Imagine un viernes, cerca de las cuatro de la tarde, cuando un agente de tránsito inmoviliza su vehículo por una infracción. Minutos después, una grúa lo lleva a los patios. Usted acepta el procedimiento, paga la multa y espera recuperar su vehículo al día siguiente, sin imaginar que vendrán más dificultades.
Por: Álvaro Leonel Rueda Caballero | Llega el sábado y descubre que no hay atención. El domingo vuelve a intentarlo y ocurre exactamente lo mismo. Si el lunes es festivo, tendrá «la suerte» de seguir sumando otro día más de patios, no porque usted no quiera cumplir, sino porque sencillamente no hay nadie que pueda entregarle su vehículo.
Y ahí aparece el verdadero problema: no incomoda la inmovilización en sí, porque quien infringe una norma sabe que debe responder por ello. Lo difícil de entender es que, mientras la administración descansa, la factura sigue corriendo. Le cobran el viernes, el sábado, el domingo y el lunes festivo, aunque durante esos días nunca haya existido una posibilidad real de retirar el vehículo. En otras palabras, el ciudadano no solo termina pagando la infracción; también termina pagando el descanso de la administración.
Entonces el problema no está en que exista una sanción, sino en que el costo de esa sanción siga creciendo durante días en los que el ciudadano no tiene una opción real de recuperar su vehículo. Por eso, el debate no debería centrarse en debilitar la autoridad de tránsito, sino en corregir una carga económica que resulta desproporcionada cuando depende de la falta de atención de la propia administración.
Yo comparto plenamente la idea de que una sociedad necesita normas, necesita autoridades que las hagan cumplir y necesita sanciones para quienes las incumplen. Ese es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho, pero lo que no me parece razonable es que una sanción siga creciendo por una causa completamente ajena al ciudadano. No porque este quiera evadir su responsabilidad, no porque se niegue a pagar la multa, sino porque la propia administración no le brinda la posibilidad de culminar el trámite.
Por eso la pregunta no es si las autoridades deben inmovilizar vehículos. En muchos casos deben hacerlo y nadie discute esa facultad. La verdadera pregunta es otra: ¿puede el Estado cobrar por un servicio que no está prestando? O, mejor aún, ¿puede hacer que el ciudadano asuma las consecuencias de su propia ineficiencia?
Cuando una persona paga cuatro días de patios, pero durante tres de ellos nunca tuvo la posibilidad de retirar su vehículo, lo que se cuestiona ya no es solo la sanción por la infracción, sino la proporcionalidad y eficiencia del sistema.
Lo más preocupante es que esta no es una situación excepcional porque durante años ha sido el pan de cada día para miles de ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga y de muchas ciudades del país. Conductores que aceptan una sanción, pero terminan enfrentando una carga económica que sigue aumentando mientras el reloj avanza y la administración permanece cerrada.
Esa realidad fue la que nos llevó, junto con otros congresistas en el periodo pasado, a acompañar la presentación de un proyecto de ley que hoy continúa su trámite en el Congreso de la República. Después de superar su primer debate, la iniciativa tendrá un año más para culminar su discusión y convertirse en ley. No pretende eliminar las sanciones ni restarles herramientas a las autoridades de tránsito. Busca algo mucho más elemental: impedir que los costos de grúas y patios se conviertan en una segunda sanción económica para los ciudadanos, establecer mejores condiciones para la prestación del servicio y garantizar que, cuando un ciudadano demuestre que la inmovilización fue improcedente, también tenga derecho a recuperar el dinero que pagó por esos conceptos.
Sin embargo, sería un error pensar que todo se resuelve con una ley. Las ciudades también tienen que hacer su parte. En el área metropolitana hace falta tomarse en serio una política de movilidad que no solo sancione, sino que también atienda bien al ciudadano. Si los operativos se hacen los fines de semana, debería haber atención esos mismos días. Si se cobra por los patios, el servicio debería estar disponible de manera continua. Y si lo que se busca es promover una mejor cultura ciudadana, las decisiones de la autoridad también deben sentirse justas, razonables y coherentes.
Las autoridades de tránsito cumplen una tarea necesaria: proteger la vida y mantener el orden en las vías. Eso merece respaldo. Pero justamente porque su papel es tan importante, también están llamadas a actuar con ejemplo. Una autoridad que sanciona cuando debe hacerlo, pero que al mismo tiempo trata al ciudadano con justicia, fortalece la confianza. En cambio, cuando termina cobrando por los días en que ella misma no estuvo disponible, el mensaje que queda es muy distinto.
Al final, la fortaleza de las instituciones no se mide solo por su capacidad para imponer sanciones. También se mide por su equilibrio, su sentido común y su disposición a no cargarle al ciudadano aquello que depende del propio Estado. Sancionar una infracción es ejercer autoridad, pero hacer que una familia pague por los días en que nadie pudo atenderla no fortalece el respeto por la ley; lo debilita.
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*Excongresista de la República – Abogado
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