La Consulta Anticorrupción realizada este domingo en el país, no alcanzó el umbral mínimo requerido para su aprobación de 12’140.342 votos, sin embargo obtuvo un número de apoyos considerable tratándose de la primera vez que se convocaba este mecanismo de participación popular.
Las cifras permiten establecer un claro mensaje de los colombianos a la clase dirigente de que llegó la hora de pensar en reformas serias y de fondo que hagan de verdad transparente el ejercicio de lo público: Más de 11 millones 600 mil votos, escrutadas el 99,30 por ciento de las mesas, muy cerca de la meta exigida.
Éste fue un resultado que, como lo dijo la exsenadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta, implica un mandato “claro y contundente” al Gobierno y al Congreso para que saque adelante los siete puntos incluidos en el tarjetón.
Para ello, el próximo martes, a las 11:00 de la mañana, esos promotores presentarán en el Capitolio las iniciativas exigiendo que sean tramitadas y se conviertan en normas a seguir. Hay que decir, eso sí, que como ocurre generalmente en todos los procesos electorales en el país, la abstención fue muy alta, superó el 68 por ciento.
Aunque no se logró la cifra mínima, la realidad muestra que esos siete mandatos planteados recibieron un masivo respaldo —superando la barrera de la mitad más uno de los votos que necesitaba cada uno, en caso de haber pasado la exigente línea del umbral total— lo que representa una advertencia para los corruptos de que la gente quiere un cambio. Al final fueron más los votos de esta consulta de los que sacó el mismo Iván Duque en junio pasado, cuando ganó la Presidencia de la República.
El mecanismo contenía mandatos que iban desde el recorte de salarios de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de los bienes a los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública.
Además, restringía la posibilidad de reelección indefinida de cargos de votación popular (menos la de presidente de la República, que ya fue derogada) y obligaba a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio. Por otra parte, también buscaba transparentar la contratación con el Estado y prohibir que empresas condenadas por sobornos u otras prácticas de corrupción pudieran tener contratos con el sector público.
A la hora de buscar explicaciones, se puede hablar de indiferencia, cansancio ante tantos procesos electorales en los últimos meses, falta de pedagogía, campaña en contra efectiva o, de pronto, resignación. Ahora la continuidad de esta lucha contra la corrupción se centra en el mismo Congreso, donde comenzarán a tramitarse varios proyectos radicados por el Gobierno desde el pasado 8 de agosto, encaminados a combatir ese flagelo, y que el mismo primer mandatario había calificado como “complementarios” a la consulta.
De hecho, el jefe de Estado aseguró hoy, al momento de acudir a las urnas, que esta lucha contra la corrupción no es una causa con color político o una causa ideológica, como lo quisieron hacer ver algunos sectores contrarios a la convocatoria.
“Todos los esfuerzos suman. Suma el esfuerzo realizado por muchos comités promotores. Suma el esfuerzo que se ha venido haciendo por los ciudadanos, por las veedurías. Suma el esfuerzo que se expresa en el paquete legislativo anticorrupción que también hemos presentado. Suman las denuncias de miles de ciudadanos que están rechazando en su diario vivir cualquier práctica que atente contra la transparencia y contra el buen manejo de los recursos públicos”, dijo.
