La denominada «Marcha por La Paz, Violencia Nunca Más», promovida principalmente por movimientos de derecha y centro-derecha en el país, congregó a cientos de ciudadanos en el país. En Lima, los manifestantes llegaron hasta la emblemática Plaza San Martín.
«Estamos seguros que a nivel nacional el pueblo peruano desea vivir en paz y tranquilidad», dijo Víctor Guillén, de 60 años, quien marchó en el Centro de Lima.
La marcha inicialmente también fue incentivada por altos mandos de la Policía Nacional, aunque luego el gobierno debió aclarar que la institución no participaría.
«No queremos violencia. Si bien es cierto que la Constitución consagra el derecho a la protesta, pero esa protesta no debe ser un símbolo de la violencia», agregó el manifestante Guillén en Lima.
Similares movilizaciones «Por la Paz» se realizaron en el centro y sur del país. En la capital, tres personas fueron detenidas por arrojar pintura roja a policías.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte asumió el gobierno en reemplazo de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido para ser investigado por rebelión.
Tras la caída de Castillo, un maestro rural de izquierda, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene apoyo.
Estas fueron repelidas por policías y militares, con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos.
Las manifestaciones menguaron con las fiestas de fin de año, pero gremios y organizaciones indígenas y campesinas aseguraron que volverán el miércoles 4 de enero.
Exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
En un intento por calmar las demandas, el Parlamento adelantó los comicios del 2026 para abril de 2024. La gobernante ha pedido que las protestas sean pacíficas.
Como prevención, el servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, se suspenderá el miércoles indefinidamente para garantizar la seguridad de los turistas.
En las protestas de fines de 2022, miles de visitantes quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
