Es la primera vez que observadores internacionales llegan a atestiguar unas elecciones presidenciales venezolanas desde el 2006, gracias a que el 17 de octubre de 2023, el oficialismo venezolano y la oposición firmaron en la isla de Barbados un acuerdo político, mediado por Noruega y aplaudido por Estados Unidos, sobre las garantías democráticas en el país, en el marco de la organización de estas elecciones presidenciales.
Dentro de los acuerdos de Barbados, que prometían el impulso de las garantías políticas para la oposición, se delimita la necesidad de organizar un proceso electoral transparente, sólido y verificable, cuyos resultados serían respetados por ambas partes de la negociación. Una de las claves para materializar las elecciones presidenciales de calidad fue la presencia de numerosos observadores electorales en el proceso.
Con los tradicionales observadores nacionales estigmatizados por su presunta tendencia hacia el oficialismo, la atención se centra en el regreso de los veedores internacionales a Venezuela.
La última vez que Caracas abrió sus puertas a las misiones electorales globales para seguir de cerca el desarrollo de las elecciones fue en los comicios presidenciales de 2006, donde Hugo Chávez fue reelegido para un segundo periodo presidencial.
Para estas elecciones presidenciales de 2024, el chavismo informó semanas antes sobre un número aproximado de 635 observadores electorales de distinta índole, que habrían confirmado su asistencia para el 28 de julio, cifras que incluían equipos de observadores procedentes de instituciones como las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o de la Unión Africana.
Además, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición anunciaban que esperaban la llegada de sus respectivos invitados internacionales para que presenciaran el esfuerzo electoral y salvaguardaran la democracia. Expresidentes y diversos funcionarios políticos de América Latina, Estados Unidos y Europa han sido llamados a la cita, aunque la oposición ha denunciado trabas para la entrada de sus aliados.
Aquí una lista de algunos de los invitados, «desinvitados» y rechazados para la observación de unas de las elecciones presidenciales más importantes en la historia de Venezuela.
La no tan extensa lista de invitados
Según datos oficiales, más de 600 observadores estarán presentes en las elecciones venezolanas, con decenas de apariciones internacionales presupuestadas. Sin embargo, no todos los actores acreditados para verificar el funcionamiento de la democracia venezolana tienen las mismas facultades.
El Centro Carter, ONG estadounidense fundada en 1982 por el expresidente Jimmy Carter, fue una de las organizaciones extranjeras invitadas directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en concordancia con los lineamientos acordados en Barbados, empero, la institución reveló el pasado 26 de julio que la misión estaría cumpliendo funciones de observación «técnica».
«La misión no llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la votación, el recuento y la tabulación (…) Es una misión de alcance limitado, compuesta por expertos electorales, que empezaron a llegar a Caracas finales de junio; y seis observadores que fueron desplegados en Valencia, Maracaibo y Barinas en mediados de julio», mencionó el Centro Carter a través de sus redes sociales.
El Panel de Expertos Electorales de la ONU es otra institución que recibió la misma invitación, anunciando el pasado junio que el equipo solamente tiene instrucciones de realizar “un informe independiente e interno” para conocimiento del secretario general de la institución, Antonio Guterres.
El Centro Carter y la misión de Naciones Unidas fueron las únicas misiones acreditadas para realizar meras labores de observación técnica, es decir, limitada.
Sin embargo, el grueso de la veeduría electoral del próximo 28 de julio se compone de elementos nacionales. La Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) fue el conglomerado civil encargado de requerir la mayor parte de acreditaciones al CNE, con más de 600 elementos con credenciales que los avalan para entrar a los centros de votación.
«Seiscientos observadores repartidos a lo largo del país, entrenados en las lides de la observación, tendrán su mirada puesta ese día en el proceso, bajo la guía y supervisión de un grupo de coordinadores y especialistas en el tema electoral», afirma una publicación de la ROAE con fecha del pasado 25 de julio, donde añaden que los observadores tienen prohibido «alterar u obstaculizar el desarrollo del proceso, emitir declaraciones y hacer públicos resultados preliminares, parciales o totales».
