Ante la dualidad, la presidenta electa podría enfrentarse a la perspectiva de juramentarse ante el Supremo (cuyos magistrados responden en su mayoría al Partido Nacional del saliente mandatario Juan Orlando Hernández) o en último caso ante un juez civil.
Un aliado con pretensiones muy ambiciosas: el origen del desacuerdo
Castro y su esposo, el ex mandatario Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, habían sellado un pacto con fines electorales con varios partidos minoritarios. El presidente de uno de ellos (Partido Salvador de Honduras), Salvador Nasralla, vicepresidente en la fórmula de Castro, impuso como condición para el apoyo que se le permitiera elegir al presidente del Parlamento, cargo para el que nominó a Luis Rendondo.
Sin embargo, PSH sacó apenas 10 diputados en las elecciones generales del 28 de noviembre, y no existía un consenso en torno al nombre de Rendondo que garantizara lograr los 65 votos de la mayoría simple para su nombramiento.
Veinte de los 50 parlamentarios de Libre se aliaron, aparentemente de manera circunstancial, con grupos de derecha, entre ellos el Partido Nacional, para elegir el viernes a Jorge Cálix, miembro de Libre y el diputado más votado en los comicios de noviembre, al frente de una junta directiva provisional.
Una trifulca entre legisladores de Libre leales a Castro y disidentes impidió que la jornada continuara, en medio de las denuncias de que no se habían observado los reglamentos de la cámara.
La mandataria electa rechazó el resultado y convocó a una vigilia de sus simpatizantes en los alrededores de la sede del Parlamento, que impidió instalar allí la sesión.
Los miembros de la coalición circunstancial se trasladaron al club social Zambrano, en las afueras de Tegucigalpa, para ratificar el domingo la elección de Cálix, mientras en la sede del Parlamento los votos de diputados titulares y suplentes honraban el compromiso con Nasralla de ungir a Rendondo, quien de inmediato recibió el reconocimiento de Castro.
Un futuro incierto para la gobernabilidad de Honduras
A pesar de los desacuerdos y la expulsión, Cálix no se ha deslindado del vínculo con Castro, y ha prometido apoyar las políticas de la presidenta electa: “Queremos garantizar que seremos vigilantes de que la agenda legislativa de nuestra presidenta Xiomara Castro se cumpla”.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió un comunicado en el que hizo un llamado “a la paz y la gobernabilidad” y la embajada estadounidense en Tegucigalpa compartió a través de Twitter su exhortación a los actores políticos de “abstenerse de la violencia y la retórica de la provocación”.
La división amenaza la viabilidad de las reformas que Castro incluyó en su oferta de campaña, en áreas sensibles para el país como la pobreza y la inseguridad, y expone a Honduras a que el poder legislativo continúe en manos de los partidos Nacional y Liberal, que se han alternado tradicionalmente la presidencia.
