Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ Lo lanzan como si estuviéramos estrenando cerebro: primero en tono «pedagógico» (como si los motociclistas fueran niños en jornada lúdica), y luego, desde el 5 de julio, multazos para todo aquel que se le ocurra subirse con su hermano, su papá, su amigo, su vecino o su compañero de trabajo. Es decir, para casi todo el mundo.
La lógica es impecable… si se la explica un burócrata con ínfulas de policía retirado: «como algunos delincuentes cometen delitos en moto, entonces todos los que van en moto son sospechosos». Esa premisa absurda se parece mucho a prohibir los cuchillos porque alguien cometió un crimen con uno. O a cerrar los bancos porque hay ladrones de cuello blanco. O mejor aún: a cerrar el Palacio de Nariño, las alcaldías y hasta ISABÚ, por aquello de los contratos de dudosa ejecución, los sobrecostos, la basura maquillada, Vitalogic, la chatarra y demás perlas que ya no nos indignan porque pareciera que robar desde una oficina es menos grave que ir dos hombres en moto.
Pero vamos más allá de la ironía. Porque esto no es solo una decisión aislada: es un síntoma de cómo se gobierna en Colombia. Se legisla con miedo, se reglamenta con prejuicio y se castiga por estigmatización. La moto, para el poder, representa marginalidad, informalidad, pobreza. Y por eso es más fácil aplicar medidas restrictivas que promuevan «orden» en la vía, aunque el verdadero caos esté en la incapacidad del Estado de garantizar seguridad con inteligencia, justicia efectiva y políticas de movilidad integrales.
¿Sabe cuántas personas se mueven en moto en Bucaramanga y su área metropolitana? Más de 317.000, según el Plan Maestro de Movilidad 2022-2037. Y eso sin contar a los 248.000 usuarios de transporte informal que también usan motos, carros particulares como taxis piratas o plataformas. Estamos hablando de casi medio millón de personas que recurren a estos medios para sobrevivir, porque Metrolínea colapsó y las rutas de buses tradicionales fueron desmontadas sin ofrecer alternativas. El mototaxismo, guste o no, es la respuesta desesperada de una ciudadanía que no tiene cómo más moverse. Es la movilidad de la exclusión.
Entonces, ¿qué está haciendo la Alcaldía? Castigando al que se adapta al caos que ella misma no resolvió. Porque eso sí, organizar rutas, rescatar Metrolínea, fortalecer el transporte público, hacer presencia policial estratégica y trabajar de la mano con la comunidad… eso toma tiempo y voluntad. Mejor hagamos lo fácil: prohibamos al parrillero hombre. Total, ¿quién se va a quejar? ¿El pobre? ¿El que no tiene carro? ¿El que vive en barrios donde nunca ha pasado una patrulla? Ese no vota en bloque, ese no es lobby, ese no ocupa titulares.
Y como si fuera poco, se adorna la medida con ese tono de superioridad técnica. Que es «por orden judicial», que lo dictaminó el Juzgado 15 Administrativo, que se está cumpliendo un fallo. ¡Claro! Porque en este país la justicia tiene tiempo para regular la posición de los pasajeros en una moto, pero no para castigar a quienes se roban presupuestos enteros sin tocar el pavimento. El juez, según dijo el alcalde, dio plazo hasta el 3 de julio de 2025 para implementar la medida, y ya están diseñando cómo aplicarla por sectores, horarios y vías. O sea, la represión será «inteligente», no vaya a ser que el parrillero se sienta discriminado sin elegancia.
¿Y los verdaderos delincuentes? Esos se bajan, se cambian de casco, usan bicicleta, carro, andan a pie o simplemente se ríen desde su oficina con aire acondicionado. Porque ellos no temen a las normas, ni a las multas, ni a los decretos. A ellos los protege el anonimato, la impunidad y, muchas veces, el poder mismo. Pero el trabajador, el mensajero, el que lleva al hijo al colegio, el que recoge al compañero de obra, ese sí se lleva la multa, el señalamiento y hasta la sospecha.
Lo más curioso es que los alcaldes no están solos en esto. El discurso viene respaldado por ciertos sectores «expertos» en movilidad que jamás han montado en una moto con lluvia, por vías sin pavimentar y esquivando huecos como quien baila mapalé. Desde sus escritorios diseñan restricciones pensando en el tráfico como una maqueta de simulación, no como un caos real donde la gente hace milagros para llegar al trabajo sin llegar tarde.
Además, se nos olvida un detalle crucial: la desigualdad. Esta medida no es neutra. Castiga más fuerte a quien menos tiene. Porque la moto, hoy por hoy, es el transporte del pobre, del trabajador informal, del estudiante, del vendedor ambulante, del obrero. No del delincuente. El delincuente se adapta, muta, encuentra la manera. Pero el trabajador honesto es el que sufre el peso de la ley sin tener cómo defenderse.
Y sí, claro que hay inseguridad en moto. Y claro que hay delitos cometidos por personas que van en moto. Pero ¿no es eso también culpa del Estado, que ha dejado por años sin control efectivo muchas zonas, sin cámaras funcionales, sin patrullajes constantes, sin inversión social? ¿Por qué no usar inteligencia artificial para identificar motos involucradas en delitos específicos, hacer seguimiento tecnológico, trabajar con los gremios moteros en campañas de autorregulación, fomentar la legalidad con incentivos reales?
La respuesta es sencilla: porque eso implica gobernar en serio. Implica esfuerzo, gestión, presupuesto, concertación. Y lo que vivimos hoy es otra decisión sacada del manual del «populismo técnico», ese que da la apariencia de orden sin mover un solo ladrillo de fondo.
El gremio motero ya lo dijo: van a protestar. Y no por antojo, sino porque saben que la medida es desproporcionada, generalizante y mal enfocada. Y cuando medio millón de personas están inconformes con una medida, el problema no está en el pueblo. Está en la manera como se están tomando las decisiones. El problema está en el modelo de ciudad que seguimos construyendo: excluyente, improvisado, vertical y clasista.
Porque al final, esta no es una discusión sobre parrilleros. Es una discusión sobre cómo se gobierna, para quiénes se gobierna, y desde qué prejuicios se construyen las normas. Una ciudad que quiere ser moderna no puede aplicar soluciones propias del siglo pasado. Una ciudad que quiere paz, no puede criminalizar al trabajador. Y una ciudad que quiere democracia, debe aprender a escuchar antes de imponer.
Así que, si usted va en moto y lleva a su hermano, a su amigo o a su papá, no se sienta culpable. No está delinquiendo. Está sobreviviendo. Y en esta ciudad, eso ya es un acto de resistencia.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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