Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Hace unas semanas el Gobierno anunció con bombos y platillos que entre el 21 de octubre y el 1º de noviembre de 2024, se llevará a cabo la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de Biodiversidad en Cali, evento que se desarrolla desde hace 20 años, generalmente forma bienal, para hacer seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y metas.
No es la primera vez que se celebra en nuestro país un evento de esta naturaleza, pues en 1999 en Cartagena se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del convenio, que aprobó el Protocolo de Bioseguridad, para garantizar protección en la manipulación, el uso y la transferencia de organismos genéticamente modificados que pueden tener efectos sobre la biodiversidad y la salud.
En algunas de estas reuniones se han tomado decisiones trascendentales a nivel mundial, que han pasado desapercibidas para muchos, pero que van tomando mayor relevancia en la medida en que los países sienten sus efectos. De ellas, vale la pena destacar cuatro de tales conferencias, que han establecido metas en materia de conservación de territorios, por los impactos que están teniendo sobre la soberanía y las decisiones internas de los países que hacen parte del convenio.
La primera de ellas es la COP7 realizada en Kuala Lumpur (Malasia) 2004, donde se adoptó el programa mundial de trabajo de las áreas protegidas y se estableció como meta para 2010 en el área terrestre y para 2012 en el área marina, contar con una red mundial de sistemas nacionales y regionales completos, representativos y bien administrados de áreas protegidas, entendiendo por tal, territorios que son delimitados geográficamente, declarados por ley o acto administrativo y administrados bajo objetivos específicos de conservación.
La segunda es la COP10 desarrollada en Nagoya (Japón) 2012, donde se reconoció el incumplimiento de las anteriores, se aprobó el Plan Estratégico 2011 – 2020 y se acogieron 20 nuevas metas, conocidas como “las metas de Aichi”, a ser cumplidas en 2020, una de las cuales, la número 11, fijó como objetivo contar con al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras de los países miembros, declaradas como áreas protegidas, administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativas y bien conectadas.
Posteriormente, en la COP14 celebrada en El Sharm El Sheik (Egipto) 2020, nuevamente se evidenció el incumplimiento de estas metas y se instó entonces a los países a trabajar no solo en la declaratoria de áreas protegidas sino también en lo que llamaron “Otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas” OMEC, entendidas simplemente como zonas delimitadas geográficamente, gobernadas y gestionadas para la conservación; es decir, que se diferencian de las anteriores en que no requieren se declaradas por ley o acto administrativo, situación muy compleja para países como el nuestro que funcionan bajo los parámetros de Estado Social de Derecho, porque desde los acuerdos internacionales se pretende que se admita la toma de decisiones de ordenamiento territorial sin que medie una decisión positiva de las autoridades, construida bajo los parámetros del debido proceso y con participación activa de quienes puedan resultar afectados con la decisión, que son los parámetros básicos con los cuales se construyen las normas dentro de nuestra sociedad, y en donde está planteado que las decisiones institucionales además de ser expresas, esto es constar por escrito en actos administrativos, deben tener la posibilidad de estar sometidas a control jurisdiccional, es decir a revisión de los órganos de lo contencioso administrativo a través de acciones de nulidad o de restablecimiento del derecho.
Y finalmente hay que mencionar la COP15 llevada a cabo en Kunming (China) y Montreal (Canadá) 2021/2022, pues en ella se aprobó un nuevo Marco Global de Biodiversidad que busca implementar una hoja de ruta para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, dentro el cual, a pesar de los anteriores incumplimientos, sorprendentemente se incrementó, de manera ostensible, la meta de territorios para la conservación, fijando como nuevo objetivo que a 2030 se tenga bajo protección el 30% de las áreas terrestres y de aguas continentales y el 30% de las áreas marinas y costeras.
Por todas estas razones y estando a escasos 6 años de vencerse el plazo de la agenda 2030, lo que se espera de la COP16 es que los colombianos podamos conocer y entender en detalle cuáles son los compromisos precisos que Colombia ha adquirido frente a la agenda 2030; que se explique qué apoyos se van a recibir, qué acciones se estar realizando o se plantean desarrollar para lograr los ambiciosos propósitos de esta agenda internacional, de qué manera se piensan cumplir y que efectos va a tener esto sobre la ciudadanía en general y particularmente frente a quienes hacen ocupación efectiva y legítima de los territorios que se quieren llevar a la categoría de espacios protegidos.
No puede ser de otra manera, porque para declarar y gestionar áreas de conservación ambiental en lugares que hoy están ocupados por personas, que habitan en ellos, que viven y dependen económicamente de lo que produce el suelo o el subsuelo, y que poseen un alto nivel de pertenencia, arraigo social y cultural por la tierra, los Estados deben hacerlo bajo las reglas y los principios del debido proceso, con espacios reales de participación ciudadana y convencer a las comunidades que habitan los territorios para que cambien su modelo de desarrollo económico, generar incentivos para ello y garantizar fehacientemente que tal decisión incrementará su calidad de vida.
Lo anterior es indispensable, pues mientras no se garanticen mejores condiciones de subsistencia y de desarrollo para estas personas, la población no va a dejar de efectuar las actividades que a juicio del Gobierno suscitan la pérdida de biodiversidad, y las metas nuevamente se van incumplir como ha ocurrido en el pasado, por la misma razón que ha motivado los anteriores incumplimientos y es que las exigencias de la agenda internacional se han mantenido ajenas y completamente distantes de la realidad de los territorios.
La ciudadanía debe estar atenta a este acontecimiento, pedir espacios de participación en las reuniones preparatorias y en el desarrollo mismo de la conferencia e intervenir activamente en ellos, para expresar su opinión, que esta sea tenida en cuenta y quede reflejada en cualquier compromiso que se adquiera; solo de esta manera se podrá evitar que se tengan grandes sorpresas más adelante.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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