El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y urgentes para luchar contra la deforestación en la Amazonía colombiana, ante la avanzada degradación ambiental y cultural de la región.
A través de la Directiva 004 de 2019, el jefe del Ministerio Público instó a emprender acciones de protección, e intensificar la presencia del Estado, a través de las Fuerzas Militares y de Policía, con el fin de velar por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, y evaluar la posibilidad de que una oficina presidencial se responsabilice de manejar los diferentes temas relacionados con el control de la deforestación en el país.
Carrillo Flórez lamentó que no exista continuidad en la implementación de políticas públicas para salvaguardar el ecosistema, ni proporcionalidad entre la magnitud del problema y la adopción de medidas para contrarrestarlo.
Advirtió que es inaplazable que entidades, organismos estatales y entes territoriales articulen y coordinen acciones que permitan evitar y controlar la tragedia ambiental que se presenta en la Amazonía, y pidió adoptar los correctivos presupuestales y programáticos para enfrentar de manera idónea esta problemática.
El Procurador General exhortó a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y las corporaciones autónomas regionales, a contribuir y liderar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en la región que resuelva las causas y agentes de esta problemática, que amenaza el patrimonio ambiental del país.
Así mismo, conminó al Ministerio de Ambiente a formular e implementar una nueva Política Nacional Integral de Bosques, de plantaciones forestales y de control de deforestación en el país, y a proceder con carácter prioritario a su reglamentación.
A la ANLA pidió verificar el cumplimiento de todos los requisitos previos a la concesión de permisos, autorizaciones y licencias ambientales, de acuerdo con sus competencias, de manera más rigurosa en áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y exhortó a las corporaciones autónomas regionales a realizar un seguimiento más permanente y un control exhaustivo a las actividades extractivas y de deforestación que no cuenten con los permisos y autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta su competencia territorial en Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
La Procuraduría conminó a los ministerios de Defensa Nacional, del Interior, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Relaciones Exteriores, de Comercio Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Educación, Minas y Energía, Vivienda y Transporte, para que articuladamente y en coordinación con la política fijada por el Estado para la región Amazónica ejecuten planes, programas y proyectos para disminuir a cero a deforestación.
El jefe del Ministerio Público instó a los entes territoriales que conforman la región Amazónica a intensificar las actividades de seguimiento y control de las actividades ilegales de deforestación, y a la Fiscalía General de la Nación a iniciar las investigaciones de conductas punibles relacionadas con delitos ambientales como el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, tala indiscriminada de especies maderables y minería ilegal.
