El trámite de la reforma tributaria en sesiones extras esta semana podría haber tenido un efecto colateral: un vicio al proyecto de ley que elimina la casa por cárcel para corruptos –uno de los puntos de la consulta anticorrupción del año pasado aprobados en el Legislativo– podría hacer que la iniciativa sea demandada ante la Corte Constitucional y, por lo tanto, quede sin validez.
La historia comenzó el pasado miércoles a las 11:05 am, cuando la representante de la coalición Decentes, María José Pizarro, quien en ese momento ejercía como presidenta de la Cámara ante la ausencia de Carlos Cuenca, decidió levantar la sesión. Pizarro argumentó falta de quorum, pues había pasado una hora desde la apertura de la jornada y muchos de los congresistas no habían llegado.
Al hacer esto, los proyectos que estaban en el orden del día –entre ellos la reforma tributaria y la conciliación del punto de la consulta anticorrupción– quedaron aplazados.
Cinco minutos después llegó Cuenca al recinto. En ese momento, buscando reabrir la jornada, aceptó un recurso de apelación presentado por el representante Buenaventura León.
La sesión continuó un tiempo más, durante el que se alcanzó a votar la conciliación de la ley anticorrupción y el artículo 43 de la reforma tributaria.
Sin embargo, a la 1:30 pm el presidente Cuenca decidió volver a levantar la sesión, debido a las dudas de los representantes sobre estar sesionando de forma ilegal, pues la ley prohíbe deliberar dos veces en un mismo día. Fue en ese momento cuando la legitimidad de todo lo que se había votado quedó en duda.
El jueves en la noche, cuando se retomó la sesión de la Cámara, el presidente de la Cámara Carlos Cuenca decidió retomar desde cero todo lo votado sobre la tributaria el día anterior, para evitar vicios, y anunció su debate en el orden del día, pero no hizo lo mismo con la ley anticorrupción.
En ese momento, la representante por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, solicitó incluir el punto anticorrupción en la discusión, pero Cuenca se negó.
De esta forma, con ambas partes culpándose mutuamente, uno de los puntos de la consulta por la que votaron 11,6 millones de ciudadanos y que el Gobierno se comprometió a convertir en leyes en el Congreso, podría quedar en nada.
