El próximo presidente o presidenta de los peruanos, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, recibirá un país no solo con grandes desafíos económicos y sociales, sino a la nación con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo por el Covid-19.
Más de 180.000 personas han perdido la vida en Perú debido al virus, según la última actualización revelada por el Gobierno el 1 de junio, que expone la gravedad del brote. Se trata de casi el triple de la cifra oficial anterior –69.342– luego de una revisión.
Y en una nación donde tradicionalmente el empleo informal ha acaparado gran parte de la economía con la que los ciudadanos afrontan el día a día, los cierres al comercio, en un intento por frenar la expansión del virus, profundizaron aún más una de las grandes deudas de los gobernantes del país: la erradicación de la pobreza. Esta problemática cerró 2020 golpeando al 30% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI).
El INEI ratificó que el aumento de ese flagelo estaría principalmente asociado a la paralización de actividades a causa de la emergencia sanitaria. Ante este panorama, economistas destacan que será imposible lograr una reactivación económica sin antes alcanzar altas tasas de vacunación contra el virus.
Vacunación, un desafío en primera línea
De acuerdo con la Plataforma de Datos Abiertos del Gobierno, hasta el 31 de mayo fueron aplicadas un total de 3.932.631 dosis de vacunas. No obstante, de ellas solo 1.191.639 se refieren a personas que han sido completamente inmunizadas con las dos inyecciones necesarias.
Se trata de una cifra muy baja para un país con alrededor de 33 millones de habitantes y uno de los más azotados por la emergencia sanitaria.
La vacunación avanza a un ritmo lento, mientras los hospitales se encuentran sobrepoblados y la disponibilidad de tanques de oxígeno también se ha visto superada. Los epidemiólogos locales ya habían advertido que las estadísticas oficiales estaban subestimando el verdadero número de muertos por el virus.
Aumentar los niveles de inoculación deberá ser sin duda una prioridad en primera línea de la agenda del próximo gobernante para salvar vidas. En la actual coyuntura, de su éxito dependerá la reactivación económica.
Esa es una de las peticiones en las que recae la esperanza de muchos peruanos que desean una recuperación reflejada en su cotidianidad. «Que mejoren en el tema de salud porque también nos afecta porque si no encontramos una vacuna o una forma de contrarrestar los contagios, de igual manera van a tener que tomar nuevas medidas y al tomar estas medidas nos perjudica», recalcó Daniel Herrera, propietario de un salón de belleza en Lima.
Mitigar la pobreza, un flagelo de larga data
Perú cerró 2020 con un crecimiento financiero en números rojos. La economía cayó 11,12%, el peor retroceso en 30 años, según el Instituto Nacional de Estadística.
La pobreza alcanzó al 30% de sus habitantes. Se trata de un aumento del 10% con respecto al año pasado, que equivale a más de tres millones de nuevos pobres.
Más allá de las cifras, la situación significa que casi un tercio de la población peruana no puede cubrir sus necesidades básicas.
Los números confirman el panorama que se ha visto desde el primer trimestre de 2020, cuando miles de personas perdieron sus empleos y dejaron las ciudades donde trabajaban para volver, en muchos casos, al campo.
«Que haya trabajo, que haya respeto, que no hagan daño al país. Solo eso. Porque todos los que entran hacen daño”, apunta Betty, una residente de la capital.
Si bien casi el 50% de la población, alrededor de 15 millones de ciudadanos, terminaron el 2020 con un empleo, de ellos, la mitad solo pudo conseguir un trabajo informal, destacó el INEI.
Se estima además que el 83,9% de los trabajadores menores de 25 años no tienen trabajos formales.
Ante este escenario, la próxima Administración tendrá que reactivar empleos adecuados para hombres y mujeres independientemente de la edad. Es decir, puestos que generen ingresos por encima del salario mínimo como paso fundamental para mitigar la pobreza.
Conseguir inversión extranjera
En una acción completamente ligada al crecimiento financiero, pero que dependerá de las asociaciones que el nuevo Gobierno logre con socios en el extranjero, la nueva Administración no solo debe sino que necesita mejorar en términos macroeconómicos.
Perú necesita recuperarse de los agujeros en sus arcas públicas, pues para paliar las consecuencias de la pandemia el país usó parte de sus ahorros y aumentó su endeudamiento. Lograr inversión es parte crucial de la ecuación para sanar sus finanzas.
El pasado noviembre, tras semanas de protestas e inestabilidad con tres cambios de presidentes, Perú decidió endeudarse por más de 100 años con un bono por 4.000 millones de dólares, una jugada tan histórica como riesgosa. “Fue un espaldarazo fortísimo del mercado de capitales y de los inversionistas globales”, dijo en ese momento a Reuters el director general del Tesoro Público del Ministerio de Economía, José Olivares.
Sin embargo, el exministro de Economía peruano David Tuesta resaltó que si bien es importante dar alivio económico a las familias más vulnerables, el siguiente Gobierno “debe evitar caer en el populismo y el facilismo del gasto, ya que si no se cuidan los recursos del Estado se generará mayor desconfianza e incertidumbre en los inversionistas”, señaló a ‘RPP’.
Tuesta agregó que la inversión de capital extranjero será vital o de lo contrario no será posible generar mayores puestos de trabajo a nivel nacional.
Corrupción, la otra pandemia a erradicar
En un país donde la gran mayoría de presidentes electos en las urnas desde 1985 han terminado encarcelados o investigados, la corrupción es una de las principales preocupaciones de los votantes.
La corrupción se ha colado incluso en el programa de vacunación nacional, en un caso conocido como ‘Vacunagate’, en el que se reveló que decenas de poderosos se inocularon con artimañas y en secreto. El escándalo salpicó al entonces presidente Martín Vizcarra, y su esposa.
Al menos 487 personas fueron inmunizadas contra el Covid-19 antes que poblaciones en riesgo y grupos prioritarios, de acuerdo con una lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que trabajó en los ensayos de la vacuna de Sinopharm con la que se practicaron las inmunizaciones irregulares.
La candidata Keiko Fujimori ha hecho campaña con un discurso de “mano dura” contra la corrupción en todas sus expresiones, mientras el aspirante de la izquierda, Pedro Castillo, ha acusado al fujimorismo de ser precisamente un referente de ese flagelo en su país. Castillo es acusado por sus detractores de ser un promotor del “comunismo” y la legitimación del saqueo, señalamientos que rechaza.
La propia Fujimori enfrenta un proceso ante la Justicia peruana. Es investigada por presunto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de otros empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, pidió 30 años de cárcel en su contra. Fujimori también es señalada de supuestamente liderar una organización delictiva dentro de su partido que habría captado recursos de fuentes indebidas bajo la modalidad de falsos aportantes. Sin embargo, la hija del expresidente Alberto Fujimori, se defiende y asegura ser víctima de una “guerra sucia”.
Acusaciones de corrupción que van y vienen y una supuesta amenaza de comunismo llegan a las urnas este 6 de junio, pero gane quien gane tendrá a cuestas una sociedad dividida y el reto de liderar una de las fases de recuperación más duras de la historia peruana.
