Las marchas, que comenzaron la semana pasada inspiradas en las de otros países de la región, rechazan las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque, que según los manifestantes prepara un recorte al salario mínimo para los jóvenes y un aumento a la edad de jubilación, planes que el mandatario ha negado.
La agitación social llevó a Duque a incluir dentro del proyecto tributario la devolución del impuesto sobre las ventas o IVA a las familias más pobres, la reducción del aporte a la salud que hacen los pensionados con un salario mínimo, así como incentivos a empresas que generen empleo para los jóvenes, medidas que costarán cerca de 930 millones de dólares.
Pero los anuncios parecen no satisfacer a los sindicatos, que se oponen a medidas como la reducción de los impuestos a las compañías, mientras que algunos legisladores piden suspender la reforma, lo que sería un golpe a los empresarios y a los gremios que han respaldado a Duque.
Estos cambios “no serán suficientes”, dijo el analista Sergio Guzmán, de Colombia Risk Analysis, que asesora a compañías e inversores extranjeros interesados en el país. “Duque tendrá que intentar encontrar soluciones amistosas rápidamente porque la influencia de los manifestantes aumenta a medida que pasa el tiempo”.
Para el experto, eliminar las exenciones a los empresarios, respaldar un recorte salarial a los congresistas y aumentar el salario mínimo del 2020 en un amplio margen son formas con las que Duque podría “mostrar” que responde a los manifestantes.
La legisladora Katherine Miranda, del Partido Verde e integrante de la comisión económica de la Cámara de Representantes, dijo a Reuters que se debería reevaluar la actual reforma tributaria y aseguró que “la oposición ha pedido al ministro de Hacienda que demore la votación e incorpore las propuestas que la gente, los ciudadanos de la calle, han hecho”.
Momento crítico
Duque sufrió un golpe cuando la Corte Constitucional derogó la anterior reforma fiscal -aprobada el año pasado- por vicios de trámite, lo que obligó a su gobierno a presentar de nuevo la iniciativa.
El alto tribunal advirtió que en caso de no ser aprobada la reforma este año, entrarían a regir las leyes existentes previamente, con lo que los empresarios perderían importantes beneficios. Y solo queda un mes para que se apruebe el proyecto.
“Existe menos capacidad de acción para tramitar reformas estructurales en una época clave del año como esta”, dijo la economista del Banco Itaú en Colombia, Carolina Monzón.
Originalmente, el gobierno planeaba aumentar en aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) sus ingresos tributarios, claves para reducir la deuda, mantener sus metas fiscales y evitar una posible rebaja de la calificación crediticia a futuro.
Días antes de las protestas, la agencia de riesgos Fitch mantuvo el panorama de la calificación crediticia de Colombia en negativo, al considerar que siguen los riesgos sobre la consolidación fiscal, la trayectoria de la deuda gubernamental, el incremento de las vulnerabilidades externas, así como por el “poco apetito político” para la reforma fiscal.
Además de enfrentar bajos niveles de aprobación, Duque carece de una sólida coalición en el Congreso para aprobar sus iniciativas, lo que ha provocado que algunos de sus proyectos hayan sido rechazados o modificados notablemente frente a los originales.
Así, habría que reconsiderar algunas de las propuestas.
“El momento político no es muy apropiado para impulsar ese tipo de reformas, como en general bajarles impuestos a las empresas, porque eso en la cabeza de la gente es una forma de ayudar a los ricos”, opinó Marc Hofstetter, analista y profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Por el momento, Duque convocó a una “gran conversación nacional” con todos los sectores del país, que se extenderá hasta mediados de marzo, lo que puede lamentar.
“El riesgo es que esto se vuelva una protesta permanente, un poco lo que le pasó a Chile, ciertamente con consecuencias sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos de la gente del común”, alertó Hofstetter. “Poner un plazo hasta marzo es un poco una invitación a seguir en la calle por cuatro meses”.
