El Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito para reemplazar la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un paso recibido con euforia por el mercado tras casi un mes de estallido social.
«El acuerdo por una #NuevaConstitución es histórico y una muy buena noticia (…) Hoy fue definitivamente desahuciada la Constitución de Pinochet. Hay trabajo por delante», dijo Jaime Bassa, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaiso.
Entre las primeras reacciones de optimismo destacó la Bolsa de Santiago, que empezó la jornada disparándose más de 6%, mientras el dólar registraba una caída abrupta luego de tocar máximos históricos y superar los 800 pesos por dólar desde el martes, cuando hubo un recrudecimiento de la violencia.
En casi 30 años de democracia, nunca prosperó ninguna iniciativa para cambiar de raíz la Constitución, principalmente por la oposición de la derecha en el Congreso.
En medio de un clima esperanzador, reina cierta incertidumbre ante una nueva convocatoria en redes sociales para otra gran marcha el viernes en la tarde en Plaza Italia, el punto clave de las concentraciones masivas que desde el 18 de octubre han puesto en jaque la estabilidad política y económica de este país de 17,5 millones de habitantes.
Ricardo Belmar, administrador de una ferretería de 54 años, dijo que iría a la marcha del viernes, pero en tono de festejo por un logro: «Es un día histórico. No teníamos una Constitución hecha por el pueblo. Era una Constitución hecha entre paredes», dijo haciéndose eco de un reclamo clave en las protestas.
El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas del país, anunció de madrugada que el llamado a un plebiscito para cambiar la Constitución era «una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad», afirmó.
El Partido Comunista fue la única agrupación que se restó de este acuerdo y después de horas de intensas negociaciones, los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera firmaron un «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», en el que se comprometieron a aprobar un llamado a plebiscito.
Lo que viene
La consulta de abril de 2020 incluirá dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución: una «comisión mixta constitucional», una «convención constitucional» o una Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la «convención constitucional», promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para esta ocasión.
Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución será con sufragio universal y voto obligatorio.
«Nosotros estamos contentos de haber podido contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia», afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
«La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea constituyente», dijo Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).
Del metro a la Constitución
El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas para reclamar profundas reformas sociales al gobierno, que estuvieron acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
En momentos en que el país ardía, Piñera apostó por un «acuerdo por la paz» en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis social, iniciada por un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago en rechazo a un alza en las tarifas y que luego generó la mayor revuelta en tres décadas.
«Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
«Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana. Gracias secundarios que tan mal te han tratado», escribió en Twitter, la periodista Lucía López.
