La Personería de Bucaramanga instó al gobierno local hecer frente a la aguda problemática relacionada con la migración masiva de ciudadanos venezolanos a la ciudad, debido al impacto que tal fenómeno genera en diferentes frentes de acción.
Para el Ministerio Público, temas como la atención humanitaria, el acceso a ciertos servicios en materia de salud, educación y recreación, la generación de oportunidades de empleo de acuerdo a sus estatus migratorio, pero también, la necesidad de salvaguardar y proteger los bienes de uso público, como un patrimonio de la colectividad, el cual debe ser objeto de especial protección, para evitar su afectación y el deterioro del medio ambiente como derecho colectivo; generan profunda preocupación.
“La Administración Municipal debe coordinar esfuerzos interinstitucionales, entre los diferentes organismos del Estado, tanto del orden nacional como departamental y municipal, en procura de lograr una oferta integral de atención humanitaria, para los ciudadanos venezolanos asentados en el Municipio”, dijo el Personero Omar Alfonso Ochoa Maldonado.
Propuso al gobierno local, generar planes de acción concretos que permitan asumir los diferentes desafíos y responder en forma eficaz a las crecientes demandas de esa situación, con responsables claramente definidos y una hoja de ruta que cuente con un cronograma verificable que será objeto de especial seguimiento por parte del organismo de control.
(Lea también: ‘La Piña’ podría ser la testigo clave del escándalo las ‘fotomultas’ en Floridablanca)
“Se debe estructurar un plan de acción humanitario e integral para esos fines, así como su remisión al ente de control para su respectivo seguimiento y verificación”, recalcó Ochoa Maldonado.
No obstante, la Personería Municipal también instó a la Administración, a desarrollar e implementar, programas de protección y salvaguarda del patrimonio público, especialmente de los bienes del uso público del Municipio, tales como plazoletas y parques, cuyo fin es el bienestar de los ciudadanos en su conjunto, razón por la cual, los mismos no pueden ser objeto de apropiación privada, ni deterioro de su infraestructura, lo cual conlleva a la consecuencial afectación del medio ambiente, en desmedro de los intereses colectivos de la ciudadanía bumanguesa.
Para el efecto, “se requirió a la Administración Municipal el cumplimiento de su obligación constitucional y legal, de adelantar acciones tendientes a salvaguardar estos bienes de uso público, frente a cualquier tipo de afectación que ponga en riesgo ese patrimonio estatal y de contera garantizar su disfrute por parte de la ciudadanía en su conjunto”, explicó el Personero.
Finalmente, la Personería Municipal anunció que efectuará un seguimiento detallado, frente al cumplimiento del plan de acción integral requerido, así como, a las acciones emprendidas por las autoridades municipales, para la salvaguarda de los bienes de uso público, en defensa de la integridad de los mismos.
(Lea también: ¿Por qué la Procuraduría destituye e inhabilita a exalcaldesa (e) de Barichara?)
