Por: Gustavo Herrera Acelas/ El controvertido proyecto de reforma fiscal incluye el gravamen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios públicos de los estratos más altos, amplía la base tributaria, crea un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.
El Gobierno de Colombia lo llama «Ley de Solidaridad Sostenible», pero en realidad es toda una reforma tributaria. Este jueves 5 de abril fue radicado el proyecto de ley de origen oficialista que busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares).
Controvertido, incluso desde antes de ser presentado, el proyecto plantea una serie de reformas al estatuto tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir, que reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos ante las autoridades. El punto más polémico de la iniciativa propone que, a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares de hoy) deben declarar impuesto de renta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares.
Para 2023 se prevé extender la base a aquellos que reciben una cifra superior a 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares). La ley propuesta contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario, para usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala.
De ser aprobado por el Legislativo, el proyecto crearía un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios, concretamente en 2022 y 2023. Quienes el próximo primero de enero tengan un patrimonio superior a 4.865 millones de pesos (unos 1,35 millones de dólares) podrían ser sujetos de un gravamen del 1%, pero si el patrimonio supera los 14.595 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), pagarían el 2%.
Se propone, así mismo, que a los trabajadores del sector público o privado que ganen más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.765 dólares) se les cobre durante el segundo semestre de este año el «impuesto temporal y solidario a los ingresos altos», además del impuesto de renta. Otras de las medidas previstas buscan combatir el cambio climático: eleva las sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles y crea un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
Pero no todo son nuevos cobros. La propuesta de reforma tributaria incluye alivios al pago de los aportes de seguridad social para las empresas que promuevan el acceso al empleo mediante la contratación de jóvenes de menos de 28 años, adultos mayores sin pensión o indemnización, población en situación de discapacidad con un grado superior al 75% y mujeres mayores de 40 años. Los empleadores solo deberán pagar riesgos laborales, el Gobierno asumirá los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y al pago de aportes parafiscales, tampoco estarán obligados a afiliarlos a las Cajas de Compensación Familiar. La medida aplica para las contrataciones hechas los cinco años siguientes contados a partir de la promulgación de la ley.
Las críticas contra la propuesta
Con este proyecto, el Gobierno del presidente Iván Duque espera recaudar 23 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares) que serán destinados a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social. Alrededor de 74% del recaudo provendrá de personas naturales y el resto de las empresas, reconoció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha sido blanco de críticas de quienes consideran que la reforma afectará, sobre todo, a la clase media.
Muchos conocedores en macro economía afirman que la reforma, es necesaria para sostener el gasto en un país endeudado, pero que fue mal formulada y que puede estar generando un perjuicio mayor sobre el bolsillo de los contribuyentes de menores ingresos y de pronto no tanto sobre personas y empresas de altos niveles de ingresos y de patrimonio.
La oposición y los sindicatos anunciaron movilizaciones para el 28 de abril en contra de la que será la tercera reforma tributaria en tres años de Gobierno, al tiempo que el Legislativo la discute, una tarea difícil en un Congreso que no tiene mayoría oficialista.
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