Por: Rafael Lee/ El presidente Nayib Bukele, de El Salvador, llamó en su momento extorsionistas a quienes, en el gobierno anterior que lo precedió, cobraron tasas de seguridad para promover de alguna u otra manera la protección ciudadana.
Bukele no se equivocó al llamarlos así, pues estableció una comparación directa entre esos gobernantes y las prácticas históricas de la mafia. Para quienes conocen el funcionamiento del crimen organizado en Colombia, es evidente: las estructuras mafiosas han impuesto cobros a comerciantes bajo el argumento de garantizar seguridad, una práctica conocida como “vacunas”.
Estas extorsiones han servido para financiar grupos armados, guerrillas, redes de narcotráfico y demás estructuras ilegales. La gran diferencia hoy es que el cobro no proviene de organizaciones criminales, sino desde las mismas instituciones del Estado.
La seguridad es un derecho constitucional. El artículo 217 y el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia lo recalcan: todo ciudadano tiene derecho a recibir seguridad por parte del Estado. ¿Por qué entonces tendríamos que pagar un servicio adicional en la factura de energía?
La Ley 1386 de 2010, en su artículo primero, es clara al prohibir la entrega a terceros de la administración de tributos. Ninguna entidad territorial ni descentralizada puede celebrar contratos o convenios para delegar en terceros el cobro, fiscalización o sanción de los tributos. Lo reafirma también la Sentencia C-101 de 2022, en la que la Corte Constitucional declaró inaceptable que los departamentos y municipios impongan tasas adicionales destinadas a financiar fondos de seguridad ciudadana.
Esta ordenanza, por tanto, no solo es polémica: es abiertamente ilegal e inconstitucional.
La Ordenanza 015 de 2025, aprobada el 24 de abril por la Asamblea Departamental y firmada por el gobernador el 29 del mismo mes, ha generado un rechazo generalizado. Incluso el gobierno nacional, a pesar de su cuestionada legitimidad ética, la criticó públicamente. A través del Ministerio de Minas, se señaló que este tipo de cobros no solo son desproporcionados, sino que golpean directamente la economía de los santandereanos.
La situación económica del departamento es crítica. Bucaramanga, su capital, enfrenta uno de los momentos más complejos en términos de inflación y desaceleración. Los empresarios —tanto industriales como comerciales— están asfixiados por la presión tributaria: deben cumplir con la DIAN, responder al impuesto de Industria y Comercio municipal, recibir visitas y requerimientos de la Secretaría de Salud, cubrir arriendos y nóminas, y además sobrevivir a la caída sostenida de las ventas. Ahora, este nuevo tributo, que se calcula con base en el consumo de energía, amenaza con reducir aún más la competitividad empresarial.
Pero no son solo los grandes empresarios los afectados. Los tenderos y pequeños comerciantes de los estratos 1, 2 y 3 también pagarán las consecuencias. Gente trabajadora, que madruga a diario a ganarse la vida con lo mínimo, será exprimida por una decisión que no fue socializada, ni consultada, ni debatida con la ciudadanía.
Casos como el del departamento del Atlántico, donde los ciudadanos han luchado durante años para eliminar la tasa de seguridad, son un espejo de lo que puede ocurrir. No existen estudios, estadísticas ni evidencias serias que demuestren una mejora significativa en la seguridad gracias a estos tributos. Al contrario, lo único que dejan es una afectación directa al bolsillo ciudadano sin resultados comprobables.
Y como si fuera poco, es increíble escuchar lo que dijo el gobernador. Palabras textuales: “Si la empresa consume de 1 a 10 millones, pagará el 50%, porque como dijo el presidente Gustavo Petro, el que más tiene, más paga”.
No se entiende cómo esta filosofía socialista de redistribución de la riqueza terminó en boca de un gobernador que, en campaña, se mostraba como enemigo de estas ideas. Aquella lógica del “Robin Hood moderno”, que busca quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene, ha sido una de las banderas del socialismo que históricamente ha generado fracasos administrativos en muchos gobiernos del continente.
Precisamente por eso, durante las elecciones, se rechazaron de forma tan enfática las políticas de Petro. Muchos votaron por un gobernador que prometía oponerse a ese modelo centralista, intervencionista y profundamente impopular. Pero hoy, ese mismo gobernador recita los argumentos del presidente, imponiendo un tributo regresivo que difícilmente desaparecerá el 30 de diciembre de 2028, como asegura la ordenanza.
Es probable que este impuesto se convierta en el nuevo botín de futuras administraciones, que verán en él una fuente de financiación sin necesidad de mostrar mejoras reales en la seguridad del departamento.
Aquí volvimos a los tiempos de Pablo Escobar. Ya no con una pistola en la mano exigiendo “plata o plomo”, sino con resoluciones y ordenanzas. El arma, hoy, son los impuestos. Y la amenaza es otra: si no pagas, no tendrás seguridad.
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*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
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