Por: Rafael Lee/ En la tarde del pasado sábado 7 de junio, todos vimos caer a Miguel Uribe, bañado en sangre, inconsciente, sostenido por los brazos de un grupo de personas que lo ayudaban aterrorizados, con miedo y llanto. En cadena nacional y a través de redes sociales se difundieron esas imágenes impactantes. Pero no solo en Colombia: la noticia cruzó fronteras, y en cuestión de minutos los medios internacionales reportaban lo sucedido, tan aterrados como nosotros. Resultaba increíble presenciar nuevamente un atentado contra un candidato presidencial, algo que no veíamos desde hace décadas. Era como si retrocediéramos en el tiempo, como si reviviéramos en carne propia la época más negra que habíamos creído superar.
Sin embargo, cuando ni siquiera nos habíamos recuperado del trágico golpe por el atentado contra Miguel Uribe, en la mañana del 9 de junio fuimos testigos de cómo el Cauca se despertó con el estruendo de las bombas. Más de 20 atentados terroristas ocurrieron ese día en el departamento, una violencia feroz que mostraba sus dientes con una brutalidad indescriptible. Nuevamente, el pasado nos alcanzaba. Ese pasado que en algún momento nos dominó, reclamaba su lugar en la historia con furia renovada.
Pero la semana no terminó ahí. El 11 de junio, el presidente Gustavo Petro y sus ministros firmaron el Decreto 0639, con el que dejaron en firme la convocatoria a una consulta popular que ya había sido negada por el Senado de la República, con el senador Miguel Uribe a la cabeza. El decreto sería inconstitucional, pues requería un concepto favorable del Senado que nunca obtuvo. Mientras Petro estampaba su firma en el decreto, sobre la mesa se podía ver la bandera de la muerte: la misma que, semanas atrás, ondeó en la plaza pública bajo la consigna «Libertad o muerte». Aquella bandera no estaba ahí por casualidad. Su presencia denotaba un mensaje subliminal, perverso, que cualquiera podía interpretar.
Miguel Uribe había manifestado pocas horas antes del atentado que denunciaría por prevaricato a los ministros que firmaran ese decreto. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Fuerzas oscuras de este país terminaron por llevarlo a una cama. Las balas cobardes y rastreras por la espalda lo tienen hoy luchando por su vida. No es difícil sacar conclusiones. Miguel Uribe se ha convertido, para algunos, en una piedra en el zapato. Desde el Congreso, su discurso comenzó a tener mayor firmeza y vehemencia, y al parecer no lo soportaron. Su proyección como precandidato y posible candidato presidencial del Centro Democrático les incomodaba.
Esa misma noche del 11 de junio, Petro llegaba a Cali y mencionaba con vehemencia en su discurso la palabra «Asamblea Constituyente», mientras la multitud gritaba «¡reelección!», una y otra vez. La máscara del demócrata mesurado y diplomático se caía, mientras revelaba su verdadero rostro: el de un proyecto autoritario que pone en riesgo la democracia.
Al parecer, todo hace parte de un plan milimétricamente estructurado. Petro sabe que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional tumbe su decreto. De ser así, se abriría la puerta para justificar una constituyente, con la que podría boicotear las elecciones de 2026. En ese escenario, las garantías electorales para el próximo año serían mínimas y, de esta manera, su deseo de aferrarse al poder podría convertirse en un hecho.
La vehemencia con la que Petro habló de la Constituyente no fue ni la mitad de la determinación que mostró al referirse al atentado contra Miguel Uribe. Lo calificó como un “leve atentado”. En cadena nacional, el mismo día del ataque contra el senador y precandidato presidencial, cuando se esperaba un llamado a la unidad nacional y una reafirmación de su discurso de paz total, lo que vimos fue todo lo contrario. Un mensaje confuso, peyorativo, incluso despectivo, en el que hizo referencia al origen de Miguel Uribe hablando en árabe, y defendiendo al sicario que atentó contra su vida, llamándolo «niño» y afirmando que el deber del Estado era proteger al sicario por tener 15 años. Unas palabras que recrudecen y revictimizan a Miguel.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó tres hipótesis sobre el intento de asesinato contra Miguel Uribe, y una de ellas sugería que el objetivo del atentado era desestabilizar al gobierno. Lo mismo insinuaron Gustavo Bolívar y la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. ¿Pueden creerlo? No deja de sorprender cómo la izquierda, sin importar el contexto, intenta jugar el papel de víctima. Atentan contra la oposición, pero las víctimas terminan siendo ellos. Es un absurdo, completamente alejado de la realidad.
La periodista Vicky Dávila expuso una hipótesis mucho más consciente, basada en sus fuentes. Según ella, detrás del atentado estaría el jefe de las disidencias de las FARC, Iván Mordisco. No solo habrían intentado atentar contra Miguel Uribe, sino también intentarían atentar contra ella misma, contra Abelardo De la Espriella y contra la senadora María Fernanda Cabal. Esta información eleva aún más el nivel de alerta en el país, especialmente cuando la inteligencia internacional de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de un atentado contra el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
De forma sistemática, pareciera que se busca desarticular a la oposición. No cabe duda de que detrás de este atentado opera una fuerza oscura, entrelazada con el narcotráfico, el crimen organizado y un brazo político que hoy ostenta el poder. Lo que ocurrió duele. Duele profundamente porque significa el regreso a la violencia como herramienta de control político.
Los terroristas y criminales son cobardes. Ejecutan este tipo de acciones y parecen ignorar por completo las lecciones de la historia. Porque si la conocieran, sabrían cuál es el final inevitable de quienes eligen la violencia como herramienta: terminan muertos en un tejado, traicionados por los suyos o condenados al exilio por el mismo sufrimiento y terror que sembraron. Esto incluye desde el sicario de 15 años hasta quien dio la orden. Podrán escapar de la justicia de los hombres, pero nunca de la justicia divina.
Los violentos creen tener poder porque disparan por la espalda contra un joven que eligió la justicia y la democracia como formas de lucha contra quienes asesinaron a su madre, la periodista Diana Turbay. Atacan a un joven que nunca ha portado armas ni ha usado camuflaje, cuya transparencia ha sido su sello, incluso en el ejercicio del poder y la política.
Pero esto solo logra despertarnos con más fuerza a quienes tenemos la capacidad de analizar la realidad del país. Nos obliga a enfrentarlos con decisión. Porque si ellos vitorean “libertad o muerte”, nosotros les responderemos con claridad: justicia y seguridad total.
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*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
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