Por: Óscar Prada/ Ahora bien, para dimensionar esa noticia es necesario abordar el dilema eterno de Colombia: drogas, paz y glifosato. Este herbicida era una herramienta clave para mantener a raya los cultivos ilícitos, que son al mismo tiempo la fuente de financiamiento de la insurgencia, que destruye cualquier posibilidad de paz; dicho esto, se requiere visitar el pasado.
Una reseña histórica
Desde 1986 el gobierno de los Estados Unidos, identifica anualmente los países emisores de las drogas que llegan a su territorio. Denomina como países certificados aquellos que cooperan en la lucha contra el narcotráfico, muy a su criterio.
No es la primera vez que EEUU reprueba al gobierno colombiano. En dos años consecutivos (1995 -1996) la censura fue motivada por los altos índices de corrupción en el ejecutivo y la operación de los cárteles colombianos desde prisión.
No obstante, con la llegada del Plan Colombia a inicios del presente siglo; fue sin duda un paquete de fortalecimiento a las fuerzas militares colombianas, con amplias expectativas en su comienzo; y que en ultimas se concentró en la aniquilación del narcotráfico hasta el año 2015, donde su denominación cambió a: “Paz Colombia”.
Un par de años después en 2017, la Corte Constitucional “limitó” la aspersión de los cultivos de coca con glifosato, a través de la sentencia T-236. Lejos de prohibirlo como lo indican los detractores de la decisión, fue un condicionamiento al uso del herbicida bajo la premisa de la consulta previa a las comunidades, y la toma de un plan de precaución ante los posibles daños ambientales y a la salud.
Con lo anterior, y ante la prevalencia de la participación de las personas consignada en el acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano con las FARC E.P., la sustitución de cultivos ilícitos y su erradicación manual fue la alternativa para enfrentar el narcotráfico y devolver la paz a los territorios.
Resultados versus derechos
Con el condicionamiento del uso del glifosato, los cultivos ilícitos en Colombia han llegado a máximos históricos. En 2025 rondan las 253 mil Hectáreas de coca, muy lejos de las 102.000 registradas en 2002.
Sin duda la aspersión aérea mantenía las cifras a raya; aunque el menoscabar la vida y la naturaleza fueron factores excluidos de las estadísticas. En 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como un probable carcinógeno para humanos, siendo también un herbicida de amplio espectro que no discrimina la flora que ataca.[1]
¿Y qué relación tiene lo anterior con los derechos de las personas?, según la Unidad para las Víctimas, más de 800.000 personas dijeron que fueron victimizadas en el año 2008, y alrededor del 75% del total registrado indicó que el hecho que denunció tuvo lugar durante los años del Plan Colombia. Lo que pretendía ser la solución precarizó las garantías del eslabón mas débil; la población civil.
Importa el respeto de los derechos de las personas sin mirar su origen; sin embargo, prevalecen las garantías y el mantenimiento de las cifras en suelo estadounidense, sin importar el menoscabo humano en Colombia. La cadena de cumplimiento de los derechos humanos cuenta con visado.
Un presente semejante al pasado
A pesar de que el Plan Colombia demostró ser eficaz en la modernización de las fuerzas militares, no cosechó los frutos esperados en la lucha contra el narcotráfico. Es por ello que hoy nos encontramos en un presente semejante al pasado.
Aunque el gobierno actual ha logrado incautaciones récord, llegando a máximos inéditos de 2345 toneladas de cocaína desde agosto de 2022 hasta junio del 2025, las cifras no son sinónimo de éxito; más bien reflejan el incontrolable aumento en su producción, que, sumado a la lenta ejecución de los programas de erradicación manual de cultivos ilícitos, hacen que la soberanía de la cocaína permanezca invencible.
Bajo esa consigna se presume que a mayor extensión de cultivos ilícitos, debiese registrarse mayor área erradicada manualmente; de forma contraria, según la Unodc y MinDefensa, en 2023 fueron erradicadas bajo esa modalidad 20.223 hectáreas, muy por debajo de las 113.147 en 2020[2]
¿Existe salida?
El desalentador panorama curiosamente les da la razón a dos posturas contradictorias. Es verdad que los esfuerzos del gobierno colombiano no son suficientes para encarar el narcotráfico; como también es evidente que preservar la directriz de los Estados Unidos en la lucha antidrogas, sería asentir el callejón sin salida de hace más de medio siglo.
La solución a un problema complejo de violencia en los territorios productores, como el daño a los ecosistemas y a la salud pública a nivel mundial; no conviene simplificarlo en aumentar las hostilidades a los productores sin tratar la situación desde su origen. Sencillamente, el punto de partida es la demanda.
Elegir reprobar un país productor como Colombia, sin cuota de responsabilidad compartida en el problema global del narcotráfico; es concebir una moralidad sin principios. Se necesita reconocer que la raíz del problema no está en la coca, sino en los hábitos de cada sociedad.
La estrategia de permanecer en la eliminación de los cárteles del narcotráfico, cuando la nación más demandante de cocaína no hace mayor cosa para fomentar la disminución de su consumo interno es contradictoria. Las “aspiraciones” de Estados Unidos frente al uso de la cocaína en su territorio no trascienden de unas cuantas líneas.
Una paz sostenible no se construye con récords de incautación y hectáreas limpias, sino con políticas que dignifiquen a la población civil, reduzcan las violencias en los territorios y asuman la corresponsabilidad internacional frente a la demanda. Debatirlo ya no es una opción, es el paso necesario para que la paz deje de ser incumplida y eche raíces.
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*Estudiante de derecho.
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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