Piedecuesta enfrenta un grave rezago en infraestructura y planificación debido a la falta de gestión pública, la opacidad en la inversión de los ingresos corrientes y posibles intereses particulares. El acaparamiento de la contratación y la falta de iniciativa administrativa ocasionan un crecimiento desordenado y sin visión a largo plazo, lo que se refleja en la ausencia de megaobras de conectividad y de equipamiento urbano en la localidad.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ Quienes hemos nacido en el municipio de Piedecuesta la reconocemos como una tierra próspera, con gente trabajadora y una ubicación privilegiada en el corazón del área metropolitana de Bucaramanga. Además, hemos sido testigos de su acelerado crecimiento demográfico en los últimos 25 años.
En ese corto periodo, el municipio ha pasado de tener cerca de 80.000 habitantes a alcanzar, en el presente 2025, una población cercana a las 190.000 personas, según cifras del DANE. Este aumento poblacional ha impulsado el comercio y la expansión habitacional, pero contrasta de forma alarmante con la precariedad de la infraestructura existente. Mientras Piedecuesta se expande, su desarrollo urbanístico sigue atado a una gestión pública que prioriza intereses particulares sobre el bien común. La falta de planeación, la improvisación administrativa y la ausencia de proyectos de gran envergadura impiden proyectarla como una ciudad moderna y sostenible.
Hoy, el municipio garrotero refleja una problemática común en las ciudades intermedias de Colombia: la divergencia entre el crecimiento urbano y la planeación territorial. Las administraciones pasan, los diagnósticos se repiten y los planes de ordenamiento quedan archivados. Los proyectos de infraestructura estructurales contenidos en el Banco de Proyectos Municipal siguen sin materializarse o sin que siquiera se vislumbre su viabilidad en un horizonte cercano.
El casco antiguo de Piedecuesta continúa dependiendo de una malla vial heredada desde los primeros trazos posteriores a su fundación. El sector sur, con un crecimiento casi exponencial, cuenta con vías insuficientes, y las del norte, donde habitan más de 35.000 personas, siguen siendo precarias. En materia de servicios públicos, la infraestructura actual también parece ser herencia del pasado, pues la expansión de sus redes se ha congelado hace décadas.
Solo las inversiones del orden nacional y departamental sobre la autopista —como las obras heredadas del fallido Metrolínea— y algunos proyectos de iniciativa municipal, como los intercambiadores de Guatiguará y San Francisco, maquillan la apariencia del municipio con un ligero tono de modernidad. Sin embargo, el caso del Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM) resume la parálisis de la infraestructura local, un proyecto concebido hace casi dos décadas para descongestionar la autopista y fortalecer la integración económica que, tras innumerables anuncios, estudios y promesas, sigue siendo solo eso: una promesa cuya ejecución, a la fecha, genera más dudas que certezas.
El rezago en obras de impacto no se limita a la movilidad. Piedecuesta se está convirtiendo en un “pueblito grande”, carente de equipamientos urbanos eficientes y modernos: hospitales, instituciones educativas, escenarios deportivos o zonas verdes de calidad. Este déficit es el reflejo de un municipio que crece sin planear, vivo reflejo de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente que data del año 2003.
El atraso en infraestructura se explica principalmente por dos factores: la deficiente gestión pública y la opacidad en el manejo de los recursos municipales.
En cuanto a la gestión, la actual y anterior administración han demostrado escasa capacidad para estructurar y financiar proyectos de gran envergadura. Se contratan numerosos estudios y diseños que se quedan en el papel, beneficiando únicamente al contratista, quien recibe jugosos pagos con dineros públicos por la labor pactada. La gestión ante entidades departamentales y nacionales ha sido débil y discontinua, lo que impide acceder a recursos de cofinanciación. Sin proyectos técnicamente estructurados y con estudios sólidos, resulta imposible competir por inversión pública.
A esta falta de gestión se suma la ausencia de ambición institucional. Los Planes de Desarrollo Municipal recientes carecen de metas transformadoras. Como bien lo señaló coloquialmente un concejal piedecuestano al momento de aprobar el actual Plan de Desarrollo Municipal: “Acabamos de aprobar el plan de desarrollo más plano de la historia del municipio”. En efecto, durante el actual y anterior periodo de gobierno no se ha proyectado ninguna megaobra, lo que refleja la falta de visión estratégica de la administración local.
El segundo factor es la opacidad en el manejo de los ingresos corrientes del municipio, que abre la puerta a una posible malversación, la duplicidad de gastos o el desvío de fondos hacia actividades no prioritarias. Así, los recursos que deberían destinarse a obras públicas terminan diluidos en gastos ineficientes.
