La reestructuración administrativa de Piedecuesta en 2017 terminó en tribunales y millonarias indemnizaciones laborales. Pero una nueva pregunta aparece: ¿cuántas reincorporaciones posteriores fueron realmente ordenadas judicialmente y cuántas surgieron de decisiones administrativas que podrían resultar irregulares? La situación amenaza con desembocar en una nueva contingencia fiscal millonaria.
Por: Oscar Humberto Cote Cote | En 2017, el Municipio de Piedecuesta adelantó una reestructuración administrativa que modificó su planta de personal y desvinculó a funcionarios. Algunas personas afectadas acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar sus derechos laborales. Alrededor de 55 personas habrían promovido demandas contra el Municipio, la mayoria de ellas inicialmente decididas en primera instancia a favor de la Administración. Algunas llegaron al Tribunal Administrativo de Santander, que en 2024 y 2025 profirió cinco decisiones que ordenaron reintegros condicionados a la vacancia legal del cargo y reconocimientos económicos que, según la información conocida, se apartaban de los precedentes jurisprudenciales vigentes.
Esos fallos en segunda instancia habrían ordenado cinco indemnizaciones por aproximadamente $1.300 millones. El Municipio no habría agotado los recursos jurídicos extraordinarios para controvertirlos. Posteriormente, la impugnación de una de estas decisiones por parte de un tercero interesado ante el Consejo de Estado prosperó. El 17 de julio de 2025, el alto tribunal dejó sin efectos el último fallo emitido por el Tribunal, al considerar que se había desconocido el precedente constitucional sobre el límite indemnizatorio de los servidores provisionales. En consecuencia, ordenó proferir una nueva sentencia y el Tribunal terminó ajustándose al límite jurisprudencial correspondiente.
La decisión del Consejo de Estado modificó considerablemente el escenario. Los posteriores pronunciamientos debían observar esos límites y los reintegros quedaron condicionados a la existencia y disponibilidad jurídica de los cargos. Por ello, la eventual amenaza de más de $15.000 millones que podrían costarle la totalidad de las indemnizaciones a los piedecuestanos se redujo considerablemente tras esta decisión, dejando como consecuencia fiscal de esos procesos los cerca de $1.300 millones ya pagados, además de otras indemnizaciones, ya no tan cuantiosas, si se cumplieran las condiciones ordenadas. Al parecer, la amenaza fiscal originada directamente en la reestructuración de 2017 habría llegado a su fin.
La discusión, sin embargo, no termina allí. El Municipio habría vinculado posteriormente a 2017 a un número importante de antiguos demandantes en cargos de planta transitoria, provisionales u otras modalidades. Según la información disponible en SAMAL, no todas esas vinculaciones parecerían estar respaldadas por una sentencia judicial que expresamente las ordenara. ¿Cuántas de estas reincorporaciones fueron realmente ordenadas por una sentencia ejecutoriada y cuántas correspondieron a decisiones administrativas adoptadas directamente por el Municipio?
Según la información disponible en los sistemas públicos de la Rama Judicial y las respuestas de la Administración, existirían solo cinco decisiones judiciales que habrían ordenado el reintegro o nombramiento de los demandantes, incluido el fallo que ordenó al Tribunal emitir una nueva decisión. Además, estos reintegros estarían condicionados a que el cargo no hubiese sido provisto mediante concurso de méritos o no hubiese desaparecido jurídicamente. Si esto es así, debe conocerse el fundamento de las demás vinculaciones, porque una cosa es cumplir una sentencia judicial y otra muy distinta crear, mediante decisión administrativa, una relación laboral que posteriormente pueda convertirse en una nueva obligación económica para el Municipio.
El asunto adquiere dimensión fiscal cuando, según declaraciones públicas del alcalde Óscar Javier Santos Galvis, realizadas en reuniones comunitarias, la eventual contingencia asociada a la terminación de estas vinculaciones podría ascender a cerca de $9.000 millones. La cifra estaría relacionada con la terminación de reintegros sin orden judicial expresa. Pero pagar una cifra así debe ser sustentado y explicado públicamente.
Si la Administración creó vínculos laborales que no estaban ordenados por una sentencia y ahora debe asumir costos para terminar esas relaciones, conciliando para evitar nuevos litigios, los piedecuestanos tienen derecho a conocer por qué se crearon, quién las autorizó y cuál fue su fundamento jurídico; cuál era la sentencia que supuestamente ordenaba cada una; si existía disponibilidad presupuestal para efectuarlas, y si los cargos pertenecían a la planta vigente. La pregunta es: ¿estamos ante el costo inevitable de cumplir decisiones judiciales o ante una contingencia creada por decisiones administrativas posteriores que pudieron carecer del soporte jurídico necesario?
Deberá establecerse si los cargos en los cuales fueron vinculadas estas personas hacían parte de la planta de personal legalmente vigente al momento de cada nombramiento, o si fueron creados, modificados o utilizados mediante figuras transitorias o provisionales para atender estas situaciones. No se puede confundir el costo generado por la reestructuración administrativa de 2017, que ya le habría costado a los piedecuestanos $1.300 millones, con el costo que pudiera derivarse de decisiones adoptadas años después para reincorporar personas sin que existieran órdenes judiciales claras y ejecutoriadas que así lo dispusieran.
Si llegara a demostrarse que hubo vinculaciones por fuera de la planta de personal legalmente aprobada, sin soporte judicial suficiente, y que estas terminaron generando nuevas obligaciones económicas millonarias, estaríamos ante una situación que ameritaría explicaciones políticas y un examen jurídico, administrativo y fiscal. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial examinó la actuación de los magistrados de los cinco fallos ya mencionados y concluyó que no había mérito disciplinario. Pero esa decisión no resuelve la legalidad de las posibles actuaciones administrativas posteriores a 2017 sin sustento judicial.
Por eso, la Administración Municipal debería publicar la relación de demandantes, el estado de los procesos, las sentencias, las órdenes de reintegro, los actos de vinculación, los cargos, los pagos y las contingencias fiscales. Debería explicar cuál es la planta de personal legalmente aprobada y cuántas personas vinculadas por causa de estos procesos se encuentran dentro de ella. No se trata de desconocer derechos laborales ni de cuestionar fallos judiciales, sino de garantizar que las decisiones administrativas adoptadas para su cumplimiento se ciñan estrictamente a lo ordenado por la ley y los jueces, y de esclarecer cualquier posible actuación irregular que, de ser acreditada, podría incluso ser objeto de investigación por posibles hechos de corrupción.
Piedecuesta no puede darse el lujo de convertir una controversia administrativa de 2017, que ya generó consecuencias fiscales para el Municipio, en una nueva excusa para crear otra factura millonaria para sus ciudadanos. Si existen obligaciones judiciales, deben cumplirse. Si existen derechos laborales reconocidos, deben respetarse. Pero si existen vinculaciones que nunca fueron ordenadas por los jueces y cuyas desvinculaciones podrían costar miles de millones al Municipio, la ciudadanía tiene derecho a saber quién las autorizó, por qué se hicieron y quién responderá por sus consecuencias. El verdadero riesgo no es cuánto puede costar esta historia: es que los ciudadanos terminen pagando dos veces, primero por las consecuencias de la reestructuración y después por dudosas decisiones administrativas posteriores sin soporte jurídico alguno.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
