Por: Pablo Arteaga/ Aires de esperanza siempre han corrido por el departamento, desde el Magdalena Medio santandereano, cuando por primera vez en 1918, se descubrió el primer pozo de petróleo en Colombia llamado Pozo Infantas, hasta los límites con Boyacá y Norte de Santander, con su potencial minero en oro, esmeraldas, carbón, cobre entre otros.
Desde aquella época al día de hoy, Santander ha jugado un papel sumamente importante en la generación de recursos económicos a través del proceso extractivista de petróleo, oro, carbón, cobre, etc., para la nación y el departamento, aunque desde mi punto de vista las negociaciones hechas por el Estado colombiano no han sido las más favorables para la región y mucho menos para los municipios afectados, ya que en materia de costo-beneficio frente a las afectaciones ambientales que estas generan no son la mejor negociación y, por lo contrario, deja unos pasivos ambientales y sociales sumamente altos y en algunos casos irreparables.
Otros sectores han aprovechado la disposición desmedida del Estado en el otorgamiento de licencias a multinacionales para los procesos extractivitas, al punto de que solo en Santander se encuentran 570 licencias mineras activas.
La gran pregunta que hoy me atañe es: ¿Qué ha sopesado más en nuestros representantes (presidentes, parlamentarios y funcionarios públicos), un interés del “cómo voy yo ahí” que popularmente se conoce como CVY, o la real responsabilidad de representar los intereses de un pueblo llamado estado colombiano?
Esto lo digo, porque si bien es cierto que el desarrollo minero le ha generado fuertes sumas de dinero al país en contraprestación por permitir procesos extractivitos agresivos y colocándolos como prioridad en todas las agendas, también es cierto que muchos de estos procesos extractivistas están deteriorando nuestro territorio de manera silenciosa y progresiva, en complicidad de funcionarios corruptos que se hacen los de la vista gorda, acabando con nuestros recursos naturales al igual que con nuestros ecosistemas, hechos que finalmente terminan generando un desplazamiento involuntario de las poblaciones asentadas en el territorio afectado.
Casi podría decir, en Colombia se comienzan a ver los primeros síntomas de una política perversa conocida en el mundo como ‘Necropolítica’, la cual está fundamentada -según Achille Mbembe- en la política como un instrumento que designa a una población o comunidad que debe ser “sacrificada” en beneficio de intereses particulares específicos, que como el cáncer crece, invade, destruye y hace metástasis en los demás órganos hasta producir la muerte de nuestro territorio con el único fin de salvaguardar los intereses de las multinacionales extranjeras.
Solo por hacer mención, revisemos algunos hechos históricos en el departamento que reflejan la práctica de la necropolítica moderna, en donde se ha generado la defensa de los intereses de empresas multinacionales extractivas en el departamento y que en algunos casos han generado muerte, desplazamiento y destrucción de los ecosistemas.
En el caso del páramo de Santurbán, en donde estaban en juego los intereses de una empresa canadiense llamada GreyStar, la cual pretendía hacer un cráter de dos kilómetros en pleno corazón del páramo para extraer el preciado oro, la cual posteriormente cambio su nombre a Eco-Oro y que gracias a las acciones emprendidas por grupos de ambientalistas y dolientes de la protección del páramo y su producto más preciado el “agua” han logrado detener las perversas intenciones de la multinacional.
Por otro lado, tenemos la Represa de Hidrosogamoso, proyecto de ingeniería que a pesar de todos los conceptos negativos dados por algunos estudiosos del caso y detractores del proyecto, debido al gran impacto negativo que generaría a los ecosistemas del área de influencia, lo realizaron y también generó un desplazamiento de los habitantes del territorio, primando los intereses particulares y que hoy cabe resaltar que la empresa que la operaba Isagén fue vendida a la multinacional canadiense Brookfield Asset Management por un valor de $6,4 billones y hoy es dueña del 57,6%.
También podríamos hablar de la explotación de carbón en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes que está en plena ejecución y que traerá afectaciones importantes a los ecosistemas en esta zona protegida.
No podríamos cerrar esta columna de opinión sin mencionar la gran tragedia ambiental que según los estudiosos de la materia y organizaciones ambientalistas a nivel mundial advierten sobre la consecuencia de la práctica de explotación no convencional de hidrocarburos, pero que a los gobiernos nacional, departamental y local al parecer, le es totalmente indiferente.
Se que al igual que yo, se hacen muchos interrogantes en medio de esta encrucijada. ¿Será la Necropolítica es estrategia perversa por parte del gobierno y las multinacionales para quedarse con los territorios y desarrollar las actividades de minería extractiva? ¿Creen ustedes amigos lectores que vale la pena seguir poniendo en riesgo nuestros tesoros más preciados a cambio de míseras monedas?
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