Una indagación de la Procuraduría puso bajo la lupa el contrato de alumbrado navideño en Aguachica (Cesar), valorado en más de 2.400 millones de pesos, por presuntos sobrecostos y una distribución desigual de luminarias que habría dejado sectores sin cubrir y desató críticas ciudadanas locales.
La temporada decembrina, que tradicionalmente se asocia con celebraciones y espacios de encuentro, terminó envuelta en polémica en Aguachica. El Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía municipal para establecer si, en el proceso de contratación del alumbrado navideño, se incurrió en irregularidades que comprometan la correcta administración de los recursos públicos.
Según información conocida públicamente, el contrato superó los 2.400 millones de pesos, una cifra que generó cuestionamientos desde distintos sectores de la ciudadanía y del ámbito político local. Las dudas no se limitaron al valor total del proyecto, sino también a la manera en que fueron instaladas las luminarias, pues varios barrios y zonas del municipio habrían quedado por fuera del cubrimiento anunciado inicialmente.
Uno de los principales puntos de controversia es el posible desequilibrio económico del contrato. Se indaga que el monto invertido no se reflejó de manera proporcional en la cantidad ni en la calidad de las luces instaladas, lo que abrió el debate sobre eventuales sobrecostos. A esto se suma la percepción de inequidad en la distribución del alumbrado, ya que algunos sectores contaron con decoraciones visibles, mientras otros no recibieron ninguna intervención.
Habitantes de Aguachica manifestaron su inconformidad a través de redes sociales y espacios comunitarios, señalando que el alumbrado navideño, además de su carácter festivo, cumple una función social y simbólica al integrar a toda la ciudad. Para ellos, la falta de cobertura en determinadas zonas profundiza brechas y deja interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar los lugares intervenidos.
Lo que busca la indagación
Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría General de la Nación pretende establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el proceso contractual. El objetivo inicial es identificar o individualizar a los posibles responsables y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.
Este tipo de actuaciones no implica, por ahora, una sanción, pero sí envía un mensaje de control y vigilancia sobre el uso de recursos públicos, especialmente en proyectos de alto impacto simbólico y financiero. El caso de Aguachica se suma a otros episodios en el país donde contratos asociados a festividades han sido objeto de escrutinio, en medio de un contexto de exigencia ciudadana por mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Mientras avanzan las actuaciones del ente de control, la controversia sigue abierta y mantiene la atención puesta sobre la administración municipal y la forma en que se planifican y ejecutan este tipo de proyectos.
