2.458.985 tunecinos, de los 8,9 electores en Túnez -sin contar los cerca de 350.000 que residen en el extranjero- votaron este lunes en el referedendo constituconal promovido por el presidente Kaïs Said. Esto supone un 27,54% de los electores, la cifra más baja desde el inicio de la transición a la democracia.
La desgana del electorado se vio en unos puestos de votación sin filas, pese a la larga jornada de 16 horas.
La oposición, que llamó a no participar en el referendo, podría ser la victoriosa del relato. Entre los electores que se movilizaron este lunes, la mayoría lo hizo para aprobar el texto redactado por el mandatario Said, por lo que se espera que los resultados sean favorables para el presidente, aunque no den una imagen transversal del deseo de los tunecinos por la altísima abstención.
La principal empresa demoscópica de Túnez estimó, tras el cierre de los colegios electorales, que un 92,3% votó a favor de la nueva Constitución. Los datos definitivos se conocerán el martes.
Reforma «Ultrapresidencialista»
Desde su concepción hasta el contenido final, este proyecto, hoja de ruta del presidente Kaïs Said, aspira a instaurar un sistema «ultrapresidencialista», como lo han advertido diferentes juristas, con amplias prerrogativas para el jefe del Estado y en ausencia de contrapoderes, así como de separación de poderes.
En septiembre del año pasado, Said creó el decreto 117 para suspender la casi totalidad de la Constitución y otorgarse el control de la mayoría de los asuntos del Estado, así como gobernar por decreto.
Túnez tiene un régimen político, semi-parlamentario, pero con prerrogativas presidenciales limitadas a la diplomacia y la defensa. El Gobierno de Said se transformó en un vasto poder que le ha dado para destituir a una imparable lista de ministros, incluidos el de Defensa y Justicia, gobernadores, altos cargos de seguridad, jueces, responsables de instituciones y empresas públicas.
Todos estos poderes para gobernar le dieron a Said la autoridad para decretar hace exactamente un año (el 25 de julio de 2021) el estado de excepción -con el que congeló el Parlamento y despidió a su gobierno- tras una jornada de movilizaciones contra la clase dirigente debido a la gestión de los sucesivos gobiernos, diez en la última década de la transición democrática que comenzó en 2011 con la caída de la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali.
Desde entonces, Said ha tenido en un año todos los poderes. El país vive una situación excepcional calificada por sus críticos como «un golpe de Estado», pero celebrada por los tunecinos que se habían exasperado con las élites políticas del país y años de estancamiento económico.
En efecto, durante este último año, otros de sus excesos han sido las investigaciones y enjuiciamientos, incluidos procesos militares contra civiles que se multiplicaron contra empresarios, diputados, activistas y magistrados, algunos por «injurias» contra el mandatario en las redes sociales.
En el año transcurrido desde entonces, Said se ha dado el lujo de gobernar por decreto y ha despedido a decenas de jueces, decisiones que han provocado una serie de protestas. Este referendo es el resultado de esa transición que ahora tiene un rumbo incierto.
La oposición, formada por la mayoría política, ha llamado al boicot y los críticos alertan que una baja participación en este referendo pondría a prueba la legitimidad del presidente porque no contempla un umbral mínimo de participación para la aprobación final del borrador constitucional.
De hecho, de los 9,2 millones de tunecinos llamados a votar en esta consulta, el 11,8% del censo había asistido a las urnas hasta el mediodía, hora local, según la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones (ISIE). Las elecciones cerrarán a las 22:000.
El proyecto gubernamental llamado del «Nuevo Túnez» debe terminar el 17 de diciembre, fecha proclamada como el Día Nacional de la «verdadera» revolución y en la que está prevista el fin del estado de excepción, no obstante, la oposición cree que sólo sea el inicio de su «deriva autoritaria».
Lo que cambiaría con una nueva Constitución
Si la nueva Carta Magna se aprueba, entraría a sustituir la actual de 2014 y conformaría un sistema político que pasa de ser parlamentario, como el actual, a uno «ultrapresidencialista».
La nueva Constitución otorgaría entonces todos los poderes ejecutivos y eliminaría los controles y equilibrios clave.
El poder del aparato judicial y del Parlamento de Túnez se reduciría considerablemente. Juristas han alertado sobre la falta de independencia judicial y de la separación de poderes que garantizan un Estado de Derecho en el nuevo texto que, señalan «codifica el autoritarismo».
Los críticos advierten que la nueva estructura política de Said podría allanar el camino a una nueva autocracia en el país que se levantó contra Ben Ali hace 11 años y dio inicio a las protestas pro-democracia de la Primavera Árabe.
La sociedad civil ha denunciado el desmantelamiento de las instituciones del Estado, disueltas y sustituidas por decreto, lo que cuestiona su independencia.
El presidente tunecino, que insiste en la creación de una «Nueva República», basó la actual hoja de ruta política en una encuesta digital realizada en enero en la que participó alrededor del 5% de los electores registrados.
