Al finalizar los conflictos, los estados se enfrentan a exigencias difíciles y contradictorias atender a las víctimas, promover la reconciliación, reconstruir el tejido social, prevenir la ocurrencia de conflictos posteriores, evitar el olvido de los hechos atroces, y asegurar una paz duradera y estable, impartir justicia penal, y delimitar responsabilidades.
Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ La justicia transicional es una herramienta o instrumento que se ha utilizado en la mayoría de los países que han enfrentado conflictos internos, internacionales o dictaduras y en los que se ha buscado una salida negociada, como medio para aplicar medias excepcionales, para la consecución y afianzamiento de la paz.
No es fácil aceptar, que se impongan sanciones y penas mucho más benévolas a quienes han trasgredido la ley por años con efectos dañinos para la sociedad y el estado, en la medida en que deberían recibir las máximas sanciones consagradas en la legislación, en el inconsciente colectivo la única forma de sanción aceptada para quienes delinquen y cometen atrocidades es la persecución penal por parte del Estado y la aplicación de medidas restrictivas de la libertad, con el máximo de las penas.
Quienes asi opinan no atienden a varios factores para equilibrar la balanza, como son la justicia, la verdad, la garantía de no repetición y la reparación de las víctimas como elementos fundamentales para la reconciliación y el logro de una paz duradera.
Quienes voluntariamente aceptan acogerse a un proceso de negociación como las Farc- EP, no serían juzgados ni sancionados bajo las leyes ordinarias vigentes; en las negociaciones de la Habana, se acordó el establecimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte de la Justicia Transicional, siendo éste, un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Respaldado por veedores internacionales
La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado cuya ocurrencia se hubiere dado antes del 1 de diciembre de 2016. Esta justicia especial y transitoria no puede durar más de 20 años y se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado.
En el gobierno del presidente Uribe se utilizó por primera vez en Colombia el instrumento conocido internacionalmente como Justicia Transicional, con la ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de las AUC.
Con la utilización de este mecanismo, se han descubierto fosas comunes, decenas de dirigentes políticos se judicializaron y condenaron, se extraditaron varios jefes narco paramilitares y se inició el reconocimiento y reparación de las víctimas, avance que no se debe desconocer, pese al sin número de traumatismos, las retaliaciones y vendettas, producto del rearme de las estructuras criminales. Todo lo anterior retardando la posibilidad de una verdadera transición política como se esperaba.
Para una mejor comprensión, la organización de las naciones unidas ONU, ha acogido una definición oficial sobre Justicia Transicional aceptada por la comunidad Internacional: “(…) abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.
Tales mecanismos pueden ser judiciales o extra judiciales y tener distintos niveles de participación internacional, (o carecer por completo de ella), así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinación de todos ellos”
El sentido de la palabra “transicional”, sugiere un requisito de cambio o de transformación, el cual ocurre entre una situación de conflicto o represión a una de paz y democracia, los mecanismos asociados con la transición son los que se implementan en un momento histórico intermedio en el cual ya no existe conflicto, pero aún no se ha alcanzado una institucionalidad democrática, que responda a las necesidades sociales y a los postulados del Estado de derecho.
El término “justicia” siendo tan amplio, se ha usado para designar la concepción filosófica o valorativa de lo que se entendería como justo en una sociedad, para referirse a las instituciones a partir de las cuales tales valores serían alcanzados.
La Justicia Transicional se basa en cuatro elementos básicos que siendo fundamentales se deben incorporar a todos los sistemas en los que se pretenda aplicar:
- Que las medidas de transición o pacificación deben respetar la justicia.
- Que acuerdos de justicia estos definidos en el derecho internacional, especialmente los derechos de las victimas
- Que se trate de la aplicación de justicia en situaciones estructuralmente complejas con particularidades específicas, por los que se permite una flexibilidad en su aplicación, teniendo en cuenta el entorno, y las circunstancias propias de cada país donde se pretenda emplear.
- Que cuando se utilice tal herramienta o instrumento deba existir una situación cercana a la transición política.
La aplicación del sistema de Justicia Transicional es joven en Colombia, y pese a que no ha sido absolutamente exitoso, se advierten logros que conducen a un devenir esperanzador para la construcción de la paz, no estamos en la transición de la guerra a la paz, pero pronto aspiramos a estarlo.
Hay muchos conflictos por resolver, en este gobierno se inician nuevos diálogos con organizaciones al margen de la ley, reconociendo estatus político al ELN, organización que recibió ese reconocimiento mediante resolución 036 de 6 de marzo de 2023, podrán acogerse a la justicia transicional, siempre que asi se disponga en la mesa de dialogo, para la búsqueda de la verdad, reparación a la víctimas y garantía de no repetición, desmovilización, desarme y reinserción. Reformas institucionales para la utilización de diversas herramientas legales y fortalecimiento de la capacidad institucional.
Al finalizar los conflictos los estados se enfrentan a exigencias difíciles y contradictorias atender a las víctimas, promover la reconciliación, reconstruir el tejido social, prevenir la ocurrencia de conflictos posteriores, evitar el olvido de los hechos atroces, y asegurar una paz duradera y estable, impartir justicia penal, y delimitar responsabilidades.
El amor a la patria, el amor a la libertad se logra construyendo la paz.
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*Exrepresentante a la cámara por Santander.
