La Procuraduría General de la Nación suspendió por el término de 10 meses a la directora Financiera y Administrativa del SENA, para el periodo 2014 – 2017, Piedad Jiménez Montoya, por irregularidades en la contratación para la construcción de una nueva sede de la entidad.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que la disciplinada vulneró los principios de planeación y responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir los estudios previos y el contrato de obra No. 1067 de 2015, con diseños y estudios previos incompletos.
En este sentido, el Ministerio Público demostró que las falencias de los estudios técnicos no fueron únicamente en el componente eléctrico, sino en varios de los aspectos que se requerían para ejecutar una obra. Además, se probó que la modificación de la licencia de construcción, aprobada en julio de 2015, tuvo origen en los cambios a los estudios y diseños, situación que resultó sustancial en la ejecución de la obra.
Para el ente de control los estudios que sustentaron la licitación pública “no estaban completos y no eran suficientes para ejecutar el proyecto de construcción, no solo porque el componente eléctrico no fue entregado por el consultor y aprobado por la interventoría del contrato 853 de 2013, sino, porque como se evidenció los productos entregados por la interventoría tuvieron que ser modificados de manera sustancial por el constructor con la aprobación de la interventoría (Universidad Distrital) y el SENA”.
La Procuraduría calificó de manera definitiva la falta de la disciplinada como gravísima a título de culpa grave. Este fallo en primera instancia fue apelado por la disciplinada y será decidido por la Sala Disciplinaria de la Entidad.
El ente de control ordenó compulsar copias a las Procuradurías Distritales para que evalúen iniciar actuación disciplinaria a los miembros del comité de contratación y del grupo de construcciones del SENA, por su participación en la etapa precontractual del contrato 1067 de 2015, y remitir información a la Delegada Preventiva para la Función Pública para que analice si hay lugar a iniciar acción preventiva en defensa del patrimonio público, toda vez que el proyecto tiene comprometidos recursos por más de $19.000 millones y la obra se encuentra atrasada.
