La muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que no recibió su tratamiento, desató una controversia nacional cuando el presidente Gustavo Petro responsabilizó a su madre por no aceptar una cirugía. El caso expone fallas estructurales del sistema de salud y abre un debate ético y político.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, se convirtió en uno de los episodios más polémicos del debate público reciente en Colombia. Lo que inicialmente parecía una tragedia médica derivó en una confrontación política y ética tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien insistió en que la madre del menor tuvo responsabilidad en el desenlace.
Kevin murió el 13 de febrero de 2026, días después de sufrir una caída en bicicleta que desencadenó hemorragias internas. La condición que padecía —una enfermedad que impide la coagulación normal de la sangre— exigía la aplicación periódica de un medicamento de alto costo, que no le fue suministrado oportunamente. Según reportó El País, el menor llevaba semanas sin recibir el fármaco necesario para estabilizar su enfermedad.
La madre, Katherine Pico, aseguró que la interrupción del tratamiento se debió a cambios administrativos en la entidad promotora de salud encargada de su atención, la Nueva EPS, intervenida por el Estado. “El niño murió por falta de un medicamento”, afirmó, al rechazar la versión oficial y señalar que durante semanas solicitó sin éxito la entrega del factor de coagulación requerido.
En medio de la conmoción nacional, el presidente Petro sostuvo públicamente que la madre rechazó una cirugía recomendada por los médicos. “No aceptó una cirugía”, afirmó el mandatario en una intervención pública, agregando que existía “una constancia escrita en la historia clínica” que daba cuenta de esa decisión. En la misma línea, sostuvo que “la responsabilidad del cuidado también recae en la familia”.
Las palabras del jefe de Estado generaron rechazo inmediato en amplios sectores de la opinión pública. Asociaciones médicas, expertos en salud pública y organizaciones sociales cuestionaron el enfoque de sus declaraciones. Para ellos, el caso refleja fallas estructurales del sistema sanitario colombiano, en particular en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades raras.
La madre del menor respondió con dureza a los señalamientos. “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente”, declaró, y explicó que la cirugía implicaba riesgos graves sin el tratamiento previo, por lo que la decisión de no autorizarla fue tomada para evitar una hemorragia masiva. Su testimonio evidenció la tensión entre la decisión médica y la ausencia de condiciones clínicas adecuadas.
La polémica se amplió cuando Petro leyó apartes de la historia clínica del niño en una intervención pública. “Hay una nota médica en donde se registra la negativa de la madre a la intervención”, dijo el mandatario, lo que generó cuestionamientos por la posible vulneración de la confidencialidad médica. Críticos señalaron que esa acción desvió la atención de las responsabilidades institucionales hacia la familia del menor.
El caso de Kevin Acosta se convirtió en un símbolo de la crisis del sistema de salud colombiano. Desde 2024, el Gobierno ha intervenido varias de las principales EPS del país en medio de un proceso de reforma estructural. Sin embargo, los usuarios continúan denunciando demoras en la entrega de medicamentos, citas médicas y procedimientos especializados.
La polémica se intensificó con nuevas declaraciones del Gobierno, que insistieron en que los niños con hemofilia deben evitar actividades de riesgo. “Los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en sus actividades físicas”, afirmó Petro en otro pronunciamiento, lo que fue refutado por expertos, quienes recordaron que con tratamiento adecuado los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal.
