Inicia un nuevo año y con ellos grandes retos, metas y proyectos por desarrollar, deseándoles a todos los lectores, éxitos, salud y prosperidad en este esperanzador 2023.
Por: Carlos Roberto Ávila Aguilar/ Debo iniciar el año tocando uno de los problemas que nos angustia a todos los colombianos: la alta inseguridad. Es así que a través de esta columna quiero hacer un llamado a todos los gobernantes del territorio nacional para que atiendan con urgencia, dedicación, compromiso y responsabilidad el tema de la seguridad, ya que es un motor de alta importancia en el crecimiento y fortalecimiento del país: con seguridad, la economía se impulsa, la confianza del ciudadano se sostiene, los turistas, empresarios nacionales e internacionales invierten y mucho más.
La seguridad reclama un espacio de supremacía en la agenda 2023 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad del Estado, les corresponde, dar los lineamientos estratégicos en materia de seguridad al territorio nacional con el fin de contrarrestar tanta peligrosidad diaria en los 32 departamentos y en los 1.097 municipios de nuestro país.
Colombia vive asustada; lamentablemente la delincuencia se ha tomado: ciudades y veredas; la inseguridad ya no es una sensación, es una realidad que a diario sentimos y palpamos, no solo por lo que nos muestran las redes sociales o informes periodísticos, sino por lo que vivimos en la calle, en la cuadra del barrio, en el transporte público, en el vehículo particular, en el supermercado o tienda, en un centro comercial, en un restaurante o bar, en cualquier sitio del país.
Es terrible caminar las calles de nuestra ciudad o descansar en nuestra morada sintiendo zozobra, miedo o terror de ser asaltados, lesionados, asesinados, secuestrados, o invadidos en nuestra propiedad o en nuestra propia red social o correo electrónico, o asediados por la violencia sexual o de género; en definitiva, la acción de la autoridad de policía, a quienes respeto, es insuficiente frente a tanta proliferación de criminales.
No quiero sonar trágico, no es mi intención; sin embargo, es lo que vivimos y el llamado es a causa de la agudización del problema sin control efectivo. No cabe duda, ciertamente, existen graves dificultades generadas por la pandemia, la crisis social y económica, el narcotráfico, la pobreza extrema, la corrupción y otros temas o matices sociales o políticos, que no son menores, empero, se requiere para el país una nueva Política Criminal del Estado; la que opera actualmente fracasó.
A diario converso con diferentes grupos de amigos y el tema principal es la inseguridad; preocupa enormemente el hurto o atraco a mano armada, los homicidios, la pelea callejera por intolerancia, el secuestro extorsivo y la presencia de bandas criminales organizadas, en definitiva, la conclusión de esas reuniones es que no se puede “dar papaya” y se debe transitar en zonas o espacios “seguros”.
Cuando planteo una discusión de fondo para reformar la política criminal del Estado, entiendo que esto implica sinnúmero de retos, ya que abarca múltiples problemas sociales, herramientas políticas, estrategias del Estado y consecuencias nacionales e internacionales; sin embargo, es hora de hacerlo, el país lo necesita y la sociedad lo requiere.
La inseguridad demanda acciones contundentes reguladas por el Estado y estudiadas con dedicación por un Consejo de Sabios en política criminal, donde el Congreso de la República, las altas cortes nacionales e internacionales, ministros, colegios de abogados penalistas, universidades y muchos más actores de importancia aporten sus conocimientos para que Colombia establezca una nueva política criminal y tenga, así, una visión clara con normas fortalecidas para contrarrestar este flagelo que arremete contra la sociedad.
La Constitución Política de Colombia contiene las bases fundamentales de nuestra sociedad y en ella se desglosan lineamientos específicos muy protectores de las libertades de las personas, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho de las víctimas, como, de los autores de las conductas punibles, todo en un marco legal de proteccionismo frente a los tratados que Colombia ha suscrito con otros países, contamos con normas sustanciales y procesales del derecho penal, así como medidas penitenciarias, carcelarias y de policía, sin embargo es necesario revisar y sin alejarnos de ello, tener lineamientos más claros y contundentes en materia de criminalidad, fortalecer la institucionalidad y el respeto a la autoridad.
Es claro que para lograr concebir un criterio claro de la política criminal del Estado Colombiano, necesita de un trabajo serio, no podemos depender de argumentos populistas o politiqueros o intereses de algún sector de la sociedad sin sentido técnico; tampoco puede construirse, una política pública de la criminalidad a partir de beneficios partidistas o ventajas individuales para convertirla en votos, eso debe evitarse, sin mezquindades, odios, ni apasionamientos, ni revanchismos; tampoco puede concebirse como un tema solo de la derecha, del centro o la izquierda, no puede tener color político, debe conjugar un esfuerzo mancomunado, donde se realice con honestidad, coherencia, muchos argumentos técnicos y la razón, donde prime el interés general y el de nuestra nación.
En últimas, el Estado por años no ha podido resolver qué hacer con los fenómenos que generan la criminalidad; es urgente iniciar, la sociedad quiere vivir segura, tranquila y en paz.
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*Abogado Especialista en Derecho Público, Contratación Estatal y Derecho Penal y Magister en Derecho del Estado.
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