El cierre del Parque La Flora no es un hecho aislado ni una simple “fuerza mayor”, sino la evidencia de una falla grave en la gestión del arbolado urbano en Bucaramanga.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ Los repetidos accidentes por caída de ramas y árboles, pese a las advertencias y antecedentes, revelan ausencia de mantenimiento preventivo y desconocimiento o desinterés por las normas ambientales vigentes.
Mientras la administración insiste en una visión de seguridad basada en más policías, se ignoran riesgos técnicos permanentes que no se resuelven con vigilancia, sino con planificación, podas técnicas, evaluaciones fitosanitarias y gestión ambiental responsable.
La crisis de La Flora demuestra que la seguridad ciudadana también es seguridad ambiental y que prevenir es mucho más eficaz y ético que reaccionar después del accidente.
El cierre temporal del Parque Ecológico La Flora en Bucaramanga, tras la caída de dos árboles que afectaron redes eléctricas y pusieron en riesgo a los visitantes, no debería verse como un hecho aislado ni como una simple “fuerza mayor”. Es una alerta clara sobre cómo estamos gestionando o dejando de gestionar el arbolado urbano.
La Flora no es un parque cualquiera. Es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, un espacio al que diariamente acuden ciudadanos para hacer ejercicio, respirar aire limpio y reconectarse con la naturaleza.
Precisamente por eso, su gestión debe ser ejemplar. Sin embargo, los antecedentes muestran un patrón preocupante: en los últimos meses se han registrado con relativa frecuencia desprendimientos de ramas y caídas de árboles.
En septiembre, un joven resultó lesionado en el rostro por una rama de gran tamaño; en junio de 2025 el parque ya había sido cerrado por un evento similar. Cuando los hechos se repiten, dejan de ser accidentes aislados y se convierten en una señal clara de fallas preventivas.
Desde el punto de vista normativo, en Colombia el manejo del arbolado urbano no es improvisado ni discrecional. El Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa ambiental, establece la obligación de proteger los recursos naturales renovables bajo criterios de prevención del riesgo, conservación y sostenibilidad.
A esto se suman las directrices de las autoridades ambientales regionales y municipales, que exigen la formulación y ejecución de planes de manejo del arbolado urbano, con inventarios actualizados, evaluaciones fitosanitarias, análisis de estabilidad y podas técnicas realizadas por personal capacitado.
Es clave aclararlo: podar árboles no es “cortar por cortar” ni mucho menos una acción estética. La normativa ambiental indica que las podas deben ser técnicas, justificadas y preventivas, orientadas a reducir riesgos, mejorar la salud del árbol y proteger a la ciudadanía.
De igual forma, cuando un árbol representa un riesgo inminente, la tala solo puede realizarse con autorización de la autoridad ambiental competente y debe ir acompañada de medidas de compensación ambiental, como la siembra de nuevos individuos.
En este contexto, el cierre del parque fue una medida responsable e inevitable. No obstante, resulta preocupante que las acciones se activen únicamente después del incidente.
La gestión ambiental moderna se basa en la anticipación, no en la reacción. Esperar a que un árbol caiga, dañe infraestructura eléctrica o lesione a una persona para intervenir es contrario a los principios de prevención y precaución que rigen la política ambiental del país.
También hay un componente de responsabilidad institucional que no puede ignorarse. Cuando existen reportes reiterados de riesgo y no se actúa de manera oportuna, pueden generarse consecuencias no solo ambientales, sino también administrativas y civiles, especialmente si se demuestra que hubo omisión en el mantenimiento del arbolado en un espacio público de alta concurrencia.
El Parque La Flora no necesita únicamente una reapertura rápida para calmar la presión ciudadana. Necesita una intervención técnica integral, basada en normas ambientales, criterios de ingeniería forestal y gestión del riesgo. Esto implica diagnósticos serios, mantenimiento periódico, transparencia en las decisiones y una comunicación clara con la comunidad.
Cuidar un parque no es solo sembrar árboles para la foto o para cumplir con las redes sociales de las corporaciones autónomas regionales.
Es invertir de forma constante en planificación, mantenimiento y prevención. Un árbol bien gestionado es sinónimo de vida, bienestar y sostenibilidad. Un árbol abandonado, por el contrario, puede convertirse en un riesgo silencioso.
Por eso es importante para los ciudadanos que La caída de estos árboles debería ser el punto de inflexión para entender que la gestión ambiental urbana no es un gasto, sino una inversión en seguridad, salud pública y calidad de vida. Porque proteger la naturaleza también implica saber cuándo y cómo intervenirla, con criterio técnico y responsabilidad.
La crisis del Parque La Flora expone algo más profundo que la caída de unas ramas: revela una forma peligrosa de entender la seguridad en Bucaramanga.
Bajo la administración del alcalde Cristian Portilla, sucesor de Jaime Andrés Beltrán, parece haberse instalado la idea de que la seguridad ciudadana se garantiza poniendo policías en cada parque, como si los riesgos estructurales y ambientales se resolvieran con presencia armada.
Pero ningún policía (por más que se multiplique) puede detener la caída de un árbol enfermo, una rama podrida o un tronco con fallas estructurales. Ese peligro no duerme, no descansa y no responde a rondas de vigilancia: está ahí las 24 horas.
Lo ocurrido en La Flora no fue un accidente imprevisible. Hubo advertencias, hubo antecedentes, hubo personas lesionadas y hubo quejas reiteradas de la comunidad de Terrazas y La Floresta que, según denuncian los propios vecinos, no recibieron respuesta efectiva.
Cuando la administración actúa solo después de que alguien resulta herido, no está gestionando la ciudad: está reaccionando tarde. Y eso, en términos de gestión pública, tiene nombre: omisión.
La seguridad ambiental también salva vidas, pero requiere conocimiento técnico, inversión en mantenimiento y decisiones incómodas, no solo discursos ni operativos visibles para la foto como tal cual pastor de congregación religiosa justificando el diezmo.
Resulta preocupante que se priorice una narrativa de “control” mientras se descuida lo básico: evaluaciones fitosanitarias, podas técnicas, monitoreo del arbolado y aplicación real de las normas ambientales.
Los árboles no son solo paisaje; mal gestionados, se convierten en infraestructura de alto riesgo. Ignorar esto demuestra una desconexión grave entre la administración municipal y la gestión técnica del territorio.
Bucaramanga no necesita más policías vigilando parques inseguros; necesita autoridades que entiendan que la verdadera prevención no se improvisa, se planifica en lo ambiental. Y que la seguridad ciudadana también se construye con ingenieros, técnicos y decisiones responsables, no solo con uniformes y discursos de predica religiosa.
…
*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
Facebook: Luis Carlos Heredia
Celular: 3154197438
Twitter: @LUISKHeredia
