La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a la entonces alcaldesa de Suratá (Santander), Fanny Virginia Guerrero Jove (2015), por celebrar un contrato de prestación de servicios por un valor superior al ofertado por el contratista, en detrimento de las finanzas municipales.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga demostró que la exalcaldesa autorizó un pago por $23 millones al contratista seleccionado, no obstante que su propuesta como profesional experto para subsanar las observaciones de Findeter al proyecto de vivienda gratuita ‘Villa Virginia’ fue presentada por $17 millones.
El ente de control evidenció que Guerrero Jove no adelantó estudios de los costos en que incurriría la administración municipal por la asesoría para evaluar el contrato de prestación de servicios.
Con este comportamiento la disciplinada generó detrimento al municipio definido por la Ley 610 de 2000 como “la lesión del patrimonio público (…) producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna ajena al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado”.
Así mismo incumplió el numeral 5.o del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, que establece dentro de las funciones de los alcaldes “ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales (…) observando las normas jurídicas aplicables”.
El Ministerio Público calificó la falta de la exmandataria como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Contra la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.
