Por: Holger Díaz Hernández/ La noticia del año 2024, será el hundimiento de la reforma al sistema de salud, ley propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque podríamos afirmar, que era la historia de una muerte anunciada.
El proyecto de ley desde el principio tropezó con el rechazo de amplios sectores entre los gremios médicos, asociaciones de usuarios, exministros de salud, voces dentro del mismo gobierno, expertos en seguridad social y algunos millones de ciudadanos que consideraban que la propuesta presentada no solucionaba las deficiencias de fondo que aún tiene el sistema.
Partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical advirtieron presuntos problemas de inconstitucionalidad, dado que el proyecto debió ser abocado para su discusión y aprobación a través de una ley estatutaria y no una ordinaria, como efectivamente fue presentado.
Adicionalmente en el trámite adelantado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes presidida en su momento por el novel representante Agmeth Escaf, se evidenciaron múltiples vicios de forma y de fondo que preveían grandes dificultades para pasar el rasero de la Corte Constitucional.
No pocos problemas tuvo también en la plenaria de la Cámara adonde se sumaron al rechazo importantes sectores de los partidos políticos afines en ese momento al gobierno, como el Verde, la U, el Conservador, Liberal, ASÍ y el Mira, pero que “ferrocarrileados” como se dice en el argot del congreso por los ministros de Salud, del Interior, Trabajo y Hacienda entre otros, lograron su aprobación en el mes de diciembre, al borde del cierre de esa legislatura.
Difícilmente ha habido un proyecto de ley en las últimas décadas con más presión y presencia de un gobierno en todos sus niveles, que este de la reforma a la salud.
Fuentes cercanas al presidente tenían claro que el trámite en el Senado iba a ser mucho más complicado pero nunca imaginaron que se iba a caer de manera tan estrepitosa en el tercer debate en la comisión séptima, a pesar que las cuentas no daban, porque solo contaban con cinco votos de los catorce integrantes de la misma, la persistencia y el denuedo con que trabajaban desde el ejecutivo permitía tener algún margen de maniobra.
El senador Fabián Diaz intentó salvar la coyuntura con una ponencia alternativa, pero ya era tarde y ante la imposibilidad de llegar a consensos en cuanto al articulado de la ley, se prefirió echar por la borda una oportunidad de oro, de meterle la mano a un sistema que pide a gritos modificaciones estructurales antes que se descarrile y lleve a la muerte a decenas de miles de compatriotas.
Para lograr un mejor sistema de salud es obligatorio fortalecer la atención primaria en salud, que aunque fue el corazón de la última reforma (la ley 1438 de 2011) nunca fue reglamentada, es necesario centrar la prestación del servicio en el paciente, generar el giro directo de los recursos a los hospitales y clínicas no solo en el subsidiado, se requiere también en el régimen contributivo, eliminar la integración vertical de las EPS, acabar la intermediación en la contratación del personal de la salud, aumentar el número de plazas para especialistas ante el grave déficit de algunos de ellos en el país, contar con un manual tarifario único y actualizado y garantizar los recursos para que se acabe de una vez por todas el problema de la insuficiencia técnica de la UPC (unidad de pago por capitación), que es la plata que el sistema gira para que se nos atienda a todos los usuarios, por cada 100 pesos que se reciben, el costo actual de la atención está entre 104 y 112 pesos, este es un problema de fondo que ha producido entre otras cosas el colapso financiero del sistema de salud.
Este congreso tiene la responsabilidad histórica de aprobar una reforma a la salud que impacte positivamente a los 50 millones de colombianos, ha faltado humildad de las partes para llegar a los acuerdos que desentraben la discusión porque está en juego nada más y nada menos que la salud y la vida de todos nosotros.
Finalmente la decisión de intervenir a las dos EPS más grandes del país, (Sanitas y la Nueva EPS), al mismo tiempo que se hundía la reforma, es el peor mensaje que pudo enviar el gobierno no solo a las aseguradoras sino fundamentalmente a los 16 millones de afiliados que hoy miran estoicamente y con temor que va a pasar con su atención en salud en los próximos días y meses, esto es gravísimo, mucho más de lo que nos imaginamos, ojalá no ocurra lo que muchos advierten, que se está dando un salto al vacío.
A los hospitales, clínicas y profesionales a los cuales estas EPS les adeudan en este momento más de cinco billones de pesos, no solo los colocan al borde la quiebra, sino que de manera inmediata se verán obligados a cerrar sus servicios a los usuarios ante la incertidumbre, que ya es parte de nuestra historia: “EPS intervenida, EPS liquidada”.
Y al final nadie responderá por las acrecencias.
“El fracaso no es un gran maestro en la vida, poca veces se escarmienta”: Benjamin Jarnes, escritor.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.