El primer ministro de Perú, Guido Bellido, anunció este miércoles la petición del Gobierno peruano a la justicia chilena.
“Se aprobó la resolución suprema mediante la cual se accede a la solicitud de ampliación de extradición activa del ciudadano peruano Alberto Fujimori Fujimori, para ser extraditado de la República de Chile y ser procesado en Perú por la presunta comisión de suministro ilegal de armas de fuego y otros, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dijo durante una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Ministerial, citado por el diario El Comercio.
A pesar de que Fujimori está preso en Perú, la petición a Chile se hace ya que fue este país el que autorizó la extradición del expresidente en 2007 por los delitos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, homicidio calificado, desaparición forzada y tortura. Y ahora, el Gobierno peruano le está pidiendo a Chile que incluya otros delitos como el suministro de armas para poderlo investigar por este caso.
En 1999, Vladimiro Montesinos, el entonces asesor de Fujimori, adquirió un cargamento de 10.000 fusiles AK-47 en Jordania, con la ayuda de traficantes de armas y luego lo revendió a las FARC. Por esto, Montesinos fue condenado en 2006 a 20 años de prisión.
Bajo el nombre del “Plan Siberia”, Fujimori aseguró en 2000 que una red de tráfico de armas había sido desmantelada mediante dicha operación. Pero, el tiempo demostró que el plan no era más que una gran mentira para ocultar el envío de armas por parte de Montesinos.
Una larga lista de abusos y delitos
Alberto Fujimori fue presidente de Perú de 1990 a 2000. En este último año presentó su dimisión vía fax desde Japón, luego de que las autoridades descubrieran una red de corrupción en la administración pública durante su mandato.
Cinco años después, Fujimori fue capturado en Chile y en 2007 extraditado a Perú. Al siguiente año, el fiscal Jorge Chávez Cotrina lo denunció por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir por este hecho.
En 2009, la justicia peruana le dictó una condena de 25 años de prisión por ser el autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
A las acusaciones se suma los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
Fujimori tiene una larga lista de abusos y delitos cometidos durante su presidencia. Se le acusa también de sobornar a congresistas opositores y periodistas; ordenar a un militar que se hiciera pasar por fiscal para registrar la residencia de la esposa de Vladimiro Montesinos; ordenar una serie de esterilizaciones forzadas a mujeres peruanas y espionaje.
En 2017, el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue anulado, lo que significa que Fujimori seguirá tras las rejas hasta 2033.
