La Jurisdicción Especial para la Paz fue notificada de una inusual orden de la Fiscalía para inspeccionar su primer proceso: el que se adelanta contra 31 exjefes guerrilleros por el delito de secuestro. En cuestión de horas, la directriz del ente investigador fue echada para atrás, según dice la entidad, en el mejor espíritu de colaboración. Sin embargo, los investigadores se alcanzaron a llevar una copia del expediente, lo cual desató el rechazo rotundo y tajante de la JEP.
A través de un comunicado, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuestionó la indebida intromisión de la Fiscalía General de la Nación, que a través de una orden de policía judicial ordenó inspeccionar el «proceso madre» de secuestro. Dicha orden también notificaba a la presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad, que lleva el caso, que debería responder a una entrevista para que informara sobre el trámite adelantado.
«Infortunadamente, la inspección judicial se llevó a cabo el día de hoy y la Fiscalía obtuvo la copia digital del expediente, en razón de la forma intempestiva como se llevó a cabo la diligencia en la Secretaría Judicial de la JEP. Esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz», aseguró la JEP.
Voceros de la Fiscalía aseguran que una vez el fiscal general conoció de la ejecución de la orden por parte de policía judicial, envió a los investigadores de regreso a la JEP para que devolvieran la copia.
Linares calificó esta acción como una intimidación a la independencia judicial que tienen los jueces de la justicia especial. Por ello, le pidió a la Procuraduría General que tome nota de la situación y adelante las gestiones que considere pertinentes.
En dicho expediente reposan informes enviados por la misma Fiscalía acerca de secuestros de las Farc, entre otros documentos relacionados con la investigación. «La JEP es una institución judicial de rango constitucional con autonomía e independencia judicial encargada de investigar y decidir los casos de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado; y como tal, debe ser respetada y acatada por todos los colombianos, pero especialmente por sus autoridades».
En el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones, #Fiscalía ha revocado orden a policía judicial para obtener copia del expediente 001 de la #JEP y efectuar entrevista a una de sus magistradas
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 4, 2018
El proceso 001 que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la JEP involucra a 31 excomandantes por los casos de secuestro en los que habría participado esta guerrilla entre 1993 y 2012, periodo en el que se habrían perpetrado entre 2.500 y 8.500 de estos crímenes.
A este choque entre jurisdicciones se suman otros casos que vienen generando tensión, como el llamado a imputación de cargos de la Fiscalía a la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, quien deberá responder por los presuntos delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. Junto con ella, también deberá responder July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, contratistas de la JEP.
