El 1° de octubre de 2025, el Gobierno radicó por tercera vez en el Congreso, el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”.
Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Bajo ese sugestivo epígrafe que evoca la vida, la equidad social, la soberanía nacional y la justicia ambiental, se busca una transformación radical del régimen minero a uno nuevo regido por una serie de principios nacionalistas, ambientales, climáticos, de justicia, de género y étnicos que desdibujan por completo el objetivo que debe tener una reforma como ésta que no puede ser otro que promover el desarrollo sostenible de este sector tan importante y estratégico para el país.
A primera vista, el proyecto parece responder a una necesidad legítima: actualizar un código que data de 2001, superado por avances jurisprudenciales, compromisos ambientales internacionales y reclamos sociales.; y como una opción para superar el modelo actual de acceso a los títulos mineros al que descalifican como extractivista, para supuestamente avanzar hacia una minería planificada, soberana y ambientalmente responsable.
Sin embargo, el proyecto ha suscitado una oleada de críticas porque en su contenido revela profundas contradicciones.
La propuesta llevada al Congreso, revela una tendencia preocupante hacia la recentralización del poder minero, el control absoluto de la actividad por parte del gobierno central y la entrega a dedo o mediante dudosas forma de contratación que se disfrazan de selección objetiva.
Esta concentración y el modelo de ordenación de la minería que plantean no solo debilita los pesos y contrapesos institucionales que deben existir, sino que ignora el mandato constitucional de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales en materia de ordenamiento de los usos del suelo lo que involucra decisiones respecto al desarrollo de las actividades como la minera que aprovechan los recursos naturales del subsuelo.
Uno de los pilares discursivos del proyecto es la recuperación de la soberanía estatal sobre los recursos minerales. Se reafirma que todos los minerales son propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible del Estado, y que su aprovechamiento solo podrá realizarse mediante los mecanismos previstos en la ley.
Esta afirmación se convierte en un arma de doble filo porque se utiliza para desconocer la existencia derechos adquiridos y de un régimen de transición frente a los cambios normativos, generando inseguridad jurídica y conflicto con quienes hoy ostentan derechos de exploración y explotación de minerales en el país y que está desarrollando legítimamente la actividad.
Múltiples organizaciones sociales, académicas y territoriales han denunciado la falta de transparencia, la exclusión de actores clave y la ausencia de una verdadera consulta previa con los pueblos étnicos.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación del carácter de utilidad pública e interés social de la minería, lo que genera inseguridad jurídica para los proyectos en curso, sin ofrecer una alternativa para la resolución de los conflictos que se generan alrededor de la actividad.
Otro eje de crítica se refiere a la propuesta de redefinir las zonas excluibles de la minería pues su redacción ambigua y la falta de criterios técnicos precisos podrían abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades mineras y ambientales. En lugar de fortalecer la seguridad jurídica, esta disposición podría profundizar la incertidumbre que ya afecta al sector y a las comunidades.
La autonomía territorial es otro campo de tensión. El proyecto reconoce la facultad de los entes territoriales para ordenar su territorio, pero mantiene la competencia exclusiva de la Nación para otorgar títulos mineros, de forma tal que perpetúa el choque entre los niveles de gobierno, debilitando la capacidad de los territorios para incidir en estas decisiones.
Aunque se mencionan mecanismos de diálogo y consulta, no se establecen garantías efectivas para que las comunidades puedan incidir en las decisiones que afectan sus territorios.
Se ignoran las lecciones que han dejado los conflictos mineros más emblemáticos, donde la falta de diálogo genuino ha derivado en judicialización, estigmatización y violencia.
Desde el punto de vista económico, el proyecto propone ajustes en las retribuciones que deben pagar las empresas mineras, así como en los mecanismos de responsabilidad social.
Sin embargo, no se aborda de manera estructural el problema de la captura de rentas por parte de grandes conglomerados, ni se plantea una redistribución equitativa de los beneficios de la minería.
La falta de consenso también es evidente en el proceso legislativo. Aunque el Gobierno ha insistido en que la propuesta fue construida con participación de gremios, comunidades y entidades territoriales, organizaciones han denunciado que sus observaciones no fueron incorporadas, o que fueron convocadas a espacios de socialización sin capacidad de incidencia.
En lugar de garantizar el acceso progresivo de los ciudadanos y del sector productivo a los derechos mineros, con este proyecto de ley se corre el riesgo de terminar marginando y criminalizando a quienes han ejercido históricamente la minería de forma legal o como forma de subsistencia, y que tienen la actividad como parte de su cultura.
La soberanía estatal se usa como un dispositivo de exclusión más que en como herramienta de justicia redistributiva.
Por otra parte, el proyecto no establece un régimen de transición para las minas existentes, ni se definen criterios técnicos para determinar el “alto impacto ambiental” que justificaría su cierre.
Se plantea que los minerales estratégicos deben ser aprovechados para impulsar cadenas de valor, sustituir importaciones y fortalecer la soberanía tecnológica; sin embargo, el texto no define con claridad qué se entiende por “minerales estratégicos”, ni establece criterios para su selección, priorización o destinación.
Tampoco se especifican los mecanismos de articulación entre el sector minero y la política industrial.
¿Qué incentivos se ofrecerán para transformar los minerales en el país? ¿Qué papel jugarán las empresas públicas y privadas? ¿Cómo se garantizará que los beneficios de la reindustrialización lleguen a los territorios productores y no se concentren en los centros urbanos?
Sin respuestas claras, el riesgo es que la reindustrialización se convierta en una narrativa vacía
Por supuesto que se necesita una reforma a la ley minera que busque generar desarrollo con sostenibilidad y superar los conflictos que se han suscitado alrededor de la actividad; pero esta no puede imponerse desde arriba, sino que debe surgir de un verdadero pacto social y ambiental, construido desde los territorios y con las comunidades.
Su enfoque centralista, su ambigüedad normativa, su débil compromiso con la justicia ambiental y su instrumentalización de la participación ciudadana lo convierten en una propuesta riesgosa para la democracia y la sostenibilidad económica del país.
Más que una ley para la vida, este proyecto podría convertirse en una herramienta de concentración de poder, exclusión territorial y legitimación de un monopolio de la actividad para ciertos grupos de poder bajo nuevos ropajes.
Es hora de abrir un debate nacional serio, plural y transparente, que ponga en el centro a los territorios, los ecosistemas y las comunidades, y no solo los intereses particulares de unos pocos que han vuelto esta actividad parte del portafolio de criminalidad del país.
La reforma al Código de Minas debe ser la oportunidad para volver a hacer de esta una actividad próspera y decorosa, ya que es fuente de riqueza, de trabajo y de oportunidades para las regiones y sustento de la economía nacional.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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