Al respecto, se han presentado denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría solicitando investigar y dar claridad sobre inconsistencias contables en los ingresos corrientes y gastos municipales, por diferencias de miles de millones de pesos contenidas en documentos oficiales. Sin embargo, la pasividad de los entes de control ha sido desconcertante y su inacción resulta asombrosa. En Colombia parece que llegar a la verdad de lo que sucede con los recursos públicos de algunos entes territoriales muchas veces escapa al alcance de una simple veeduría ciudadana. Los entes de control, e incluso la misma administración municipal, deben ofrecer una explicación creíble de por qué, para la realización de cualquier obra de pequeña o mediana relevancia, se depende del departamento o de la nación, como si Piedecuesta fuera un municipio de tercera, cuarta o quinta categoría. No hay claridad sobre en qué se invierten los recursos propios producto del recaudo de impuestos locales.
La planeación pública no consiste en llenar documentos, sino en tener visión, liderazgo y persistencia. En Piedecuesta, la visión de largo plazo se ha diluido entre intereses particulares y la política de corto plazo. Cada administración llega con su propia agenda, desechando los avances de la anterior y reiniciando procesos que ya habían alcanzado etapas técnicas importantes.
Además, es un secreto a voces que la planeación local suele estar influenciada por quienes financian las campañas políticas. Este fenómeno, propio del clientelismo y la captura del Estado local, explica por qué los proyectos públicos casi siempre se diseñan más para retribuir favores que para responder a las necesidades ciudadanas.
En consecuencia, la ciudadanía garrotera padece las secuelas cotidianas de la mala gestión, la falta de planificación y situaciones que se asemejan notablemente a actos de corrupción. A ello se suman las lánguidas metas de infraestructura contenidas en los dos últimos planes de desarrollo. Es por todo lo aquí mencionado que Piedecuesta parece una ciudad sin derecho a construir obras de gran envergadura: no se vislumbra un nuevo intercambiador en las zonas más críticas, ni un segundo acueducto que garantice el suministro ante el crecimiento poblacional, ni un hospital público moderno, ni siquiera a mediano plazo.
A la ineficacia institucional se suma el acaparamiento de la contratación por parte de un reconocido contratista bumangués y, si los piedecuestanos se descuidan, según el actual panorama político, pronto podría continuar con el de un veterano senador que durante años no le ha traído nada al municipio garrotero. Cabe entonces preguntar: ¿podrá recaudar el municipio de Piedecuesta suficientes recursos para continuar satisfaciendo dos intereses económicos diferentes? Solo el tiempo lo dirá. Esta concentración de poder económico genera distorsiones, limita la competencia y perpetúa la primacía de intereses privados sobre los del común de la población.
Resulta paradójico que un municipio con tanto potencial económico y con una ubicación geográfica estratégica siga esperando su salto hacia el desarrollo integral. Piedecuesta podría ser un modelo de ciudad intermedia bien planificada, capaz de equilibrar su vocación residencial con una oferta sólida de servicios, infraestructura y conectividad. Pero, para lograrlo, se requiere algo que ha escaseado en los últimos años: voluntad política sostenida, gestión técnica rigurosa y una administración libre de compromisos electorales.
Piedecuesta necesita reencontrarse con la planeación. Urge un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado, participativo y articulado con la visión metropolitana. El municipio requiere una hoja de ruta que trascienda los cuatro años de gobierno y proyecte metas a 20 o 30 años, basadas en sostenibilidad, movilidad, conectividad y equidad.
De lo contrario, seguirá creciendo hacia el caos, hecho que, por cierto, no se vislumbra muy lejano: urbanizaciones sin vías adecuadas, infraestructuras de movilidad precarias, redes de acueducto y alcantarillado estancadas en el tiempo, una conectividad urbana deficiente, entre muchas otras falencias urbanísticas, y una ciudadanía frustrada ante la inacción de sus dirigentes. El reto no es menor, pero asumirlo es indispensable si el municipio quiere dejar de ser el eslabón débil del desarrollo metropolitano y convertirse en un verdadero referente de progreso regional.
Recae entonces en la actual administración iniciar un compromiso serio con los piedecuestanos y emprender un proceso de disrupción administrativa en favor del municipio y de su gente. Para ello, debe desligarse cuanto antes de compromisos ajenos al interés común. Piedecuesta pertenece a cerca de 190.000 habitantes y no a uno o dos individuos con intereses particulares; por eso urge, cuanto antes, que el municipio garrotero dé su primer paso para empezar a recuperar su derecho a construir megaobras.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
