Un nuevo atentado al erario bumangués por parte del suspendido alcalde Rodolfo Hernández fue puesto en evidencia por la Contraloría de Bucaramanga. Las retractaciones que el Mandatario Local ha tenido que hacer, producto de injurias y calumnias generadas desde su programa ‘Hable con el Alcalde’ y que se transmite por Facebook, son pagadas con dineros públicos.
Corrillos tuvo acceso a los resultados de una auditoría expres, en la cual se profiere un fallo con alcance administrativo, disciplinario y fiscal, por la utilización indebida del erario público para el cumplimiento de fallos de tutela.
El ente de control logró determinar que “para dar cabal cumplimiento al fallo de tutela radicado 2018-105, se realizó publicación en el periódico Vanguardia Liberal en la sección de clasificados en la página 12A el día 3 de septiembre de 2018, y dicha publicación fue cobrada al Municipio de Bucaramanga mediante factura de venta 81941 de fecha 3 de septiembre de 2018 por un valor de 499.800 pesos, dinero que salió de la caja menor del despacho del alcalde (…)”
Lo grave –según la Contraloría- es que, en ningún momento este fallo vinculó al Municipio de Bucaramanga, debido a que la orden fue impartida a Rodolfo Hernández Suárez como persona natural pues fue éste quien generó las vulneraciones a los derechos fundamentales.
“El juzgado nunca ordenó a la institución Alcaldía de Bucaramanga para que esta sufragara los gastos que requería el cumplimiento de la orden judicial, máxime que los actos violatorios y/o transgresiones efectuadas por el señor Hernández Suárez, en instante alguno fueron en cumplimiento de funciones como servidor público”, destaca el fallo.
“Con lo que no nos cuesta…”
El otro hecho grave que puso al descubierto la Contraloría de Bucaramanga tiene que ver con que los profesionales que le dieron trámite a estas tutelas de carácter personal e informaron a los juzgados el cumplimiento de la orden judicial fueron empleados y contratistas que prestan sus servicios a la Oficina Jurídica de la Alcaldía, lo que evidencia un mal manejo administrativo de la prestación de los servicios profesionales de los abogados que están estrictamente para la defensa del Municipio y no para la defensa particular de Rodolfo Hernández.
“Si bien es cierto que es el representante legal del Municipio y en ejercicio de sus funciones y obligaciones como alcalde Bucaramanga el señor Rodolfo Hernández Suárez, es demandado, cuenta con el apoyo de los profesionales que sirven a la Administración para la representación judicial y/o extrajudicial, sin embargo para este caso se utilizó el personal de la alcaldía para darle trámite a asuntos de carácter personal, puesto que la vulneración de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, no se pueden tomar como una actuación funcional u obligacional que le demanda su investidura de alcalde si no a una extralimitación del derecho a la libre expresión que hizo como persona natural transgrediendo los derechos de terceros (…)”, expone el fallo.
Lo legal –según el ente de control- es que dichas tutelas las tramitaran profesionales no vinculados a la Administración Municipal ya que lo que motivó a estas fue un asunto de carácter personal, generando una mala práctica de la función administrativa al utilizarse indebidamente los servicios de personal de la alcaldía como contratistas.
En total fueron nueve acciones de tutela que exigieron retractaciones al alcalde por el derecho a la honra y al buen nombre, que involucra como afectados en tres ocasiones a Héctor Rolando Noriega, en dos casos a Édgar Suárez Gutiérrez y en una ocasión a Magalis Hernández Suárez, Fernando Martínez Arenas, Fredy Antonio Anaya Martínez y Pedro Nilson Amaya Martínez.
