencia de hechos de corrupción.
El Gobierno nacional ha repetido insistentemente cifras en campañas publicitarias y discursos presidenciales que buscan demostrar el éxito de la estrategia. Según estadísticas oficiales, existen más de 10.000 Equipos Básicos de Salud desplegados en todo el país y más de 80.000 profesionales cubriendo municipios de norte a sur, desde zonas urbanas hasta las más apartadas.
No obstante, estas cifras chocan con la falta de evidencia pública, verificable y transparente sobre el funcionamiento real de los EBS en los distintos territorios de la geografía colombiana, y particularmente en el área metropolitana de Bucaramanga.
A nivel nacional, diversos análisis periodísticos e informes independientes han señalado que la ejecución real de los recursos asignados para los EBS ha sido baja o no se encuentra claramente documentada. Según el diario El Colombiano, entre 2022 y 2025 el Gobierno ha asignado alrededor de 4,2 billones de pesos para esta estrategia; sin embargo, la plataforma creada por el propio Ministerio de Salud para hacer seguimiento a la ejecución y ubicación de los equipos ha permanecido deshabilitada, y la evidencia de resultados concretos es escasa. Se estima que de más de 8,2 billones de pesos girados a entidades territoriales para la contratación de estos equipos, solo se ha ejecutado cerca del 14 %, según fuentes oficiales, sin que existan datos claros sobre el destino del resto de los recursos ni sobre la medición de su impacto en la salud pública.
En los municipios que integran el área metropolitana de Bucaramanga y, en particular, en Piedecuesta, donde se contrató una cantidad significativa de personal para implementar el programa EBS mediante una millonaria inversión de recursos públicos, se generó una alta expectativa ciudadana. Esto, especialmente porque muchas familias del sector rural y de asentamientos humanos del municipio han experimentado históricamente dificultades para acceder a servicios médicos básicos, largas esperas en urgencias, barreras para la atención preventiva y elevados costos de desplazamiento. La promesa de contar con equipos destinados a visitar hogares, educar en salud y detectar enfermedades de manera temprana parecía un avance significativo hacia la reducción de las brechas sociales en el acceso a la salud.
No obstante, esa esperanza pronto se encontró con una lamentable realidad: no existe evidencia clara de que estos equipos estén funcionando como se contempló en la política pública nacional ni como se anunció durante el lanzamiento del programa, realizado a mediados del segundo semestre de 2025 en el auditorio Gonzalo Mantilla Obregozo del municipio de Piedecuesta. Incluso, puede afirmarse que ni siquiera hay evidencia verificable de que los EBS estén operando de manera efectiva dentro del casco urbano o en el sector rural del municipio.
Lo único que sí puede verificarse en plataformas como SIA Observa o SECOP son millonarias cifras correspondientes a contratos de prestación de servicios (CPS) para la vinculación de personal. Ante esto, resulta indispensable que la administración municipal demuestre el funcionamiento real de estos equipos y haga públicos los resultados de su labor, en cumplimiento del principio de transparencia que debe regir el ejercicio de la función administrativa.
En el diario vivir de las comunidades rurales y urbanas del municipio, es común escuchar a los habitantes de veredas y asentamientos señalar que no han visto brigadas realizando visitas domiciliarias regulares ni procesos de seguimiento a las necesidades de salud de las familias. Asimismo, en los informes municipales de salud presentados en la última rendición de cuentas no se evidencian indicadores que muestren mejoras concretas asociadas a la presencia de los EBS. Esto deja la sensación de que el programa se ha reducido a un simple trámite burocrático: la “creación” de equipos y la contratación de personal, sin mecanismos efectivos de supervisión ni medición de resultados verificables.
Lo ocurrido en Piedecuesta -y que al parecer se repite en otros municipios del área metropolitana y en diversas ciudades del país- constituye un ejemplo clásico de cómo una política pública bien intencionada puede verse permeada por una implementación deficiente y, eventualmente, por prácticas irregulares. Cuando los recursos se transfieren sin un esquema serio de trazabilidad, control y evaluación, surgen intereses contrarios al bien común: se fortalecen estructuras burocráticas, se contrata personal sin criterios rigurosos y se abren espacios para la captura de recursos públicos por parte de actores que no comparten la visión social del programa.
La finalidad de los Equipos Básicos de Salud debería ser fortalecer la manera en que, como corresponde a un Estado social de derecho, los servicios de salud llegan a la población, generando bienestar y reduciendo las brechas socioeconómicas que históricamente han afectado a los sectores más vulnerables.
Esta situación no debe subestimarse. Se trata de salud, de vidas humanas, de equidad y de justicia social. Cuando una política pública de gran envergadura no se implementa con rigor, transparencia y responsabilidad, son los niños, las mujeres gestantes, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas —quienes más dependen de una atención preventiva real— quienes terminan pagando las consecuencias de la improvisación y las malas prácticas.
Los Equipos Básicos de Salud nacieron con una finalidad noble y, sobre el papel, pueden generar aportes significativos y positivos a la salud pública, no solo a nivel municipal, sino nacional. Sin embargo, la falta de transparencia, el bajo nivel de ejecución de los recursos y la ausencia de mecanismos rigurosos de seguimiento y evaluación han convertido lo que debía ser una política pública transformadora en un escenario de burocracia ineficiente y posible pérdida de recursos públicos. Así, lo que pudo convertirse en una auténtica revolución de la atención primaria en salud en Colombia corre el riesgo de terminar siendo otro ejemplo millonario de cómo la mala implementación y los intereses particulares pueden echar por la borda una gran iniciativa.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