Las dudas abundan sobre ciertos institutos acreditados. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reveló el pasado 24 de julio que, además de ROAE, otras tres organizaciones habían recibido acreditaciones para observar la elección: Proyecto Social, el Centro de Estudios Superiores y la Asociación Venezolana de Juristas. Aunque no existe un historial claro de estas últimas que les justifique ser observadores acreditados.
Los rechazados por el chavismo
Los «no gratos» para participar en la observación electoral venezolana son, quizá, mucho más llamativos que los invitados de honor para la contienda democrática. Aunque tras la firma de los acuerdos de Barbados, el Gobierno de Nicolás Maduro parecía mucho más receptivo a reiniciar relaciones con el bloque occidental, con el paso de los meses, la postura del heredero del chavismo se ha endurecido.
El primer gran excluido fue anunciado en mayo, cuando el CNE informó oficialmente que el organismo electoral había revocado la invitación lanzada a la misión de observadores electorales de la Unión Europea, después de que el bloque europeo anunciará nuevas sanciones en contra de funcionarios públicos de Caracas.
«La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio», sentenció la cuenta oficial en X de la Unión Europea, en la que también hicieron un llamado al organismo venezolano para que «reconsiderara» su decisión.
A pocos días de la elección, el llamado no ha sido respondido.
El expresidente argentino, Alberto Fernández, y los mandatarios actuales, el brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el colombiano Gustavo Petro han sido tres de los últimos aliados regionales que Maduro ha tenido en la última década, siendo piedras angulares en el regreso de Venezuela a foros internacionales y el acercamiento diplomático con occidente para que se renegocien las sanciones, con el objetivo de construir estabilidad dentro y fuera de Caracas.
Los tres líderes progresistas de la región habían propuesto que, de una u otra manera, participarían en la observación electoral. Fernández fue invitado por Maduro para que estuviera personalmente el 28 de julio, mientras que ‘Lula’ y Petro habían barajado opciones de enviar observadores electorales provenientes de sus fronteras, pero en la semana previa de la elección, la izquierda pintó su línea con Maduro.
Después de unas polémicas declaraciones del mandatario venezolano, en las cuales mencionó que, si la oposición ganaba iba a existir «un baño de sangre» en el país, su homólogo brasileño fue el primero en saltar públicamente en crítica a la hipótesis de Maduro, mencionando que en la democracia el ganador experimenta «un baño de votos», no uno de sangre, añadiendo que el venezolano «tiene que aprender que cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas».
Fernández respaldó públicamente la postura de ‘Lula’, lo que terminó con la paciencia del venezolano. Sobre Brasil, Maduro criticó públicamente su sistema electoral, sosteniendo que «no se audita ni una boleta», mientras que el exmandatario argentino fue informado que el CNE le retiraba la invitación a participar.
«La razón que se me dio es que, en opinión de ese Gobierno, unas declaraciones públicas mías causaron malestar y suscitaron dudas sobre mi imparcialidad», escribió Fernández en su perfil de X el pasado 24 de julio.
Por su parte, la oposición también denunció trabas del Gobierno para sus invitados. La Plataforma Unitaria Democrática, conglomerado opositor, anunció el pasado 25 de julio que esperaban alrededor de 60 invitados especiales, exlíderes y funcionarios de Europa y América Latina, para «constatar lo que esté ocurriendo en Venezuela ese día», haciendo referencia a la elección.
Entre los invitados más destacados, estaban los expresidentes españoles, José María Aznar y Mariano Rajoy; los mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderon; los colombianos, Iván Duque y Andrés Pastrana; los bolivianos, Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, y el argentino, Mauricio Macri.
Las figuras de la derecha continental, e internacional, estaban presupuestadas a volar a Venezuela desde territorio panameño el 26 de julio; sin embargo, el avión no despegó. Según informó el presidente panameño, José Raúl Mulino, el avión de los mandatarios no «fue permitido despegar».
«(El ) Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (la ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no (le) ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar», informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.
En medio de la incertidumbre por que va a suceder en Venezuela el próximo 28 de julio, el equipo de observadores nacionales e internacionales, aunque incompleto, tendrá la responsabilidad vital de verificar el desarrollo de las elecciones y reportar cualquier irregularidad, de la que podría depender el futuro del país.