El paro armado del ELN por setenta y dos horas se presenta como una amenaza latente que pone en vilo a regiones enteras del país, siembra miedo colectivo y expone la incapacidad del Gobierno Petro para garantizar seguridad, control territorial y protección efectiva a los ciudadanos.
Por: Rafael Lee/ El Ejército de Liberación Nacional decreta un paro armado de 72 horas como demostración abierta de poder. No se trata de un hecho aislado ni coyuntural. Es una advertencia permanente que puede activarse en cualquier momento y que refleja la fragilidad del Estado.
Un paro armado no es protesta ni reivindicación política. Es un mecanismo de dominación violenta. Consiste en imponer órdenes ilegales sobre la población civil, restringir la movilidad, forzar el cierre de actividades económicas y condicionar la vida cotidiana mediante el miedo. Desde el primer momento, la amenaza se traduce en bloqueos de vías, interrupción del transporte y advertencias directas a comerciantes, conductores y comunidades rurales. Familias enteras se ven forzadas al confinamiento ante el riesgo de represalias armadas.
Lo más grave no es solo la amenaza del ELN, sino la ausencia de una política preventiva eficaz. El Gobierno conoce este tipo de anuncios y, aun así, no actúa con la anticipación necesaria para neutralizar el impacto antes de que el temor se instale. La respuesta oficial suele llegar después, en forma de declaraciones y órdenes tardías, cuando el daño psicológico y económico ya está en marcha. Gobernar la seguridad no es reaccionar, es anticiparse, y esa anticipación no se percibe.
Este escenario evidencia el desgaste de la política de “paz total”. Mientras el Gobierno Petro insiste en el diálogo como eje central, los grupos armados ilegales interpretan esa narrativa como debilidad y amplían su capacidad de intimidación territorial.
El ELN no entiende la paz como un propósito compartido, sino como una oportunidad estratégica. Cada concesión sin control y cada cese mal verificado se convierte en una ventaja para fortalecer su presencia armada y su dominio social.
La población civil queda atrapada entre el miedo y el abandono institucional. No hay épica revolucionaria cuando un campesino no puede sacar su cosecha, un comerciante cierra por amenaza o una familia limita su movilidad para sobrevivir. La amenaza del paro armado confirma que en amplias zonas del país la autoridad real no la ejerce el Estado. Son los grupos armados quienes imponen horarios, normas y castigos, mientras la institucionalidad aparece de forma intermitente.
La inclusión de estructuras urbanas del ELN en este tipo de anuncios eleva la sensación de inseguridad nacional. Aunque su capacidad operativa urbana sea limitada, el objetivo es generar zozobra y demostrar que el control estatal es incompleto.
El presidente Petro suele reaccionar con discursos firmes una vez la amenaza está sobre la mesa. Sin embargo, la firmeza verbal no sustituye una política de seguridad coherente, sostenida y respaldada con acciones concretas en el territorio. La estrategia gubernamental muestra contradicciones evidentes. Se deslegitima la acción de la Fuerza Pública, se le imponen restricciones políticas y luego se le exige contener amenazas complejas sin respaldo claro ni reglas definidas.
Las Fuerzas Militares y de Policía operan en medio de inseguridad jurídica y mensajes ambiguos. En esas condiciones, enfrentar a grupos armados ilegales disciplinados y sin límites éticos se convierte en una tarea cada vez más difícil. Los organismos de control alertan de manera reiterada sobre riesgos humanitarios, confinamientos forzados y vulneraciones de derechos fundamentales. Estas advertencias se acumulan sin que se traduzcan en una transformación real de la política de seguridad.
La amenaza del paro armado también tiene un impacto económico estructural. El solo anuncio afecta el transporte, el comercio, la inversión y la confianza, profundizando la crisis en regiones históricamente abandonadas por el Estado. La inseguridad no es un asunto marginal ni sectorial. Es un obstáculo directo para el desarrollo, el empleo y la cohesión social. Ningún proyecto económico prospera donde la ley no se impone con claridad.
El discurso oficial tiende a relativizar estas amenazas, presentándolas como episodios aislados. Sin embargo, la repetición de paros armados demuestra que se trata de un patrón que se consolida ante la falta de autoridad estatal.
El contexto para el 2026
Este contexto empieza a definir el debate político hacia 2026. La seguridad emerge como el eje central de la discusión nacional, no por ideología, sino por la urgencia de garantizar la vida y la libertad de los ciudadanos. Los colombianos comienzan a entender que la paz no se construye desde la debilidad ni desde la renuncia a la autoridad. La paz requiere control territorial, presencia institucional y respaldo efectivo a la Fuerza Pública.
El próximo presidente será evaluado, principalmente, por su capacidad de enfrentar sin ambigüedades a los grupos armados ilegales. La seguridad se convierte en el principal criterio de confianza ciudadana.
El Gobierno Petro carga con el costo político de una estrategia que no logra contener estas amenazas. La inseguridad deja de ser regional y se transforma en una preocupación nacional que atraviesa todo el país. La ciudadanía muestra señales claras de cansancio frente a la ambigüedad. La idea de gobernar sin ejercer autoridad pierde legitimidad ante una realidad marcada por el miedo y la intimidación.
La amenaza del paro armado del ELN no es solo un acto criminal. Es un mensaje político que evidencia quién impone las reglas cuando el Estado se repliega y duda. La seguridad se proyecta como el eje fundamental del 2026 porque representa lo elemental: vivir sin miedo. Ninguna reforma ni proyecto ideológico es viable bajo la amenaza permanente de las armas.
Colombia enfrenta una disyuntiva estructural. O reafirma la autoridad legítima del Estado o continúa cediendo espacio a quienes gobiernan desde la violencia y la coerción.
El paro armado del ELN deja una lección permanente. La seguridad no puede ser secundaria, negociable ni ideologizada. Es la base del Estado, de la democracia y del rumbo político que Colombia está llamada a decidir.
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*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
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